El superávit fiscal primario (antes del pago de intereses) alcanzó en febrero los 1967,7 millones de pesos, unos 63,5 millones de pesos más (3,3 por ciento) en relación con igual mes del año pasado. Sin embargo, en febrero se contabilizaron dentro de los ingresos 1009 millones de pesos provenientes de las rentas obtenidas por el Banco Central en 2006, por la inversión financiera de las reservas. El año pasado, ese “adelanto de utilidades” había sido incluido en el mes de marzo. En febrero, los gastos totales superaron los ingresos, confirmando que el Gobierno planea poner más dinero en la calle (en obras públicas y jubilaciones) en el año electoral.

Durante la presentación de los números, en la Casa Rosada, la ministra de Economía, Felisa Miceli, se preocupó por aclarar que las cuentas fiscales siguen en línea con las previsiones. “El superávit de 1967 millones de pesos es superior en un 3,3 por ciento con relación al superávit del mismo mes del año anterior y está tres millones por encima del superávit proyectado en el Presupuesto. Estamos cumpliendo con la previsión, tanto en los ingresos como en el gasto público”, afirmó.

En realidad, si se descontaran los 1000 millones de ingresos por las utilidades del Central, el resultado operativo mostraría en febrero una fuerte caída en relación con febrero del año pasado. El mes pasado “los gastos totales se incrementaron un 34,8 por ciento y los ingresos totales, un 32,2 por ciento”, explicó la ministra. Es decir, pese al fuerte aumento de la recaudación tributaria, el gasto público crece todavía más, achicando el importante superávit fiscal que muestran las cuentas públicas en los últimos tres años. A priori, no es una mala señal, si se considera que los recursos que le quita el Estado a la sociedad vía impuestos la idea es que vuelvan a los contribuyentes en servicios como educación, salud o seguridad. Sin embargo, en el año electoral la estrategia da lugar a suspicacias.

“Desde el punto de vista del gasto, el mayor incremento está en las transferencias de capital a las provincias, fundamentalmente, para financiar planes de vivienda y también el aumento de erogaciones directas de capital en función de las importantes obras de infraestructuras que se están ejecutando en el país”, describió Miceli. Según la ministra, el aumento del gasto se explica principalmente por las obras públicas, que se ejecutan a través del Ministerio de Planificación, que conduce Julio De Vido. Tal repartición cuenta para este año con un presupuesto record del orden de los 15.000 millones de pesos.

Las planillas distribuidas por la Secretaría de Hacienda confirman esa aseveración. Pero sobresale también el incremento del gasto en seguridad social. En el primer bimestre del año, los fondos destinados a “prestaciones de la seguridad social” crecieron un 64,4 por ciento, en relación con igual período del año pasado, debido a “las nuevas prestaciones originadas en el régimen de jubilación anticipada y moratoria previsional (Ley 25.994)”, y las subas dispuestas en junio y enero últimos. En cuanto a los “gastos de capital”, que se incrementaron un 52 por ciento, se destacan las obras a cargo de Vialidad Nacional y las transferencias a provincias para el Programa de Desarrollo Urbano y Vivienda.