La Corte Suprema de Justicia dispuso recientemente el ajuste en los haberes jubilatorios, congelados desde el año 1993, y a partir de ese expediente instruyó al Congreso para que actualice todas las jubilaciones y restituya la movilidad. Esta noticia inició un debate impostergable acerca del sistema previsional argentino que, más allá del maquillaje que ofrecen circunstanciales superávit, está colapsado y es incapaz de garantizar su continuidad con tasas de crecimiento razonables en torno al 5 por ciento del PBI. Peor aún, su diseño inicialmente vinculado a un país de pleno empleo y dominantemente formal está obsoleto, puesto que hoy el 37 por ciento de los ciudadanos que está en edad de jubilarse no puede hacerlo por falta de aportes en su vida laboral. Dado el nivel de desempleo abierto y enorme informalidad del mercado de trabajo actual, en el año 2010 el 40 por ciento de los mayores de 65 años no gozará de cobertura previsional, pues no se jubilará. Por otra parte, se aplanó la pirámide de ingresos, a tal punto que actualmente el 67 por ciento de los jubilados y pensionados acceden a los montos mínimos cuando antes de la devaluación en igual condición sólo estaba el 30 por ciento. Pero aun así, el Estado garantiza una jubilación mínima universal que el sistema de capitalización privado es incapaz de ofrecer en promedio a sus afiliados.

En efecto, siendo el salario promedio de la Argentina actual de 849 pesos mensuales, la capitalización privada per se sólo es capaz de asignar por ese salario promedio una contraprestación previsional equivalente al 40 por ciento, esto es 339 pesos por mes. Esta cifra está un 27,8 por ciento por debajo del haber mínimo actual, y eso sin considerar los 30 pesos adicionales que ofrece el PAMI de manera universal a sus afiliados. También es un 30 por ciento menos que el valor de la canasta de indigencia para un hogar tipo de cuatro miembros, lo que supone una inconsistencia tal que bastaría para demoler este sistema.

Peor aún, para garantizar una prestación menor que el valor de una canasta de indigencia en promedio, las AFJP cobran comisiones superiores al 30 por ciento de los aportes, costo operativo típico de una estructura ineficiente o de un simple negociado.

Adicionalmente sostenerlas tiene un costo fiscal enorme: “Los aportes derivados a las AFJP hasta el 2001 fueron cercanos a 26.000 millones de pesos, que se transforman en casi 36.000 millones con los intereses por la mayor deuda que generaron. Este costo fue creciendo año tras año llegando en el 2001 a representar 2,6 por ciento del PBI y fue sufragado por las provincias (58 por ciento) y la Nación (42 por ciento), ya que la brecha fue cubierta con detracciones de la masa coparticipable. El promedio del déficit de la Nación entre 1995 y 2001, que fue de 1,8 por ciento del PBI, habría sido de uno por ciento si no se hubieran derivado aportes a las AFJP. Más llamativamente, el déficit fiscal del conjunto de las provincias que fue del 1,1 por ciento del PBI, habría sido nulo”.

Por último, y para sellar su futuro así funesto, la gente ya no confía en ellas, como lo muestra cualquier encuesta de opinión desinteresada.

Así las cosas, su mantenimiento a mediano plazo no tiene lógica alguna, ni fiscal, menos previsional o económica. Para la mayoría de los argentinos no hay ahí un “vigoroso mercado de capitales en formación”, como se parloteaba en los mentideros económicos en los años noventa, sino una timba que agoniza.

Por qué entonces el gobierno nacional, al igual que lo hizo con las leyes de impunidad, no aprovecha el debate abierto estos días por el fallo ejemplar de la Corte Suprema e inicia ya un proceso de transición hacia la futura desaparición del sistema de capitalización privado, permitiendo a la brevedad posible la vuelta al Estado –y será un retorno masivo sin duda– de quienes optaron por capitalizar sus aportes en una fracasada AFJP?

Por qué el Gobierno, como oportunamente lo decidió frente al incumplimiento contractual de empresas privatizadas, no inicia ya el fin del nefasto ciclo de la capitalización previsional privada, creado bajo la presión del gobierno menemista, las patronales en complicidad con algunos gremios y un tramposo mecanismo de traspaso que ante la falta de opción explícita enviaba al trabajador al sistema privado o, en todos los casos, bajo los efectos de la publicidad engañosa típica de la zaraza neoliberal?

* Director Consultora Equis.