La del próximo miércoles puede ser una jornada atípica en el recinto de la Cámara de Diputados. El oficialismo se prepara para convertir en ley el nuevo régimen sobre riesgos laborales, modificando aspectos de la legislación vigente desde 1995, cuando el menemismo, con el respaldo de las autoridades de la CGT y de la UIA de entonces, puso en vigencia el mecanismo de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo como mediadores en la prevención y reparación de accidentes laborales. El proyecto oficial ya pasó la prueba del Senado, con 41 votos a favor y 19 en contra, y posiblemente reúna las voluntades para alcanzar la mayoría en la Cámara baja también. Pero le quedará el gusto amargo de la falta de apoyo de diputados oficialistas como Héctor Recalde, que presentó proyecto en minoría y disiente con puntos fundamentales del que obtuvo dictamen de mayoría, y de la CTA de Hugo Yasky, que incluso rehusó concurrir a la última reunión de la comisión de legislación laboral para debatir y expresar sus disidencias sobre un tema que ya estaba definido.

El proyecto oficial también es cuestionado por la CGT de Hugo Moyano, que el miércoles protagonizó un episodio de maltrato hacia Recalde, su ex vocero en temas legales durante dos décadas, y de la CTA de Pablo Micheli, que a través del diputado Víctor De Gennaro también presentó proyecto propio. Si tantas resistencias provoca el proyecto entre distintas expresiones sindicales, ubicadas en diferentes frecuencias del espectro político, es porque la posibilidad de la reforma del régimen del ’95 abrió expectativas, o demandas, muy superiores a las que el Gobierno finalmente estuvo dispuesto a conceder.

Entre los referentes del bloque oficialista, que debatieron internamente sobre los alcances de la reforma impulsada por el Ejecutivo, se señala al proyecto que pasó por el Senado y llega al recinto de Diputados como “la ley corta”, al considerar que indudablemente es un avance sobre la norma existente desde 1995, pero se queda a mitad de camino respecto de la “reforma integral” que el mismo oficialismo proclamaba como necesaria durante su elaboración. Ajusta las indemnizaciones por reparación de accidentes laborales, respecto de valores que habían sido dejados perversamente hundidos en el tiempo, desactualizados en términos reales y a un costo exiguo para las aseguradoras que debían pagarlos. Además establece el mecanismo de ajuste automático semestral por un índice vinculado con las remuneraciones de los trabajadores declarados, que también se usa como componente de la fórmula de movilidad de los haberes jubilatorios. También obliga a acortar los plazos de pago, pero clausura la vía judicial para aquellos trabajadores damnificados que opten por el cobro de la indemnización “tarifada” por ley.

En la crítica a esta clausura de la “doble vía” se encuentran todos los que discrepan con el proyecto oficial, aunque no siempre con el mismo argumento. Recalde, que es presidente de la Comisión de Legislación Laboral, rechaza que la “doble vía” sea la fuente de la llamada industria del juicio por accidentes de trabajo, y en cambio plantea que la notable ausencia o no reconocimiento de muchas enfermedades profesionales en la ley de accidentes de trabajo sí es causa habitual de pleitos en el ámbito judicial. “El 47 por ciento de los juicios que se inician es por enfermedades no incluidas en el régimen de las ART; además, el 90 por ciento de los juicios terminados fueron ganados por el trabajador, lo que dice algo de la razonabilidad del reclamo. Yo no defiendo el juicio, a mí me preocupa que haya pleito, pero si hay juicio es por defecto de la ley, y no sólo por un monto indemnizatorio insuficiente”, señaló ayer el abogado laboralista a Página/12. “El trabajador argentino no tiene mentalidad ‘pleitera’, si no, estaríamos llenos de juicios por trabajo en negro; es la ley la que obliga al trabajador a ir a juicio”, completó.

La prevención ausente

Cuando el Ejecutivo envió el proyecto al Congreso, justificó la falta de artículos referidos a la prevención de accidentes en que éste era un aspecto que iba a merecer un debate mucho más amplio después de resolver el tema de las indemnizaciones. Detrás de este planteo quedaba oculta la férrea resistencia que opuso la principal central empresaria, la UIA, a aceptar la conformación de comisiones mixtas (obrero-empresarias) en los propios lugares de trabajo para supervisar las condiciones de desempeño de las tareas y recomendar cambios en las normas o reformas en las instalaciones. Después de haber ganado en años anteriores la batalla contra el control obrero sobre las ganancias, ahora la UIA logra el rechazo al control de las normas de trabajo.

Desde la CTA, Micheli recordó que, según cifras oficiales (Superintendencia de Riesgo de Trabajo), en 2010 se registraron 871 muertes por motivos laborales (incluidos los fallecidos en tránsito o por reagravamiento), pero sólo entre los trabajadores registrados. El sector que tiene a De Gennaro en el Congreso hizo de la cuestión de la imprevisión y la falta de controles uno de los ejes de su cuestionamiento al proyecto de ley oficial. El proyecto del ex titular y fundador de la CTA contempla la desaparición de las aseguradoras de riesgo de trabajo, a las que considera simples intermediarias con exclusivo fin de lucro. Los cuestionamientos que deslizó la CTA Yasky al justificar su no concurrencia a la convocatoria de la Comisión de Legislación Laboral son similares. Sin embargo, desde el oficialismo se sostiene que el rol de las ART no es similar al que tenían, por ejemplo, las AFJP en el sistema previsional, que al reformarse el sistema y reestatizarse fueron simplemente “borradas”.

“La situación con las ART es más compleja, porque cumplen una tarea de servicios que las AFJP no prestaban, que es por ejemplo brindar ciertas prestaciones médicas. Su desaparición lisa y llana sería un salto al vacío”, justifican desde el oficialismo. De todos modos, hay un debate abierto acerca de los controles que deberían existir, como mínimo, sobre la participación de las ART como agentes económicos en el tema de los accidentes de trabajo. “Compatibilizar la seguridad laboral con una empresa que lucra con los accidentes no es sencillo, por eso hay que reglar su actividad para evitar los abusos que se cometen; y a la ART que no le cierre el negocio en esas condiciones, que se retire; así van a desaparecer solos”, comentó a este diario un especialista que participó en los primeros borradores del proyecto oficial, cuyas propuestas no llegaron a quedar plasmadas en la redacción final.

Constitucional o no

La legislación sobre riesgo de trabajo vigente desde hace 17 años contó con el aval de la Corte Suprema hasta 2002. El año siguiente, al llegar Néstor Kirchner al gobierno e impulsar la reforma de la conformación del máximo tribunal, comenzaron a surgir las declaraciones de anticonstitucionalidad contra ese régimen del año ’95. En noviembre de 2004, un mes y medio después del primero de esos fallos, se presentó en una jornada de discusión convocada por la CGT el primer proyecto de reforma de la ley de accidentes de trabajo. Su autor era Héctor Recalde, y participó el titular de la CGT, Hugo Moyano, quienes ya llevaban más de una década trabajando juntos.

Desde entonces hubo por lo menos diez fallos más de la Corte contra la constitucionalidad del régimen, que este miércoles puede quedar parcialmente modificado. Un debate extenso, plagado de desencuentros, sometido a presiones y juegos de intereses, que no está ni siquiera cerca de haber llegado a su fin.