El fiscal federal Jorge Di Lello pidió abrir una investigación penal contra el juez Claudio Bonadio y el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, para establecer si a partir de decisiones de orden económico y judicial que cambiaron las condiciones en que se celebraron los contratos de dólar a futuro el año pasado, cometieron algún delito. El disparador, es la causa penal que Bonadio sigue contra Cristina Fernández de Kirchner y otros ex funcionarios, pero vista al revés: mientras que el juez acusó a la ex presidenta por habilitar las operaciones de dólar futuro a sabiendas (según él) de que traerían un quebranto para la economía, un grupo de diputados del Frente para la Victoria encabezados por Héctor Recalde lo denunció a él junto con el presidente del Banco Central como responsables de todo perjuicio para el Estado. Di Lello le sugirió una larga lista de medidas de prueba al juez Sergio Torres, quien antes debe decidir si avanza con el expediente. Entre ellas, que declare la ex presidenta como testigo, funcionarios actuales, economistas y periodistas; establecer quiénes compraron dólar futuro (ya se sabe que está la familia Macri, funcionarios del gobierno y empresarios amigos); la historia de esas operaciones; copia de la causa de Bonadio; y hasta el tape del debate entre Mauricio Macri y Daniel Scioli.

Uno de los puntos claves señalado por los denunciantes, que Di Lello señala y permite entender el meollo, es que ni bien fue nombrado en el BCRA el 11 de diciembre, Sturzenegger le envió a Bonadio una nota en la que le decía que debido a la importancia y la “implicancia patrimonial” para la entidad de los contratos de dólar futuro quería saber si “existe alguna restricción o limitación a la que tuviera que atenerse”, ya que iban a tener que pagar los vencimientos. El juez le contestó que no, que no había medidas restrictivas. El 17 de diciembre el ministro Alfonso Prat Gay anunció la liberación del tipo de cambio, lo que trajo aparejada la devaluación de la moneda nacional, que hacia fin de ese mes era del 40 por ciento. La tendencia continuó sin que el Central la frenara. “Dado que las nuevas medidas impactaron directamente sobre la liquidación de los contratos de compra de dólares a futuro -dice la denuncia paradójicamente se produjo la situación que los denunciantes del ahora partido gobernante intentaron presentar como delictiva, esto es, que a través de los contratos de dólar futuro, se ocasionarían pérdidas estratosféricas para el BCRA y generado ganancias ilícitas” para grandes empresas, entidades y personas.

Los delitos que la denuncia achaca a Bonadio y a Sturzenegger son defraudación por administración infiel en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, prevaricato por parte del juez y tentativa de estafa procesal y privación ilegal de la libertad. La presentación fue realizada el mismo día que la ex presidenta declaró como imputada ante Bonadio. Ella después se presentó como querellante. Si el juez acepta, podrá proponer pruebas y dinamizar la causa.

La lista de medidas que impulsa el fiscal incluye el testimonio de Cristina Kirchner, de Axel Kicillof –ambos imputados por Bonadio–, el de Prat-Gay, el jefe de gabinete Marcos Peña, de los economistas Roberto Lavagna, Aldo Pignanelli y Juan Carlos De Pablo; de Federico Pinedo (PRO) y Mario Negrio (UCR), autores de la denuncia contra el directorio de BCRA por el dólar futuro; y a periodistas como Roberto Navarro y Jorge Asís.

También pide documentos: copia de la investigación de Bonadio; la Carta Orgánica del BCRA; todas las personas físicas y jurídicas que adquirieron dólar futuro en 2015 (en los últimos días, se supo que algunos son el empresario de la construcción, Nicolás Caputo, el jefe de los equipos económicos Mario Quintana y el jefe de asesores del presidente Mauricio Macri José Torello, la empresa de la familia Macri, Socma, y los diarios La Nación y Clarín); la lista de los que vendieron; la evolución del dólar desde 2008; el volumen desde ese año de las operaciones de dólar futuro; la cotización del dólar oficial y el paralelo los últimos meses de 2015; el detalle de las leyes de presupuesto de 2015 y 2016; lista autoridades del Central desde 2007. Del debate Macri-Scioli, el fiscal Di Lello apunta a lo dicho sobre la devaluación.

Di Lello pide saber quiénes estaban en la mesa operativa del BCRA cuando Bonadio allanó, dos días antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Quiere que declaren para saber si el procedimiento influyó en la cotización. Los denunciantes del FpV dicen que el allanamiento no tenía sentido porque buena parte de los documentos ya habían sido entregados por el titular del Central, Alejandro Vanoli. La ex presidenta lo bautizó como “allanamiento preelectoral” para generar una “corrida”. También recuerdan que la etapa de instrucción de un expediente es para evitar o hacer cesar un delito. “Si Bonadio aceptó ejecutar un allanamiento” y siguió “con la causa” es “contradictorio que luego autorice al BCRA a seguir con una operatoria supuestamente delictiva” y “pagar los contratos de dólar a futuro convenidos”. El delito de prevaricato del juez implica dictar resoluciones contrarias a la ley y basadas en hechos falsos.