La tentación era demasiado grande como para resistirse. Por qué pagar el impuesto a las Ganancias si podían dejar de hacerlo. Por qué ser los únicos de toda la Justicia del país en afrontar esa carga. El Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires se cansó de darle vueltas al asunto: acaba de dictar una resolución que disminuye drásticamente los descuentos salariales para cumplir con el tributo a los integrantes del cuerpo. Y con ello, se apagó la última lucecita de equidad entre los miembros del Poder Judicial de todo el país con el resto de los ciudadanos. El organismo era el único de ese ámbito que aceptaba pagar el impuesto más progresivo de la estructura tributaria como el resto de los argentinos.

El privilegio para jueces, fiscales y demás miembros de la Justicia fue estimado por el Ministerio de Economía en 100 millones de pesos el año pasado. Fue lo que se ahorraron de pagar por la eximición de Ganancias. Es un beneficio que se encuentra firme desde 1996, cuando la Corte Suprema firmó una acordada que dirimió una antigua controversia sobre si correspondía o no que los magistrados liquidaran el tributo. La ley que lo regula no admite excepciones para los integrantes de la Justicia. Sin embargo, la mayoría automática, con Julio Nazareno como presidente, echó mano a la Constitución nacional para rescatar el principio de “intangibilidad de las remuneraciones” y extender su interpretación al campo impositivo. Los salarios de los jueces no pueden ser disminuidos “de ninguna manera”, y para los supremos de entonces, tampoco con cargas tributarias generales. La intangibilidad de los salarios busca resguardar a los jueces de presiones del poder político, no del pago de impuestos, según cuestionaron en aquel momento organismos como el CELS.

La polémica se extendió en el tiempo. Varios de los actuales ministros del máximo tribunal opinaban antes de asumir el cargo que los jueces deben pagar Ganancias. No obstante, hasta el día de hoy mantienen vigente aquella acordada de los noventa. En abril del año pasado, incluso, tuvieron la oportunidad de expresarse, cuando llegó a sus manos una causa promovida por un magistrado de San Juan, Oscar Gutiérrez, que exigía quedar librado del tributo que la Anses le venía descontando de su jubilación. La única que se expidió fue Carmen Argibay, mientras el resto de los supremos se excusaron por considerarse parte interesada. Argibay sumó su voto a otros seis conjueces que ratificaron la eximición del gravamen para los jueces.

La joven Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, surgida de la reforma constitucional de 1994, supo alguna vez marcar diferencias con el resto de los poderes judiciales del país. A fines de 2002, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, compuesto sólo por los representantes de la Legislatura y del Colegio Público de Abogados, resolvió que los jueces del distrito y demás empleados de tribunales tenían que hacer frente a Ganancias. De inmediato, los magistrados se rebelaron ante la medida y lograron neutralizarla con la presentación de acciones de amparo que los mismos jueces se aprobaron unos a otros. Aun así, era un antecedente importante, un quiebre a la doctrina corporativa para eludir el impuesto.

Dos años después, el mismo Consejo de la Magistratura, que ya había sumado a los representantes de los jueces, anuló aquella resolución. Lo votaron los tres delegados por los magistrados y dos miembros designados por la Legislatura. Ahí empezó otra historia, que acaba de terminar con la nueva votación del Consejo.

Los secretarios, prosecretarios, fiscales y demás subalternos de los jueces de la Ciudad se encontraron pagando Ganancias, cuando sus jefes habían logrado zafar. Fue una revolución: se habían olvidado de ellos. La presión que ejercieron para quedar a salvo del impuesto fue enorme. Finalmente, a fines de 2005, consiguieron que el Consejo de la Magistratura aprobara un desdoblamiento de sus salarios, con lo cual la parte alcanzada por el gravamen se redujo a su mínima expresión. Con ello, la mayoría dejó de pagar Ganancias. Esta vez, los votos en el Consejo fueron, además de los tres representantes de los jueces y dos de la Legislatura, de un delegado por el Colegio Público de Abogados.

“¿Los jueces no pagan, los empleados judiciales no pagan, nadie en el país paga, por qué nosotros sí?”, empezaron a protestar los empleados del Consejo de la Magistratura, adonde hay personal jerarquizado con salarios que rondan los 15 mil pesos. “Si todos los argentinos pagan, por qué nosotros no”, dieron vuelta el argumento algunos integrantes del cuerpo, como los consejeros Diego Mayz Zubiría y María Celia Marsili, quienes habían formado parte de la mayoría que en 2002 impuso la aplicación de Ganancias para la Justicia de la Ciudad.

En esa línea, se destacan los votos del ex ministro de Justicia Horacio Rosatti, y del abogado Héctor Méndez, conjueces que fallaron en la causa del juez Gutiérrez. Para ellos, la exención impositiva de los magistrados viola el principio de igualdad “que rige para todos los ciudadanos”. Para Méndez, tributar no implica “una disminución del sueldo”. Y añade: “Sin privilegios ni tratamientos diferenciales, los jueces verán reforzada su independencia”. Rosatti escribió: “Es posible, necesario e imprescindible que los jueces estén bien retribuidos y que, simultáneamente, paguen el impuesto a las Ganancias, haciendo clara la diferencia entre sufrir un detrimento discriminatorio y pagar un tributo general”.

Pero no fue ésa la postura que terminó por asumir el Consejo de la Magistratura de la Ciudad. En marzo pasado, con el solitario voto en disidencia del consejero Juan Pablo Mas Velez, el organismo resolvió extender el desdoblamiento de los salarios a los miembros del Consejo y a sus empleados. Se crearon las figuras de “dedicación funcional” y “compensación jerárquica” para todas las categorías. Otra vez, esa medida logra eximir a la mayoría del pago de Ganancias. Lo que antes era un salario básico de 1900 pesos, por ejemplo, se convirtió en 305. Los sueldos más altos quedaron prácticamente a salvo del impuesto. A partir de esa resolución, la AFIP ya no contará con los aportes del Consejo. La Justicia de la Ciudad puede decir que en este punto ahora es igual a la del resto del país.