El ministro de Planificación, Julio De Vido, y su par boliviano de Hidrocarburos, Carlos Villegas, acordaron ayer en Santa Cruz de la Sierra el cronograma para la construcción del Gasoducto del Nordeste. En junio se realizará el llamado a licitación y en octubre comenzarán las obras. El objetivo de ambos países es finalizar el primer tramo en diciembre de 2008 y concluir la obra en el último trimestre de 2009, fecha en que Bolivia debería estar en condiciones de cumplir con la entrega de 27,7 millones de metros cúbicos diarios de gas, casi cuatro veces más de lo que se importa actualmente.

Más allá de las fechas anunciadas, la reunión de ayer buscó darle impulso a la obra en medio del debate generado en Bolivia por los contratos de producción de gas que firmó el gobierno de Evo Morales con las principales multinacionales del sector, los cuales siguen sin ser refrendados por el Congreso boliviano debido a supuestas irregularidades.

De Vido destacó la presencia en el acto de ayer de gerentes de varias petroleras lo que, según dijo, “permite entender que hay un compromiso para desarrollar las reservas de gas necesarias”. Consultado sobre los problemas surgidos en la renegociación de los contratos de producción, el ministro agregó que “no hay zozobra” y que comprende los cambios que se están produciendo.

Por su parte, Villegas destacó que se hubiera puesto fecha a las actividades y dijo que eso muestra los avances de la nacionalización de los hidrocarburos, decretada en mayo de 2006 por el gobierno de Bolivia. El funcionario agregó que los convenios son una “evidencia para todas las empresas petroleras que operan en Bolivia de que no sólo hay voluntad política de los gobiernos sino además decisiones contundentes”. Los acuerdos también fueron suscriptos por el presidente de Enarsa, Exequiel Espinoza, y por el nuevo jefe interino de la estatal YPFB, Guillermo Aruquipa, que asumió el cargo el pasado viernes en reemplazo de Manuel Morales Olivera, quien dejó el puesto en medio de un escándalo por supuestos errores cometidos por la cúpula de la empresa en la aprobación legislativa de los nuevos contratos petroleros.

El gasoducto tendrá una extensión de 1520 kilómetros y un costo estimado de 1500 millones de dólares, a los que se le sumarán otros 400 millones destinados a una planta de separación de gases en Bolivia. El gobierno argentino busca agilizar su construcción para intentar dejar atrás los problemas generados por la escasez de energía en los últimos años.