La falta de seguridad vial –principalísima causa de muerte y discapacidad en la ciudad de Buenos Aires y en el país– no ocupa un lugar destacado en la presente campaña electoral porteña, pero esto no debiera atribuirse a mera negligencia de los distintos candidatos: el tema puede resultar “piantavotos”, ya que enfrentar la inseguridad vial requiere instrumentar, para los infractores a las normas de tránsito, sanciones efectivas, que la denominada “opinión pública” no vacila en repudiar. Este rechazo –más virulento durante los primeros meses, hasta que el plan de seguridad vial demuestra su eficacia– queda testimoniado en experiencias relativamente exitosas como la de Rosario (ver Página/12 del 11 de enero de 2007).

Por una parte, esto muestra cómo el tema de la inseguridad vial, como otros que suelen dejarse por fuera del análisis político, puede arrojar una luz distinta sobre ciertos estereotipos: en este caso, el que considera a “la gente” como víctima siempre inocente, una especie de gran bebote inerme presa de “los políticos” astutos y corruptos. Tal vez sea así en otras cuestiones, pero, puesta ante un volante, “la gente” suele actuar con una suerte de necedad astuta, dispuesta a preservar la prerrogativa de infringir las normas, contando con la impunidad o con la corrupción de la autoridad a cargo y amparada en la convicción de que, llegado el caso, la víctima del choque y el “asesino al volante” siempre serán otros.

A la vez, el caso muestra cómo una concepción de la política que se aferre al día a día de las encuestas de opinión dejará siempre de lado toda cuestión como la de los choques viales, donde la respuesta eficaz esté lejos de incrementar instantáneamente los índices de popularidad.

Así las cosas, no sorprende que el único proyecto de seguridad vial sostenido en los últimos tiempos provenga de un funcionario cuyo lugar está menos sujeto a los vaivenes inmediatos de la opinión pública, como lo es el defensor del Pueblo de la Nación, Guillermo Mondino. Si bien su proyecto de Iniciativa Popular todavía no se atreve a mencionar una cuestión central –la implantación de un sistema de sanciones basado en suspensiones progresivas de las licencias de conducir–, acierta al plantear requerimientos básicos que siguen incumplidos en la Argentina, como la puesta en marcha del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito, la unificación del sistema para otorgar licencias de conducir en todo el país y la implantación de un plan nacional de educación vial.