El Banco Central alcanzó el curioso record de 80 mil sumarios “en curso” acumulados; es decir, iniciados por alguna irregularidad detectada pero que no llegaron a resolverse a través de una sanción al responsable inculpado. Muchos de esos sumarios tienen origen en irregularidades detectadas en el mercado cambiario. Semejante cúmulo de causas atascadas tiene origen en un “cortocircuito” entre dos áreas de la entidad, según interpretan los nuevos responsables de la autoridad monetaria que asumieron esta semana: la responsable del monitoreo y control del mercado cambiario, y la que debe ejecutar las acciones para sancionar las faltas. La primera, la que generó las denuncias, es la Gerencia de Exterior y Cambios del banco, hasta la última semana a cargo del funcionario de carrera Jorge Rodríguez. La otra, contra la que chocaban las causas y se quedaban embotelladas, es la Gerencia de Asuntos Contenciosos. El nuevo titular de la autoridad monetaria, Alejandro Vanoli, emitió su propia evaluación sobre el conflicto al ascender a Rodríguez al cargo de gerente general de la institución, quien desde ese cargo deberá encontrar la forma de resolver el cortocircuito. Un dato no menor: entre esas miles de causas o sumarios que siguen “en curso” y sin ejecución, hay muchas referidas a grandes exportadores y petroleras, por operaciones irregulares en el mercado único de cambios que involucran cifras varias veces millonarias.

No son sólo exportadores los que están en la mira. Varios recordaron entre el viernes y ayer, cuando se conoció el nombramiento de Jorge Rodríguez, que en un reciente discurso la presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, había aludido a una cifra de 8000 millones de dólares que habrían recibido los importadores a través del mercado único de cambios (el oficial), contra la declaración de compras al exterior que nunca se realizaron, irregularidad que no habría sido sancionada ni corregida (a través de la devolución de las divisas, por ejemplo). Otros, conocedores del funcionamiento interno del Banco Central, apuntan que “la aplicación del régimen penal para operaciones cambiarias es la pieza más débil en la administración del Banco Central, pero desde hace ya tiempo”.

Esa falencia se hizo más evidente en los últimos años, por un lado, por la dinámica que adquirió el mercado cambiario a raíz de su centralidad en la política económica, cuando la disponibilidad de divisas pasó a ser un problema. Los distintos mecanismos de control y administración de divisas implementados por las autoridades oficiales, desde 2011 en adelante, se vieron jaqueados por operadores formales (exportadores e importadores, entidades financieras, operadores en el sistema financiero internacional) que lograban “saltar la valla” de los controles, generando un desbalance en el conjunto de la economía. Pero, por otro lado, esta nueva situación quedó más expuesta por el cortocircuito interno entre dos áreas del Banco Central: la Gerencia de Exterior y Cambios, de un lado, y la de Asuntos Contenciosos, del otro.

“La tarea de monitoreo y control de operaciones cambiarias funcionó razonablemente bien estos años, con una base de datos bien administrada y arrojando como resultado una serie importante de irregularidades detectadas, todas relacionadas con la compra y venta de divisas en el mercado único, en su gran mayoría con la responsabilidad de grandes operadores”, señala una fuente del sector técnico del Banco Central. “El problema surgía cuando los sumarios iban llegar a Contencioso; ahí parecía que se congelaba todo”, agregó la misma fuente. En otro plano, más cercano a los ámbitos de decisión política, se apuntó que el conflicto no es nuevo, “es un problema histórico del Banco entre esas áreas, porque la entidad no está preparada para investigar y sancionar, aunque la Ley Penal Cambiaria, la 19.359 del año 1971, le asigna a la entidad esa responsabilidad”.

En el círculo más cercano al nuevo titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, se analiza la posibilidad de trabajar en una modificación de esa norma, a la cual consideran “superada por la realidad” y que, en la práctica, “funciona como una limitación” al ejercicio del control y regulación. Sin embargo, no sería ese paso el más urgente, ni por lo tanto el más inmediato. En la estrategia a desarrollar por el flamante jefe de la autoridad monetaria se impondría, en cambio, la idea de hacer uso de las atribuciones y capacidades que tiene el BCRA y que, se interpreta, no se han utilizado a pleno. “Estamos avanzando hacia un escenario más robustecido en el rol regulatorio del Estado sobre la política crediticia y las finanzas”, es el mensaje que asumen como consigna los nuevos responsables del área. Hay conciencia de que la batalla sobre la que estarán puestos todos los ojos será, en lo inmediato, la de la pulseada cambiaria. En ese sentido, reafirman la decisión de generar herramientas de investigación sobre las irregularidades en ese mercado, que permitan la persecución y el castigo a los delitos en torno de los mercados marginales: “blue”, “contado con liqui”, “dólar Bolsa” y otras variantes más recientes de evasión. En tal sentido, ya se anotó en la cuenta que avanzar en ese plano supondrá chocar con grupos económicos muy poderosos, que aparecerían involucrados en tales investigaciones. “A eso vinimos”, responden ante la consulta.

“Hay conciencia sobre las fallas cometidas, sobre las debilidades que tenía el anterior esquema del Banco. La designación de Jorge Rodríguez en la gerencia general es una señal muy fuerte para adentro de la entidad, marcando el camino hacia donde se orienta esta conducción”, sostuvo una fuente política con conocimiento de los pasillos de la entidad. Por afuera del BCRA será fundamental hacer valer el fuerte apoyo político de la nueva conducción y la buena coordinación que se espera lograr con otras áreas de control de ilícitos (AFIP, UIF, Procelac) y con el Ministerio de Economía.