“Lamentablemente pareciera que el escándalo de la utilización de las sociedades offshore genera una urgencia en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para fijar criterios de registración y control de las sociedades que hoy son fiscalizadas e inscriptas por la Inspección General de Justicia (IGJ)”. Con suspicacia, la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquin, planteó en su pedido de recusación de la jueza subrogante Macarena Marra Giménez el contexto político en el que el gobierno porteño pretende acelerar los tiempos para crear un nuevo registro de sociedades comerciales nacionales y extranjeras.

El lunes pasado, Boquin presentó un escrito de 24 páginas en el que cuestiona las atribuciones de la jueza para seguir interviniendo en la causa iniciada hace siete años por la entonces fiscal Alejandra Gils Carbó contra los deseos del ex jefe de Gobierno, Mauricio Macri, de controlar el funcionamiento de las sociedades offshore en su territorio. A fines de febrero, cuando ya vencía la vigencia de su subrogancia para intervenir en la causa, Marra Giménez falló a favor del gobierno porteño y sin pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del nuevo registro consideró que la fiscalía general no tenía competencia para intervenir en el tema. Rápidamente, los letrados que ahora representan a Horacio Rodríguez Larreta pidieron que se levante la medida cautelar para así avanzar en la constitución del nuevo organismo.

Si bien el fallo ya estaba apelado por Boquin, la jueza abrió un nuevo incidente sin notificar a la fiscalía para allanar el camino al pedido comunal. Boquin señaló en el escrito que, por un lado, la subrrogancia de la jueza ya había caducado y por lo tanto no tenía atribuciones para seguir interviniendo en el tema que, además, al haber sido apelado ya estaba bajo jurisdicción de la Cámara. La fiscal dedujo que la actitud de la jueza configura “una maniobra para lograr poner inmediatamente operativo un registro cuya creación esta funcionaria considera inconstitucional y contraria al orden público federal”.

A poco de asumir en la Ciudad, Macri envió a la Legislatura el proyecto para crear un registro de sociedades y fiscalización paralelo a la IGJ. En octubre del 2008, la Legislatura sancionó la ley 2875. La fiscalía en febrero de 2009 interpuso un recurso para impedir la ejecución de la norma. Apenas Macri llegó a la Presidencia, en febrero pasado, la jueza subrogante aceleró la decisión en línea con la apetencia porteña. La fiscal explicó que a diferencia de lo que plantea la Ciudad acerca de que “la implementación de la citada ley hubiera garantizado la fiscalización de las sociedades comerciales” desconoce que “ya existe un control de las sociedades comerciales ejercido por la IGJ, control incluso más riguroso que el que quiere implementarse mediante el nuevo ente que pretende poner en funciones”.

“Esta nueva y urgente preocupación por las sociedades comerciales surge en un momento de especial sensibilidad social por el escándalo de las sociedades offshore, de alto impacto internacional”, recordó Boquin. En los Panamá Papers aparecieron como titulares o integrantes de sociedades pantalla, Macri y gran parte de su círculo de confianza, Néstor Grindetti (ex secretario de Hacienda y actual intendente de Lanús), el lobbista judicial y presidente de Boca, Daniel Angelici, el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, y la vicepresidente de la Legislatura Carmen Polledo, entre otros. Macri y Angelici tienen causas abiertas en la Justicia por la aparición de esas cuentas.

“El verdadero peligro no estaría en la no aplicación de la ley cuya inconstitucionalidad este ministerio solicitó sino, en el levantamiento de la medida cautelar pedida por el Gobierno de la Ciudad sin existir aún sentencia firme sobre el fondo de la cuestión”, advirtió Boquin y abundó en que “sigue vigente la cuestión de la grave inseguridad jurídica que acarrearía la doble registración, a lo que se ha sumado la pretensión de control de sociedades comerciales –incluidas las extranjeras– que hoy en su categoría de offshore conmocionan a la opinión pública”.