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La mayoría de los analistas financieros locales no deja de sorprender. Días antes de que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos decidiera no ocuparse del juicio de fondos buitre contra la Argentina, eran expertos en materia jurídica y elaboraban diferentes escenarios asignando una baja probabilidad a lo que finalmente ocurrió. Como saben que gozan de la gracia Memento, conocido el Poncio Pilatos de la Corte estadounidense decretando la crucifixión de la Argentina, los mismos que aseguraban que era casi seguro el pedido de opinión al gobierno de Obama por parte del máximo tribunal, rápidamente se reconvirtieron en expertos en negociación de litigios.

Algunos de esos hombres dedicados a la comercialización de información económica estudiaron en la Universidad la Teoría de los Juegos del Nobel de Economía John Nash. Otros se conformaron con la película Una mente brillante, inspirada en la vida de ese matemático. Consideran suficiente esa información para pasear en los turnos mañana, tarde y noche de los medios ofreciendo sus consejos sobre cómo debería negociar el Gobierno. Especialistas además en psicología emocional, interpretan estados de ánimo del juez de la causa a partir de frases políticas de CFK y de sus colaboradores. Son tan patéticos que sólo la impunidad regalada por habituales interlocutores les permite acumular papelones con sus pronósticos y recomendaciones. Están convencidos de que por haberse recibido de licenciados en Economía saben de cuestiones jurídicas, de negociaciones de conflictos, de la psiquis humana y de qué pasará en la economía. Piensan que saben de todo y que la sociedad está esperando sus consejos. Es notable cómo todavía los líderes mundiales no se dieron por enterado de esas virtudes y pierden la oportunidad de convocar un comité de esos expertos para solucionar el conflicto israelí-palestino.

Cuando los astros no se alinean según sus designios, la explicación para justificar el yerro o la sorpresa por el desarrollo de los acontecimientos no previstos es que hubo medidas “irracionales” que alteraron el cuadro de situación. O sea, sus opiniones y consejos son “racionales”, las esperadas por la mayoría de los agentes económicos, y cualquier otra es definida como “irracional”. En el caso de los buitres, para esa tribu la respuesta lógica ante un fallo extravagante de tribunales de Nueva York era allanarse a la demanda del fondo de Singer & Cía. sin considerar las consecuencias de hacer ese pago. Una de ellas es la que derivaría de la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers). Incluida en las condiciones del canje 2005 para ofrecer garantías a los acreedores que aceptaran la propuesta argentina, les extiende cualquier beneficio que la Argentina pudiera otorgar a otros acreedores, como a los buitres. El pago que tan alegremente proponen esos expertos prolongaría entonces la resolución del fallo al resto de los bonistas con un costo de por lo menos 120 mil millones de dólares.

Con la misma irresponsabilidad mostrada en sus evaluaciones anteriores, afirman no se gatillaría esa cláusula porque las mejores condiciones que recibirían los fondos buitre no sería por un acto voluntario del país, sino obligado por una orden judicial. Pese a innumerables antecedentes de jueces de aquí y del exterior de favorecer a financistas, aseguran que la cláusula RUFO no es un problema. Teniendo en cuenta el ranking de sus aciertos, ese consejo no sería de confiar. Más aún cuando cualquier otra opción que no sea cumplir con el fallo de Thomas Griesa la evaluaban como riesgosa por la eventualidad del embargo de los fondos y por la posibilidad de que el juez sentenciara el desacato de la Argentina al fallo.

Una vez más los encargados de tirar fruta desde la verdulería de la City se equivocaron. La Argentina pagó en tiempo y forma el vencimiento de los intereses de los bonos Discount emitidos en cuatro legislaciones (argentina, estadounidense, europea y japonesa). Fue un acto soberano y de estricta racionalidad en términos de defensa del interés colectivo, no así “racional” para la lógica de aceptar cada uno de los pedidos del mundo de las finanzas, aunque fueran desproporcionados. Por ese motivo, un suceso relevante en el curso del caso, como el pago a los bonistas en la fecha de vencimiento, deliberadamente no lo incorporaron en sus análisis diarios. No lo hacen porque la oportuna estrategia argentina de depositar los dólares en las dos cuentas del Bank of New York Mellon, agente financiero encargado de distribuir esos fondos a los bonistas del canje, no derivó en la declaración de un default ni de una mora, ni tampoco fueron embargados los dólares ni fue declarada la Argentina en rebeldía por el juzgado cuya jurisdicción es Wall Street.

Una muestra de esa posición de los sabelotodo de la City la brinda un reciente reporte de la consultora de Daniel Marx (Quantum finanzas), economista que ha actuado en los dos lados del mostrador de la deuda argentina desde 1984 hasta 2001. La transcripción textual del inicio del informe es muy interesante porque desnuda a esos pretenciosos expertos:

“Después de la audiencia del viernes pasado en la que el juez Griesa ordenó rechazar el pago de Argentina a los bonistas reestructurados, impidiendo el normal pago de los intereses del Discount (con legislaciones extranjeras) el 30 de junio, se dio vuelta el reloj de arena que terminaría de escurrir su último grano en 30 días llevando al país a un nuevo default si no se alcanzase antes un acuerdo entre las partes o se lograse una extensión de plazos con anuencia judicial para proceder a pagos regulares de deuda. Con la pelota nuevamente en campo argentino, toda la atención se centra en la postura que tomará el gobierno y en la forma que encarará la situación”.

Este texto minimiza y ni evalúa el impacto en los otros actores del litigio el hecho del pago realizado por la Argentina, medida no prevista por financistas. En línea con los intereses de los fondos buitre, en ese reporte se insiste en que el país se encamina hacia el default y tiene la responsabilidad de hacer la siguiente jugada, cuando la que hizo desbarató la estrategia Griesa-Singer. Pese a esa evidencia, siguen ignorándola cuando esta última semana se verificó su efectividad con las cartas enviadas al juez por parte de otros afectados por su decisión. Esas misivas correspondieron a bonistas con deuda bajo legislación europea, reclamando por su dinero retenido por el BoNY Mellon, y del propio banco, pidiendo poder girar los dólares a los bonistas porque ya recibió de ellos y del país (Argentina) que lo contrató la advertencia de iniciarle juicios por incumplimiento, daños y perjuicios.

A pesar de la existencia de esas cartas, en la City local junto a sus voceros siguen alertando sobre la inminencia del default a fin de mes, sentencia respaldada por desprestigiadas calificadoras de riesgo (Standard & Poor’s y Moody’s) que han probado en estos años que no se dedican a evaluar las variables económicas de los países, sino a calificarlos según simpatías políticas. Lo que está a la vista para quien quiera observarlo sin rodillas al piso es que el extravagante fallo de Griesa a favor del fondo buitre Elliott, del financista republicano Paul Singer, pretende afectar derechos de terceros (bonistas del canje), poniendo en aprietos al Bank of New York Mellon. Esto lo demostró la Argentina cuando cumplió con su obligación de pagar.

El fallo Griesa-Singer generó un problema a los bonistas del canje, que tienen los dólares a cobrar pero no se los acreditan, y al BoNY Mellon, que tiene los dólares en sus cuentas pero el juez le prohibió distribuirlos a sus dueños. La Argentina tiene un fallo en contra y ya adelantó que lo pagará, pero también señaló que lo hará en condiciones de negociación normales, no con “un arma en la cabeza” como en la actualidad cuando el juzgado decidió trabar el normal desenvolvimiento financiero del canje.

A lo largo de este largo proceso hubo decenas de intentos de embargar activos argentinos, hasta la Fragata Libertad en el principal puerto de Ghana, sin éxito. Es lo mismo que en su momento padecieron Perú y Zambia en litigios iniciados por fondos buitre, que obtuvieron órdenes judiciales de congelar activos de esos países, forzando de ese modo la cancelación de la deuda dispuesta por los jueces. El caso argentino siguió ese mismo recorrido hasta esa instancia, que fue superada por la persistente defensa entablada por el gobierno en diferentes tribunales del mundo. Los buitres no pudieron embargar ni congelar ningún activo del Estado argentino. Agotada esa opción de acorralamiento, Griesa apostó a retener los dólares de los bonistas para forzar el pago a fondos buitre. Esa fue la última movida del juez: bloquear el canje exitoso de deuda 2005 y 2010 para permitir que fondos buitre cobren. Sin poder capturar activos argentinos, pretendía desviar un flujo de fondos del país correspondientes a bonistas del canje hacia los buitres. Pero al concretar el pago del canje en las cuentas número 15.098 y 15.002 del BoNY Mellon registradas en el Banco Central, la estrategia oficial permitió desarmar esa maniobra: esos dólares dejaron de ser un flujo de fondos de la Argentina para convertirse en un activo de los bonistas del canje que por ahora está en poder de la entidad financiera neoyorquina.

Para empezar a deshacer el nudo en la madeja que él mismo ha creado, Griesa debería reinstalar el stay (demorar la ejecución de la sentencia) para dar tiempo para que venza el plazo de la cláusula RUFO (diciembre 2014) y para que el marco de la negociación para pagar a los fondos buitre, como ya se ha comprometido la Argentina, sea en condiciones normales. De ese modo todo el caso judicial volverá a los carriles “racionales”, como les gusta definir los acontecimientos financieros a los agraciados Memento de la City.

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