La alianza oficialista Cambiemos quedó sola y cosechó su primera derrota en el Congreso. Todo el arco opositor –el Frente para la Victoria, el massista Frente Renovador, el PJ disidente y Progresistas– respaldó en la Cámara de Diputados y en el Senado los dictámenes para declarar la “emergencia laboral” con el objetivo de frenar los despidos en la administración pública y en el ámbito privado como reclamaron ante los legisladores semanas atrás las cinco centrales sindicales. Ambos proyectos proponen que “los trabajadores podrán optar por accionar judicialmente por su reinstalación en el puesto de trabajo con más el pago de los salarios de tramitación hasta su efectiva reincorporación, o convalidar la extinción del vínculo” con doble indemnización. Aunque los dictámenes de ambas Cámaras del Parlamento se diferencia en la extensión de la emergencia: los diputados plantearon que la emergencia debía ser retroactiva al 1º de marzo y extenderse hasta diciembre de 2017 mientras los senadores consideraron que el plazo debería ser desde su sanción y sólo por 180 días. Cambiemos trató sin suerte dilatar los tiempos proponiendo que los ministros de Trabajo y Hacienda, junto con las cámaras empresarias, expusieran ante los legisladores y que la emergencia recién se declarara cuando la desocupación alcanzara los dos dígitos.

Luego del traspié, los diputados del oficialismo aspiran a dilatar los tiempos de la llegada del proyecto al recinto con el paso obligatorio que el dictamen debe atravesar por la comisión de Presupuesto que presiden. En el Senado habrá lugar para la exposición de ministros y empresarios propuestos por el oficialismo, aunque con la firma del dictamen de ayer el proyecto igual está en condiciones para tratarse en la próxima sesión de la Cámara alta. La disputa será por ver cuál en cuál de las dos Cámaras los legisladores opositores lograrán sortear primero los obstáculos que el Cambiemos pondrá en el camino, aunque su derrota parece inexorable.

Diputados

El debate en la Cámara baja arrancó temprano por la mañana. Veinte minutos después de las 9, el sindicalista petrolero y diputado del Bloque Justicialista (BJ), Alberto Roberti, abrió el debate en la comisión de Legislación del trabajo con 35 diputados presentes.

Allí se unificaron de consenso los proyectos de casi todo el arco opositor (FpV, FR, BJ, FIT y Libres del Sur). “Quedan prohibidas, durante el tiempo establecido en el artículo 2 (la ley tiene efecto retroactivo al 1 de marzo de 2016 y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017), las cesantías o desvinculaciones dispuestas por el Estado empleador, incluso Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con participación estatal y/o Entes Públicos no estatales. Los distractos dispuestos en contravención a dicha prohibición serán nulos”, dice el artículo 4º del dictamen y agrega: “En los casos del vencimiento del plazo de los contratos, los mismos serán renovados automáticamente hasta la fecha de caducidad de la Emergencia”.

Aunque el FpV insistió en que la retroactividad abarcara hasta el 10 de diciembre pasado o el 1º de enero de 2016 porque, como afirmó la diputada santafesina Lucila Di Ponti, “el corte significa dejar afuera a 60 mil despedidos”. El FIT mantuvo su dictamen de minoría (que alcanza también a monotributistas) pero sus diputados afirmaron que igual se sumarían al dictamen de mayoría aunque no lograran introducir modificaciones al texto: “Lo vamos a votar igual en el recinto, es una situación de emergencia y hay que parar los despidos”, sostuvo Néstor Pitrola.

Desde el FpV, la mayoría de sus diputados se encargaron de remarcar que “el modelo económico de Macri necesita 15 por ciento de desempleo” para “disciplinar a los trabajadores”, mientras “se descarga una catarata de tarifazos” y se transfirieron miles de millones de dólares a los sectores más concentrados de la economía. “Claro que este debate es político e ideológico porque se trata del papel del Estado en la redistribución de la riqueza”, respondieron cuando desde el macrismo cuestionaron el reclamo como “político”. “Macri es un presidente que favorece a los poderosos: gobierna para los ricos”, sintetizó el diputado Edgardo Depetri.

El massismo, uno de los aliados eventuales que tiene el macrismo, ayer también cargó duro contra el Gobierno. “Se procedió con urgencia frente a sectores beneficiados sin consultar a nadie. Cuando se trata de trabajadores hablamos que vengan los ministros”, se quejó Facundo Moyano. Sus compañeros de bloque acusaron a Cambiemos de “negar” los despidos y firmar decretos “para que los que se llenaron de plata durante estos años hoy tengan facilidad de despedir”. “Mientras debatimos este proyecto están despidiendo a algún habitante del territorio argentino”, sumó el diputado y secretario de los Canillitas Omar Plaini.

Myriam Bregman, del FIT, pidió al resto de los legisladores de la oposición forzar el tratamiento en la comisión de Presupuesto, donde el oficialismo se propone trabar el proyecto y propuso la convocatoria a una sesión especial de la oposición ya que “no hay consenso posible con el PRO que niega la situación de emergencia laboral ante los despidos masivos”.

El macrista Daniel Lipovestzky fue la voz de Cambiemos. Consideró que la emergencia ocupacional se declaró tras la crisis de 2001 “con 700 mil despidos” y sostuvo que “eso no se condice con la situación actual”. Recordó que el ex presidente Néstor Kirchner decretó el fin de esa emergencia en 2004 cuando la desocupación se redujo a menos de dos dígitos y reclamó esperar hasta que la desocupación medida por el Indec superara el 10 por ciento. Pidió un debate más prolongado en aras del “diálogo y el consenso”.

El rechazo fue claro. Los diputados opositores firmaron el dictamen de mayoría y redactaron un pedido a la comisión de Presupuesto que aborde con urgencia el dictamen de los integrantes de Legislación del Trabajo.

Senado

Por la tarde, el debate entre los senadores en el salón Arturo Illia fue más recoleto y moderado. También se trató el proyecto opositor para declarar la emergencia ocupacional frente a la ola de despidos. La unificación “consensuada” en la comisión de Trabajo y Previsión Social de los proyectos de los senadores Daniel Lovera (PJ-La Pampa), Mario Pais y Pedro Guastavino (FpV), propone la emergencia por 180 días que no serían prorrogables, aunque consideraron que si la situación no se modifica podrían “recrear otro proyecto en el mismo sentido”.

Pais se encargó de detallar el texto de la iniciativa. Allí, los senadores utilizaron criterios similares al que plantearon los diputados opositores. La medida alcanza a los despedidos de la administración nacional y el ámbito privado, en invitan a sumarse a las provincias y la ciudad de Buenos Aires, sobre las cuales la legislación nacional no tiene vigencia. También se incluye la prórroga durante la emergencia de los contratados en el Estado y en la actividad privada.

La iniciativa tuvo el respaldo de 9 de los 17 senadores que integran la comisión y que responden al FpV, el PJ-La Pampa, el Movimiento Popular Neuquino y el GEN, al que se sumó Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur), que no integra la comisión pero tomó parte en el debate.

El radical Angel Rozas llevó la voz cantante del interbloque Cambiemos y, aunque dijo “no estar en desacuerdo” con debatir el proyecto, consideró que la visión del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, “no puede estar ausente” en la discusión, sumó también al ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, y las cámaras empresarias, “antes de tomar una decisión”.

Sus argumentos no lograron torcer la voluntad opositora de votar el dictamen. Apelaron a la “urgencia” del tema y consideraron que los invitados que propone el oficialismo podrán exponer en el intervalo hasta el debate en el recinto. “Eso de convocar a expositores ‘in eternum’ se va de patadas cuando cientos de trabajadores no llegan a fin de mes y están esperando a ver si les llega el telegrama de despido”, advirtió la santacruceña Virginia García (FpV). “No tenemos tiempo de hacer audiencias públicas”, sumó Marina Riofrío y recordó que “pocos senadores del oficialismo estuvieron presentes” en la reunión con las centrales obreras.

El dirigente petrolero y senador del MPN, Guillermo Pereyra, destacó que las cinco centrales obreras “dejaran de lado reivindicaciones históricas como Ganancias para priorizar su preocupación por los despidos”. “Que vengan todos los funcionarios que tienen que venir, pero nosotros tenemos que avanzar”, subrayó. Jaime Linares, del GEN, acompañó el dictamen.

“Uno escucha primero lo que opinan los demás y luego toma decisiones”, reclamó el macrista Federico Pinedo y proclamó en sintonía con Mauricio Macri que “se vienen obras de inversión pública y privada que van a generar millones de puestos de trabajo”, y enfatizó que la emergencia ocupacional “no es el mecanismo” para lograr ese fin. La cordobesa Laura Rodríguez Machado se le sumó y advirtió que un Senado “díscolo” podría “ahuyentar las inversiones” que –imaginan– lloverán sobre la Argentina.