¿Es posible equiparar la cuota de un crédito hipotecario con el valor de un alquiler? La polémica está instalada desde el mismo momento en que Felisa Miceli y Guillermo Moreno anunciaron el plan para facilitar el acceso de los inquilinos a préstamos para la vivienda. Altas fuentes del Gobierno dijeron ayer a Página/12 que en pocos días habrá una respuesta contundente en favor de esa posibilidad. Y aseguraron que no sólo provendrá de la banca pública, sino también del riñón del segmento privado. De acuerdo con esos encumbrados funcionarios, el Ejecutivo ya tiene la confirmación de ocho bancos líderes de capital nacional y extranjero de que ajustarán sus tasas, costos y requisitos para ampliar su cobertura de financiamiento.

Los bancos líderes en el otorgamiento de créditos hipotecarios son el Río, Hipotecario, Galicia y BBVA Francés. Un escalón más atrás se encuentran el Macro y el Credicoop. Y tienen una participación creciente el Ciudad de Buenos Aires, Nación y Provincia. En los tres públicos se trabaja a toda marcha desde el último miércoles para adaptar sus condiciones y liderar la oferta de préstamos baratos. “Estamos analizando varias alternativas para llegar al objetivo de arrimar la cuota del crédito al precio de un alquiler”, indicaron en una de esas entidades a este diario.

El Gobierno da por hecho que varios de los bancos privados citados más arriba lanzarán líneas económicas. Hay ocho, según afirman en despachos oficiales, que ya anticiparon el sí. Página/12 hizo consultas entre los empresarios y la respuesta coincidente fue que reducir las cuotas de los préstamos a 600 o 700 pesos “no es nada fácil”, pero tampoco “imposible”. Un factor clave para que cierre la ecuación es que la demanda de estos créditos pegue un salto. Más allá de los ingresos por tasa de interés, para los bancos el negocio son los paquetes de cuentas adheridos. La apuesta es aumentar la bancarización y captar a un nuevo segmento de público.

La posibilidad que dio el Banco Central, por decisión política del Ejecutivo, de financiar hasta el 100 por ciento de viviendas de hasta 200 mil pesos y el 90 por ciento de hasta 300 mil, busca incluir a un mayor número de potenciales clientes. Lo mismo ocurre con la flexibilización de requisitos y previsiones que deben hacer los bancos para conceder los préstamos y con la posibilidad de que los inquilinos que conviertan en sujetos de crédito con sólo presentar un comprobante de buen pagador de su alquiler durante los últimos doce meses.

En el Ministerio de Economía explican que las entidades financieras atraviesan una etapa de gran liquidez y que tienen margen para mejorar sus líneas. La clave, afirman, es haber puesto el tema como prioritario en la agenda pública. Eso sólo forzaría a los bancos a ponerse a trabajar y diseñar propuestas más atractivas. “Si se sienten interpelados por la sociedad, van a tener que actuar”, agregó un hombre del Palacio de Hacienda, con tono intimidante.

El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, hizo ayer su aporte para que sientan la presión. Sostuvo que “los bancos tienen mucho dinero en sus arcas” y “lo que deben hacer es ponerlo al servicio de la comunidad”.

Los costos administrativos, de escribanía y de seguros, además de las tasas de interés, son los que habría que recortar para disminuir el valor de las cuotas. La otra herramienta es el estiramiento de plazos, a 30 años. “Hay que picotear de acá y de allá”, graficó un banquero nacional, que concedió que la propuesta del Gobierno “sintoniza con nuestro interés, que es ampliar el negocio bancario”. Un colega suyo, también del sector privado, se manifestó más escéptico: “No alcanza con buenas intenciones. Acá tendrá que haber alguna clase de subsidio estatal”, reclamó.

“Que se olviden de los subsidios”, respondieron desde Economía. Miceli ya lo manifestó públicamente y “no habrá marcha atrás”, insistieron ayer sus colaboradores. La interpretación de los funcionarios es que los bancostienen la oportunidad de hacer buenos negocios, sin regalar nada. En relación con los inquilinos, comentaron que deberán pensar en barrios con un valor más bajo del metro cuadrado. De ese modo, tendrán que pedir menos dinero para comprar su casa o departamento.

La fecha estipulada para el comienzo del plan es el 1º de septiembre. La banca pública trabaja en dos direcciones. Además de “dibujar” números para achicar lo más posible el costo de los créditos a los inquilinos, analiza nuevas líneas para pymes constructoras de viviendas. El Gobierno ofreció para esos inversores la devolución anticipada del IVA, lo que redundaría en una disminución de casi el 20 por ciento en la financiación de la obra.

“Los bancos tienen que hacer su parte”, insistió Fernández. “Son instituciones cuyo negocio debe ser tomar y prestar plata, no atesorarla”, agregó, en declaraciones radiales. Según explicó, “el plan tiene dos fases. La primera es disminuir la demanda de alquileres, porque la idea es que la gente deje de ser locataria para convertirse en propietaria”. A su criterio, “con esto bajaría la demanda de alquileres” y se estabilizarían sus valores. “La segunda fase es aumentar la oferta de departamentos en alquiler, a partir de estimular la construcción de edificios para este fin”, puntualizó el ministro. El esquema ideado por el Gobierno arranca en diez días. Según prometen, con el riesgo que ello implica, será un éxito.