La canasta básica de consumo en la ciudad de Buenos Aires que sirve para trazar una medición de pobreza por ingresos alcanzó en marzo un valor de 14.089 pesos para un matrimonio con dos hijos que no paga alquiler por su vivienda, lo que supone un incremento del 4,2 por ciento respecto de febrero y del 12 por ciento solo en el primer trimestre. En la comparación anual, la suba asciende al 35,5 por ciento, según la información suministrada por la Dirección de Estadística y Censos porteña. Si se incluye el alquiler, la canasta mínima de consumo sube hasta los 17.531 pesos mensuales. Para abril se espera una inflación del 7 por ciento mensual a raíz del impacto del tarifazo en el gas y el transporte público.

La canasta de 14.089 pesos se compone del capítulo alimentario, que insume 6256 pesos, el 44 por ciento del total. La misma cantidad de comida podía adquirirse hace un año por 4624 pesos, lo que supone una suba del 35 por ciento. Los rubros que mayor peso tienen son cereales y legumbres, frutas y verduras y carnes y huevos. La suba de precios de los alimentos está especialmente vinculada a la devaluación del peso, a la quita de retenciones y la eliminación de controles a la exportación.

El caso de la carne muestra cómo la combinación de mayor precio de exportación y libertad para desabastecer el mercado local hizo que en diciembre el precio diera un salto y completara una suba durante 2015 del 50 por ciento, que hizo que el propio ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, sugiriera no comprar carne para que bajen los precios.

El capítulo de los servicios para una familia propietaria demandó 2212 pesos en marzo, que se elevan a 5653 si se incorpora el alquiler. En este punto sobresale el incremento de la electricidad de 32 a 113 pesos, un 253 por ciento de aumento. En cambio, el gas y el transporte público en el índice de marzo no reflejan las subas aplicadas por el Gobierno a través de la quita de subsidios. En el caso del gas, las nuevas facturas ya comenzaron a llegar a los hogares, con aumentos que promedian 300 por ciento en las distintas categorías domiciliarias de Capital Federal y del Gran Buenos Aires. En tanto, los pasajes de trenes y colectivos aumentaron hasta un 100 por ciento.

“Es posible que en el área metropolitana puede haber unos puntos más de inflación. Es uno de los temas de mayor preocupación de este gobierno”, admitió a principios de mes el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Se refería al impacto de las subas tarifarias que elevarían la inflación por encima de la pauta del 20-25 por ciento que había fijado en enero el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay. Frigerio limitó su predicción al área metropolitana, aunque todos los economistas de las consultoras anticipan que la inflación anual superará el número oficial.

El último rubro de la canasta de bienes que elabora el Gobierno de la Ciudad incluye los gastos de indumentaria (1526 pesos mensuales), salud (367 pesos) y bienes durables para el equipamiento de la vivienda (656). La canasta total asciende a 14.089 pesos, un promedio diario de 469 pesos que en el mundo de las estadísticas se utilizan para contrastar con los ingresos de las familias para definir el nivel de pobreza. Si se descarta todo tipo de consumo excepto los alimentos, la canasta se reduce a 208 pesos diarios para una familia que no paga alquiler, compuesta por dos adultos y dos niños, lo que define la línea de indigencia.

Según datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, desde la asunción de Mauricio Macri creció en 1,4 millón la cantidad de pobres y en 350 mil las personas en situación de indigencia. Hasta ahora, el Gobierno plantea que debió tomar “medidas dolorosas pero necesarias” para reactivar la economía, bajo la clásica teoría del derrame, que supone que es necesario enriquecer a los ricos para que inviertan y eso mejore las condiciones de vida de los pobres. En tanto, días atrás el macrismo envió al Congreso dos iniciativas legislativas para ampliar la cobertura de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para los hijos de los monotributistas y la devolución del IVA en la compra de alimentos para los jubilados y pensionados por fallecimiento que cobran el haber mínimo, los beneficiarios de la AUH, de la asignación por embarazo y de pensiones no contributivas que perciban la mínima.