Un total de 163 mil trabajadores que hasta ahora estaban afiliados a las AFJP pasaron ayer al sistema de reparto. Son docentes primarios y secundarios, jueces, diplomáticos y científicos que se jubilan por un sistema especial. En la cuenta de la Anses en el Banco Nación se empezaron a acreditar los 1700 millones de pesos que esos trabajadores tenían ahorrados en las administradoras. Esos traspasos se suman a los ya 450 mil trabajadores que optaron por abandonar las AFJP para regresar al régimen de reparto.

Salvo que expresen lo contrario, los trabajadores con regímenes de jubilación especiales están obligados a pasarse al Estado. Los fondos acumulados pasan a las cuentas públicas en especies, es decir en acciones, títulos públicos y depósitos, entre otras inversiones financieras. Los docentes primarios y secundarios, jueces, diplomáticos y científicos tienen derecho a una jubilación de entre 82 y 85 por ciento de su salario cuando eran trabajadores activos. Ese haber debería ser móvil, aunque en la práctica no está definido el índice de actualización. Como contraparte, se les descuenta un 13 por ciento de su salario, dos puntos más que el resto de los aportantes al sistema público de jubilaciones. A partir del mes que viene, la Anses recibirá, además, el flujo de aportes de los 163 mil trabajadores que se traspasaron.

Esa mudanza quedó establecida en la última reforma jubilatoria, que tiene como principal pilar la posibilidad de que los afiliados a las AFJP puedan pasarse al sistema de reparto, y tomó en cuenta dictámenes tanto de la Corte Suprema como de la Procuración General sobre la vigencia de los regímenes especiales. Hasta anoche, y de acuerdo con los datos informados por Anses, lo habían hecho 432.200 personas. Para tomar la decisión hay tiempo hasta fin de año.

Los 1700 millones de pesos que ingresan ahora al Estado lo hacen como “Contribuciones a la seguridad social” y podrán ser computados por el Gobierno como parte del superávit fiscal. Habrá otras entradas extraordinarias. En julio se aguardan alrededor de 4000 millones de pesos provenientes de las mujeres de más de 50 años y de los hombres de más de 55 que tienen acreditados menos de 20 mil pesos en sus cuentas de capitalización. A menos que se expresen por lo contrario, esas personas están obligadas a pasarse al sistema de reparto. El Estado, a su vez, les garantizará una jubilación mínima.

El Gobierno asegura que utilizará los recursos para hacer frente a las jubilaciones y pensiones futuras. Y también para abonarles a 1,3 millón de nuevos jubilados que se plegaron a la moratoria y perciben, en promedio, 250 pesos mensuales. Son 4200 millones de pesos anuales. Un monto que se ampliará dentro de cinco años, cuando esas personas dejen de pagar la moratoria y cobren la jubilación mínima completa.