“Fue el primer cuestionamiento a la actuación de la policía después de la dictadura”, dice Ciro Annichiarico, el abogado que junto a León Zimerman –un destacado luchador por los derechos humanos, recientemente fallecido– tuvo a su cargo la asistencia legal de los familiares de las víctimas de la masacre de Budge. Penalista, hoy asesor legal de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Annicchiarico recuerda que si bien hubo muchos casos de abuso policial antes de Budge, “la reacción popular que produjo en el barrio y en la sociedad logró llevar a juicio a los tres policías” autores de los crímenes. Señala además que el caso puso de relieve que en ocasiones “el sistema judicial no cuestionaba o no investigaba” esa forma de accionar policial. En una entrevista con Página/12, el abogado recuerda que fue entonces cuando se acuñó el calificativo de “gatillo fácil” para ese proceder de la policía –en este caso, la Bonaerense–: “Fue en una charla en la Facultad de Derecho sobre la masacre de Budge, en la que Raúl Zaffaroni (hoy ministro de la Corte Suprema) dijo por primera vez la frase que luego incorporaron los medios y la sociedad”. Por último, apunta que en aquellos días un cronista realizaba la primera cobertura policial para Página/12, un diario que nadie conocía y estaba a punto de salir.

–¿Qué significado tiene hoy, veinte años después, un hecho como la masacre de Budge?

–Ese hecho, ocurrido a cuatro años del comienzo de la etapa democrática que empezó en 1983, significó el primer cuestionamiento a la actuación de la policía. Hasta entonces se había cuestionado a las Fuerzas Armadas, se habían impulsado los juicios contra las juntas. Y el caso Budge es el primero en el que el sistema policial, la policía de Camps, era sometida a investigación y cuestionamiento. Porque en el sistema policial estaba intacta la metodología de Ramón Camps.

–¿Puede decirse entonces que hay un antes y un después de ese caso?

–El caso Budge puede considerarse como un caso bisagra, porque si bien habían ocurrido antes hechos de abuso y brutalidad policial, se produjo en ese momento un levantamiento popular y se logró llevar a juicio no sólo a tres policías sino a una forma de procedimiento policial: como en este caso, disparar contra jóvenes desarmados y plantar armas para simular un enfrentamiento. Se puso en evidencia la forma en que actuaba la policía y también la Justicia, que no cuestionaba ese accionar o no lo investigaba. Eso quedó en evidencia en las trabas que tuvimos en la investigación.

–¿Por qué, si esto venía ocurriendo, en Budge se produjo una reacción popular?

–Hubo varios factores. Primero, el cansancio de la gente. Balmaceda (uno de los policías homicidas) era un tipo conocido en Budge, al que se le adjudicaban como cuarenta muertes. Era una especie de matón con uniforme que se paseaba por el barrio y retaba a los chicos que jugaban en la calle. Todo para proteger a los sectores más acomodados del barrio. La gente le tenía miedo, pero a la vez cuestionaba su metodología. Además, el hecho ocurrió a las siete de la tarde, cuando todavía no era de noche y la gente volvía a su casa de trabajar, en una esquina céntrica de Budge. Había mucha gente en la calle y fue a la vista de todo el mundo. Y los chicos eran muy apreciados en el barrio, vivían a la vuelta de la esquina donde los mataron. Lo único que estaban haciendo era tomar unas cervezas. Muchos vieron cómo a Willy Argañaraz lo levantaron vivo, lo cargaron en la camioneta de Balmaceda y luego se escucharon tres disparos.

–Pese a todas esas evidencias, no fue fácil llevar a los policías a juicio.

–No, porque el juez (de Lomas de Zamora, Juan Carlos) Rousseau, que estuvo a cargo de la instrucción, había calificado la causa como homicidio en riña. Y por eso los acusados quedaron en libertad. Se había formado la comisión de Amigos y Vecinos de las víctimas, que eran los encargados de reunir las pruebas y buscar a los testigos. El apriete policial fue terrible. Toto Zimerman, que no era un abogado penalista, pero tenía una trayectoria en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, me vino a buscar y los dos nos comprometimos con el caso. En ese momento, el secretario del juzgado era el doctor Ferreiro Pella, que hoy es juez federal. Me acuerdo que hasta nos obstaculizaban la vista del sumario. Se adulteraron las autopsias y hubo que exhumar el cuerpo de una de las víctimas, que había sido trasladada a un cementerio de Tucumán. El juez también negó nuestro pedido de reconstrucción del hecho, y entonces convocamos a actores profesionales –entre ellos recuerdo a Onofre Lovero– para hacerla nosotros, como un acto simbólico de protesta.

–¿Cambió la policía a partir de ese hecho?

–No, porque hubo que esperar diez años para que se interviniera la Bonaerense (después del asesinato de José Luis Cabezas). En 1987, en la provincia gobernaban los radicales y ese año ganó las elecciones a gobernador Antonio Cafiero, que nombró como ministro de Gobierno a Luis Brunati. Brunati tuvo una intervención valiente, pero duró solo cuatro meses. El cuenta que después que asumió la plana mayor lo invitó a una cena y allí le preguntaron cuánto quería. Es que la recaudación siempre subió hasta el nivel político. Pero él reaccionó descabezando a toda la cúpula. Era puro voluntarismo: no era un especialista en seguridad sino un militante progresista. Le hicieron la vida imposible y tuvo que renunciar. Después, todo siguió como antes.

–La clase política no reaccionó...

–Es que la política siempre se alimentó del sistema policial. Recién con la gestión de Eduardo de Lazzari (hoy ministro de la Suprema Corte) y de Arslanian se tomó el tema de la reforma policial como una política de Estado.

–¿No se terminó entonces la policía del gatillo fácil?

–No. Sigue existiendo. Es cierto que se ha definido un modelo nuevo de policía, con ámbitos de investigación más serias. Pero en la Secretaría de Derechos Humanos nos llegan muy seguido denuncias de abuso policial de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias. Basta recordar el caso de la comisaría de Florencio Varela, donde golpearon a una detenida hasta la muerte, y el crimen reciente de un testigo de ese caso. Los procedimientos policiales de hoy siguen siendo de características abusivas. Basta ver ese programa de TV escandaloso que se llama Policías en acción, donde se ve cómo la policía rompe puertas innecesariamente y se tirotea en lugares donde hay público, en contra de lo que dice la ley.

–En relación al tema seguridad y respeto de los derechos humanos, ¿la sociedad cambió en estos 20 años?

–La sociedad cambió en el sentido de que se reconoce el valor de vivir en democracia: pero hay cierta confusión cuando se enfrenta a la seguridad con los derechos humanos, cuando la seguridad también es un derecho humano. No son conceptos enfrentados. Aquí hay una responsabilidad de algunos funcionarios y de algunos medios, que utilizan la información para sacar algún rédito o buscar impacto.

–Por último, en lo personal, ¿qué significó Budge para usted?

–Tanto para mí como para Toto Zimerman fue nuestro bautismo de fuego en casos de violencia policial. Yo tenía una trayectoria en defensa de causas sociales, pero nunca en hechos de esta envergadura. Este caso, seguramente, marcó mi interés posterior en temas vinculados con la seguridad y los derechos humanos.