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Hace cinco años la Legislatura porteña aprobó la Ley de Comunas. Desde entonces incontables idas y vueltas demoraron la elección de los comuneros. Mañana, por primera vez, los electores se encontrarán en el cuarto oscuro con las boletas con siete candidatos a representarlos en cada una de las quince comunas. Las atribuciones de esta nueva institución aparecen como difusas para la mayoría de los votantes. A pesar de las indefiniciones, los distintos partidos coinciden en que las juntas comunales profundizarán la participación ciudadana. Desde el PRO intentan limitar sus funciones.

“La difusión de las funciones de las juntas comunales y los consejos consultivos fue muy escasa. La gestión del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, no cumplió con lo que la ley 1777 (de Comunas) ordena”, sentenció el presidente de la Comisión de Descentralización de la Legislatura, el diputado de Proyecto Sur Rafael Gentili. Con él coincidió el candidato a vicejefe de Gobierno por el radicalismo, Claudio Augugliaro, quien aseguró que la Legislatura aprobó partidas presupuestarias “para difundir información en las boletas de ABL, cosa que no se cumplió”. Augugliaro calcula que el 70 por ciento del electorado “no sabe qué funciones tendrán las autoridades” que asumirán sus cargos el próximo 10 de diciembre. Para el gobierno porteño, “hasta abril, el 54 por ciento de los porteños sabía de qué se trataban las comunas”, remarcó el subsecretario de Atención Ciudadana, Eduardo Machiavelli. “Seguramente no saben la letra chica, pero eso no está mal. Lo aprenderán con el tiempo”, renegó.

El candidato a primer legislador por el Frente de Izquierda, Marcelo Ramal, reconoció el mismo vacío informativo, pero confió en la “conciencia de que existieron las asambleas populares de 2001 y 2002, que fueron formas muy activas de participación popular”. La legisladora porteña de Encuentro Popular para la Victoria Gabriela Alegre apuntó a que el hueco “deberá llenarse con el trabajo gradual a medida que las comunas comiencen a ponerse en marcha”.

¿En qué consiste el mentado debut? Cada una de las quince comunas contará con una junta compuesta por siete integrantes. La junta comunal funcionará como un cuerpo colegiado. Los siete miembros deberán acordar cada decisión. En este sentido, Gentili calificó la Ley de Comunas como “la primera que atenta contra la cultura política que los partidos conservadores entienden por gobierno. Por el sistema de acuerdo, muchos sostienen que es un sistema ine-ficiente”. Además, los vecinos que lo deseen podrán participar de los Consejos Consultivos, que asesorarán a las juntas. Hace un mes, el Ejecutivo porteño presentó un proyecto para modificar la norma (ver aparte). Entre otras cosas, el boceto retoca el funcionamiento de la institución barrial y le permite al presidente de cada junta tomar decisiones sin el visto bueno del resto de sus integrantes. “No queremos que el funcionamiento de las comunas implique el fracaso en la prestación de servicios a los vecinos. En cualquier empresa, pública o privada, el presidente es quien toma las decisiones operativas cotidianas, y el directorio veta o valida la gestión”, comparó Machiavelli.

La elección de las autoridades locales es la primera aplicación per se de la norma que impulsó el socialista Roy Cortina y que fue votada en 2005, pero mencionada en la Constitución en 1996. Sin embargo, ¿sólo basta con la conformación de las comunas? Para la legisladora de la Coalición Cívica Adriana Montes “tendrían que haberse aplicado varias medidas antes de la elección para que las juntas tengan un marco dentro del que funcionar y que la ley tenga el efecto que se pensó cuando se aprobó”.

Dentro de ese marco legal ausente, los ámbitos de acción directa de las juntas y los de gestión concurrente con el gobierno central son la incógnita más urgente. La ley puntualiza que cada junta comunal tendrá poder sobre lo referido a vías secundarias y espacios verdes, mientras que podrá gestionar en conjunto con el gobierno porteño lo relacionado a la educación, salud, justicia y planeamiento urbano. Para Alegre es primordial “resolver claramente las competencias fijándolas en casos particulares, definir el presupuesto disponible de ejecución y comprender, desde el gobierno central, que el trabajo debe ser conjunto”. La conclusión acerca de qué es una vía secundaria, qué un espacio verde, por sólo mencionar dos detalles, deberán especificarse en la reglamentación de la norma, que aún no está esbozada.

El radical Augugliaro vaticinó la apertura de “algunos interrogantes que pueden llegar a menoscabar el espíritu planteado en la ley. La batalla que empezará con los comuneros será ardua”. En este sentido, según Ramal la norma es “fuertemente restrictiva en la participación popular”, ya que “es muy ambigua en cuanto a la posibilidad de los vecinos de incidir en las políticas educativas, de salud y culturales. Para el gobierno macrista la demora en la aplicación es “natural”: “Será un proceso muy largo. Hay que cambiar la cultura de la administración pública y de los porteños”, destacó Machiavelli. ¿Por qué no se empezó a trabajar antes en las definiciones?, porque “los casos van a aparecer cuando las juntas comiencen a trabajar, y no está mal. Es imposible pedirle a una sola ley que resuelva algo tan complejo como lo es la interacción de quince comunas”, respondió.

No obstante, la elección de los comuneros es un paso más en el camino hacia la profundización de la participación ciudadana en la política, coinciden los consultados. “A la larga, esto se traducirá en más apertura y más reconocimiento institucional a los vecinos; es una mejora democrática”, sentenció Gentili. “Significará una más amplia repartición del poder. Eso es muy positivo”, concluyó Alegre.