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Después de haber defendido públicamente la participación de sus subalternos de Prefectura durante la fiesta de música electrónica en Costa Salguero, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dio marcha atrás y aseguró que desafectó a seis de los 20 uniformados que estuvieron cumpliendo servicio de custodia adicional la noche del viernes 15 y la madrugada del sábado 16. Lo hizo desde Nueva York, en el marco de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dedicada a tratar el problema de las drogas ya no como una guerra sino desde el enfoque de la salud (ver página 18). Tres de los prefectos fueron mencionados por el fiscal Federico Delgado para ser citados a una declaración indagatoria. El fiscal consideró que entre los guardias privados y la Prefectura “hicieron la vista gorda para que la fiesta continuara”.

El martes, basado en los primeros testimonios recogidos por la fiscalía de instrucción de Sandro Abraldes, y la Procunar, a cargo de Diego Iglesias, el fiscal Delgado pidió una decena de indagatorias. Entre ellas las de tres integrantes de la Prefectura: Alberto Gabriel Pandiani, Adrián Alvarez e Ivana Gómez. Pandiani había declarado como uno de los primeros testigos apenas intervino la justicia tras las muertes de dos jóvenes en Costa Salguero, seguida de otras tres en hospitales o en camino a ellos.

En aquella declaración, Pandiani había asegurado bajo juramento de decir verdad que había sido contratado para servicio adicional de policía por los organizadores de la fiesta, y que en esa tarea estuvo a cargo de 18 uniformados.

Pandiani sostuvo que “a las 3 a.m. se le acercó una persona a quien sólo conoce como ‘El Chino’ (ayer fue identificado como Carlos Miguel Nicodema Penise) y le entregó una bolsa con lo que –le dijo– se les había extraído de la requisa a los concurrentes”. El Chino era, según el testigo, el encargado de la seguridad interna de la fiesta. Pandiani sostuvo que la bolsa la dejó en custodia de la cabo 2ª Ivana Gómez, y alrededor de las 7 de la mañana, cuando ya se sabía que habían ocurrido las dos primeras muertes, se la entregó a su superior Adrián Alvarez. Pero la bolsa recién fue entregada a los peritos de la Policía Federal que intervenían en la investigación alrededor de seis horas más tarde, y fue en ese momento cuando la justicia se enteró del contenido: “gran cantidad de sustancias, pastillas de todo tipo, frascos de color ámbar y cigarrillos de marihuana”, señaló en su dictamen Delgado.

A partir del testimonio de Pandiani, el fiscal solicitó la indagatoria urgente de Pandiani y los dos mencionados por él, Alvarez y Gómez.

A todo esto, el lunes pasado, apenas trasladado el caso del fuero ordinario al federal, una de las primeras medidas tomadas por el juez Sebastián Casanello, en quien recayó la causa, fue allanar dos establecimientos de Prefectura. Uno fue en oficinas en Zona Norte, donde hallaron un contrato firmado entre la empresa organizadora del evento, Dell Producciones, cuyo titular, Adrián Conci, se encuentra prófugo, y la Prefectura, por el que se contrataban los servicios de policía adicional por 30 mil pesos. A partir de allí, Casanello allanó la Dirección de Investigaciones Penal y Administrativa de la Prefectura. Como respuesta, Bullrich hizo una presentación en el juzgado de Casanello (que además hizo pública) en la que responsabilizaba a dos funcionarios del juzgado por haber instruido a dos prefectos a “no molestar a los chicos que iban a divertirse”.

Casanello rechazó la acusación de Bullrich, sostuvo que sus subalternos negaron la información de la ministra en un escrito de tres carillas, y consideró posible que la filtración periodística del texto de Bullrich pueda significar un “intento de entorpecimiento de la investigación”, coincidente con los allanamientos realizados por el juzgado a la Prefectura.

Ayer, desde Nueva York, Bullrich dio marcha atrás en su defensa. Embanderada argentina en la guerra contra las drogas, pero rodeada de un concierto de naciones que sostiene que la guerra contra las drogas fracasó rotundamente, Bullrich sostuvo que si alguno de los uniformados actuó mal será exonerado. El conocimiento de parte de los prefectos de que corrían drogas, en base a la declaración de Pandiani, y en base al sentido común (todos los testimonios hablaban de que los dealers ni siquiera se ocultaban para la venta), la bolsa entregada a la justicia con doce horas de retraso, llena de pastillas de drogas sintéticas incautadas por los guardias privados y entregada a Pandiani, y el bluper de la defensa reducida de Bullrich, fueron demasiado.

Ayer se informó que seis de los prefectos que participaron en la guardia adicional entre el viernes por la noche y el sábado por la madrugada fueron desafectados. El Ministerio de Seguridad informó que la medida fue tomada “a raíz de los hechos de público conocimiento ocurridos el pasado 16 de abril en Costa Salguero y con el objetivo de acompañar el procedimiento de investigación de la Justicia”. Además, sostuvo, se iniciaron “las actuaciones administrativas de rigor a los agentes involucrados en el operativo en cuestión, entre los cuales se encuentran un prefecto mayor, tres prefectos, un subprefecto y un cabo segundo”.

De los seis “desafectados” trascendieron solo los nombres de tres uniformados, y son los que se conocieron a partir del dictamen del fiscal federal Delgado. Se trata de Alberto Gabriel Pandiani, cuyo testimonio fue la base de los allanamientos, su superior Adrián Alvarez, quien según Pandiani retuvo la bolsa con drogas, y una subalterna, la cabo 2ª Ivana Gómez, quien custodió la bolsa según el declarante.

Si fueron seis los uniformados pasados a disponibilidad, el juez Casanello de todos modos ordenó la indagatoria de los 19 participantes de la guardia adicional. Además de Pandiani, Alvarez y Gómez, fueron citados a declaración indagatoria los uniformados Roberto Carlos Rolón; Aldo Andrés Galeano; Ricardo Ramón Escurra; Pablo César Barrera; Luis Esteban Armoa; Armando Javier Valdez; Ricardo Enrique Meza; Nerina Slavin; Gustavo Alberto Cabrera; Andrés Achares; Antonio Manuel Olivera; Joana Soledad Giménez; Valeria Jacqueline López; Ramiro Ortega; Marcelo Nicolás Acosta y Alejandro García.

En su habitual cuenta de Twitter, utilizada como cuenta oficial del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich no hizo mención alguna sobre ningún prefecto. Sólo se la puede ver en una foto tuiteada con el texto “En el Trigésimo Período Extraordinario de sesiones de la Asamblea Gral de las Naciones Unidas contra el Narcotráfico”. La sesión en realidad se denomina Problema Mundial de las Drogas (World Drug Problem). Sugerente la insistencia con la guerra en contraste con las investigaciones sobre la corrupción de las fuerzas utilizadas.

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