El juez federal Sergio Torres ordenó detener las obras en los fondos del club de la Armada Hipólito Bouchard, donde se está construyendo un campus universitario y donde en 1995 se encontraron restos óseos de cuatro personas. La medida, que tiene por objeto establecer si en el lugar “existen rastros de restos humanos” que puedan pertenecer a desaparecidos, se originó a raíz de un planteo de la Asociación Civil Pro Vicente López, que denunció, además, que la Marina se apoderó de ese terreno de manera irregular.

En mayo de 1995 el diario Clarín informó que “en forma accidental fueron hallados restos humanos a 300 metros de la Escuela de Mecánica de la Armada”. El descubrimiento había sido hecho por un suboficial de la policía bonaerense en la parte de atrás del supermercado Carrefour y el Club Naval. Con esta información, más el hecho de que, a raíz de la mudanza de la ESMA, la Marina planeaba construir en ese terreno un campus universitario, el abogado Miguel Angel Quintabani, de la Asociación Civil Pro Vicente López, se presentó en el juzgado de Torres, a cargo de la causa sobre los crímenes cometidos en la ESMA. Allí solicitó que se realizara una inspección en el terreno para evitar que se destruyan eventuales pruebas sobre la desaparición de personas.

El peritaje realizado hace diez años en San Isidro a partir del hallazgo del suboficial arrojó que las piezas óseas encontradas allí fueron “colocadas” en el lugar, es decir que no estuvieron enterradas en ese sitio. Esto restaría posibilidades de que se tratara de desaparecidos. Pero como el informe ubicó la muerte de esas personas entre 1975 y 1990, Torres consideró que era pertinente hacer una investigación en el terreno.

“Resulta imperativo arbitrar todos los medios necesarios para determinar si en ese predio existen otros rastros de restos humanos y, en su caso, determinar si pertenecen a personas que fueran víctimas de los hechos que resultan materia de investigación en esas actuaciones”, dijo el magistrado en una resolución firmada el miércoles pasado. Según resolvió, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) deberá encargarse del trabajo.

Miembros del EAAF ya trabajaron en terrenos de la ESMA sin encontrar señales de enterramientos clandestinos. En cambio, el año pasado hallaron cuerpo de personas que estuvieron secuestradas en la ESMA en el cementerio de General Lavalle. A partir de esa investigación fueron identificadas las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Mary Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga y la religiosa francesa Léonie Duquet y se estableció que habían sido asesinadas en un vuelo de la muerte.

La medida de no innovar de Torres sobre el terreno del centro recreativo Hipólito Bouchard de la Armada implica que se debe “detener cualquier excavación, construcción o movimiento de tierra que pueda modificar la constitución y conformación actual del terreno”. Además, el juez señaló que la empresa que tiene a su cargo la repavimentación de la avenida Maipú debe abstenerse de volcar residuos o adoquines en el terreno situado detrás del supermercado Carrefour de Vicente López. Ese predio estaba hasta 1983 bajo la órbita del control de la Armada y linda con el club naval.

El terreno

La investigación de la Asociación Civil Pro Vicente López se originó a causa de que el 24 de diciembre de 2004 el Concejo Deliberante de Vicente López aprobó varias ordenanzas de excepción, una de las cuales incluía un privilegio a favor del empresario Francisco De Narváez para construir un complejo de shopping, oficinas, y un hotel. Según Quintabani, este proyecto, previsto en el predio que está detrás del supermercado, es una “usurpación de terrenos públicos”. Luego agregó a su presentación información relacionada con el terreno de la Armada. Consultado por Página/12, Quintabani aseguró que “cuando nos enteramos que iban a mudar edificios de la ESMA a Vicente López, empezamos a investigar porque sabíamos que la línea de ribera no lo permitiría, porque pasa por la mitad del predio. Estudiamos los antecedentes de dominio y detectamos que ese título lo había ordenado hacer el almirante Carlos Lacoste en 1981. Se protocolizó una escritura a favor de la Nación, pero para que lo usara la Armada. Para nosotros es un título nulo. Son terrenos de la provincia, pero para uso público”.