La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) revocó los convenios que otorgaban en comodato dos predios de San Miguel de Tucumán a la Fundación María de los Angeles, que preside Susana Trimarco, quien puso paños fríos al asegurar que la decisión “no tiene ningún trasfondo político”, porque fue tomada en razón de “una cuestión de reorganización”. De acuerdo con los proyectos presentados por la Fundación al Estado Nacional entre 2013 y 2015 –y que fueron aprobados el año pasado–, en uno de los predios, 5 hectáreas conocidas en San Miguel de Tucumán como Ex Hospital Militar, estaba planificada la construcción de un centro de de- sarrollo materno-infantil para víctimas de trata y sus hijos, una casa de educación terapéutica en convenio con el Sedronar y un polideportivo para niños; en el otro, ubicado en las afueras de la ciudad, en una zona de monte en proceso de urbanización conocida como Las Talitas, se proyectaba la construcción de 100 viviendas para víctimas sobrevivientes de trata y explotación. Esos terrenos ahora deberán ser devueltos al Estado.

Sin embargo, las resoluciones 38 y 39 de la AABE, que modifican el destino decidido por la anterior administración nacional, revocaron esos comodatos y razonaron: “la presente medida se enmarca en la decisión política del Poder Ejecutivo Nacional de hacer prevalecer el proceso de preservación del patrimonio inmobiliario estatal y la racionalización del espacio físico del mismo, con vista a su mejor aprovechamiento y utilización, destinando la afectación de los bienes inmuebles estatales a la planificación, desarrollo y ejecución de políticas públicas”. Las notificaciones para que la Fundación que preside Trimarco desalojen los predios fueron enviadas el 18 de este mes y dan un plazo de diez días para hacerlo. Trimarco dijo que “es una muy buena noticia que el Estado se haga cargo de llevar adelante esas obras que íbamos a encarar desde la fundación”.

La revocación de los convenios va en sintonía con el pedido público realizado a mediados del mes pasado por Domingo Amaya, el tucumano que se desempeña como Secretario de Vivienda y Hábitat –dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación–, para que la Fundación María de los Angeles reintegre la primera cuota de los fondos que el anterior ministerio de Planificación había acreditado para iniciar obras del jardín de infantes en uno de los pabellones del Ex Hospital Militar. Fuentes de la Fundación informaron a este diario que e 26 de enero Amaya concedió una reunión a Trimarco y representantes de la entidad, que ese día le fue presentado el proyecto –estipulado en el convenio que ya había sido aprobado– y notificado que la primera erogación había sido depositada. Amaya, ex intendente de San Miguel de Tucumán (y ex candidato a vice gobernador en la fórmula que el año pasado encabezó José Cano), fue quien en 2012 cedió a la Fundación María de los Angeles una construcción y su terreno circundante en el parque 9 de Julio –en la capital provincial– para que funcionara allí un jardín de infantes, que se inauguró en abril del año siguiente bajo el nombre “Los ángeles de María”.

En la reunión de enero, señalaron fuentes de la Fundación, “Amaya nos dijo que no tenía registro de los convenios, y que no sabía de la erogación. Dijo ‘me parece que es irregular, pero déjenme averiguar con gente de legales. Entonces esperamos que nos dijeran cómo seguir, si empezábamos con la obra o había cambios”, explicaron fuentes de la entidad. En el mismo sentido, Trimarco señaló: “no quería tocar esos fondos hasta que resolviera (la nueva gestión de) Planificación”, y señaló que esos fondos siguen depositados en la misma cuenta en que fueron acreditados en diciembre. Por otra parte, fuentes de la Fundación aseguran que a la entidad no ha llegado hasta el momento “ninguna notificación” acerca de la devolución o de cómo proceder.

Los convenios referentes a los predios estipulaban en sendas cláusulas que le cesión temporal podía ser revocada. Por ellos, las resoluciones de revocación recuerdan que “la Agencia podrá exigir la restitución del inmueble a su exclusivo criterio” y “la simple comunicación de dicha decisión resulta suficiente para que el Convenio se considere extinguido de pleno derecho, debiendo la Fundación restituir el inmueble dentro de los diez días de notificada”.