En Brasil, 50 años después del golpe de Estado, se mantiene la impunidad de los responsables de las 362 muertes o desapariciones (cifra oficial) y de las torturas sufridas por 50 mil presos políticos. Pero también se dieron algunos avances en materia de verdad y reparación. Así lo entiende Roberta Baggio, que se desempeña como consejera de la Comisión de Amnistía desde 2007 y además es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Federal de Río Grande del Sur. “En 2002 el Congreso aprobó por unanimidad una ley de amnistía que no es la misma ley del ’79, aunque la Corte Suprema reconozca la vigencia de ésta última. Con la nueva Constitución del ’88 la amnistía pasó de ser entendida como olvido a concebirse como derecho, libertad y reparación”, afirma Baggio en entrevista con Página/12 desde el bello edificio del Círculo Italiano de Buenos Aires, donde participó de la conferencia Procesos de Memoria y Justicia sobre violaciones a los derechos humanos, organizada por la Universidad Nacional de San Martín.

Baggio señala tres etapas de la transición política de Brasil. La primera es la amnistía del ’79, la segunda es la reparación económica y simbólica de las víctimas a partir de la nueva Carta Magna del ’88 y la tercera, después de la creación de la Comisión de la Verdad en 2011 en el gobierno de Dilma Rousseff –ex guerrillera, que fue presa y torturada durante la dictadura–, que actualmente investiga el terrorismo de Estado entre 1964 y 1985. La abogada, de 36 años, destaca que en el medio de este proceso la Comisión de Amnistía hizo una audiencia pública en 2008 sobre casos de violaciones a los derechos humanos, algo que era un tema prohibido. “Las asociaciones de los familiares de desaparecidos políticos hablaron sobre las violaciones del Estado y cómo les gustaría que éste avanzase en la agenda de nuestra transición.” Los grandes medios como O Globo, Folha de Sao Paulo y O Estado de Sao Paulo se pusieron en contra de la audiencia pública, señalando que eran crímenes prescriptos. Pero paradójicamente nos dieron una posibilidad de reubicar el debate en la agenda nacional.”

La consejera de la Comisión de Amnistía, que afirma no pertenecer a ningún partido político, ubica otra fecha clave en la historia reciente de su país. “En 2010, los familiares de la guerrilla de Araguaia consiguieron un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que pedía al Estado de Brasil que castigue a los responsables y revea la amnistía. Esto sucedía al mismo tiempo que nuestra Corte Suprema reconocía la legitimidad de la amnistía del ’79.”

En concreto, el Poder Judicial no avanzó con ninguna causa contra los represores. Y a este manto de impunidad se suma el silencio de los militares. “El único militar que ha hablado a la Comisión de la Verdad fue el represor Paulo Malhaes –señala Baggio–. El contó cómo enseñaba a sus compañeros a torturar. Y coincidentemente fue asesinado por su casero en una zona rural de Río. Murió asfixiado, y jamás vamos a saber qué pasó realmente.”

Paralelamente a la Comisión de la Verdad se formaron comisiones provinciales en San Pablo, en Río, en Río Grande del Sur, en Recife, que empezaron a contribuir con su producción de la verdad. Tan importante es su trabajo que, por ejemplo, al coronel Paulo Malhaes lo descubrió la Comisión de Río.

La prensa que colaboró en construir consenso y mantener el statu quo al final hizo su mea culpa. El diario O Globo pidió disculpas por haber respaldado la dictadura recién el año pasado, mientras que Folha de S. Paulo mostró arrepentimiento en 2011, cuando celebraba sus 90 años. Baggio cree que es un síntoma más del momento que atraviesa el país. “En Brasil estamos avanzando, pero los desafíos son muchos, porque estamos muy lejos de hacer justicia. En verdad tenemos una sociedad muy desigual, hoy las violaciones de derechos y las torturas ocurren en nuestras cárceles, con nuestra policía; los perseguidos políticos son hoy los jóvenes negros de las favelas, que siguen siendo asesinados por el Estado, los índices de violencia institucional son muy altos en Brasil. Hay una parte de la población que no puede acceder a la memoria, porque tiene hambre, y está sujeta a nuevas violaciones de derechos.”

Se podría decir que la policía hereda las estructuras represivas de aquellos años. Durante las protestas del año pasado pudo verse el abuso en el uso de la fuerza contra los manifestantes.

Baggio cree que se necesita una reforma institucional, pero no la imagina en un futuro cercano. “En general la policía es violenta con los sectores de la periferia. Hoy tenemos 80 por ciento de probabilidad de que no salga ninguna reforma de la policía. Los policías son muy fuertes, actúan de forma corporativa. Hoy nuestra institucionalidad no está dispuesta a depurar. En la campaña electoral no se va a debatir la temática de la dictadura, estoy segura. Siempre se habla de la inseguridad y de aumentar el contingente de uniformados.”

Dentro de las favelas actúa la policía pacificadora, que suena a oxímoron. Baggio es muy crítica del accionar de estos uniformados. “No pacifican nada, reprimen. Las personas que viven en las favelas están en una zona de excepción: no tienen las mismas libertades. A las diez de la noche tienen que cerrar sus puertas e irse a dormir. No pueden hacer fiestas, no pueden circular porque es peligroso.” La experta señala un fenómeno nuevo, que no deja de estar vinculado, de algún modo, con los vacíos que dejó la falta de castigo a los militares y policías que actuaron en la dictadura. “Hoy en Río de Janeiro hay un problema que es peor que el tráfico de drogas: las milicias armadas. Son grupos de policías corruptos, parapoliciales, que ofrecen servicios esenciales a los pobladores. Si no pagan, lo cobran con muertes y represión. Donde hay milicias armadas no hay tráfico de drogas, pero hay una dominación de todos los ámbitos de la vida privada de las personas.”