Volatilidad económica y perfil productivo

Si algo ha caracterizado a la evolución histórica de nuestra economía han sido sus amplios vaivenes, con recurrentes ciclos de euforias y depresiones. A pesar de ello, varias generaciones argentinas vivieron con la sensación de estar participando de la gestación de un gran país. En algún momento de nuestra historia, este convencimiento colectivo llegó a ser tan sólido que hasta se mantuvo relativamente indemne a pesar de las frustraciones reiteradas. Desde 1885 hasta la actualidad la Argentina ha tenido una expansión anual promedio de 3,2 por ciento. Este crecimiento promedio enmascara la gran cantidad de episodios recesivos que hemos sufrido, más que cualquier otro país de mayor o igual nivel de desarrollo. Desde aquella fecha en adelante, la Argentina ha estado en recesión el 30 por ciento del tiempo, es decir uno de cada tres años. Esta patología pendular se ha visto agravada en tiempos recientes. En las últimas tres décadas la economía no sólo fue más volátil (tuvo 14 recesiones), sino que además sufrió una pérdida acumulada del 56 por ciento del PBI (la suma de las variaciones negativas).

Esto explica por qué la Argentina tiene casi el mismo ingreso per cápita que en 1974. En este mismo lapso, Chile tuvo sólo tres recesiones y Brasil cuatro, con pérdidas acumuladas de 18 y 8 por ciento del producto, respectivamente. El comportamiento pendular de la economía, al que lamentablemente ya parecemos habernos acostumbrado, posee implicancias muy amplias, que exceden lo estrictamente económico y alcanzan lo político y social. El impacto político se puede observar en la elevada inestabilidad institucional y en la falta de una visión de largo plazo de nuestros gobernantes. Pero, ¿cómo pensar en el largo plazo cuando la estructura es oscilante y los problemas del día a día requieren de una solución inmediata por parte del Estado?

La degradación social se manifiesta en el deterioro que ha sufrido la distribución del ingreso en los últimos 30 años, un aspecto fundamental que históricamente había diferenciado a la Argentina del resto de América latina. Mientras que hoy tenemos el mismo PBI per cápita que hace 30 años, la distribución del ingreso fue empeorando casi en forma ininterrumpida. Esto implica que tenemos la misma cantidad de recursos por habitante que hace tres décadas pero mucho peor distribuida. Es evidente que los costos de las diferentes crisis no fueron afrontados de igual forma por todos los estratos sociales, sino que fueron los sectores de menores recursos los más afectados.

Las consecuencias de la volatilidad económica sobre la actividad productiva presentan diferentes aristas. Por un lado, impide la consolidación de un empresariado nacional pujante con vocación de invertir en el país. Cuando los riesgos de un negocio no son los inherentes a la actividad, sino que escapan de lo que se encuentra bajo el control del empresario, llevar adelante tareas productivas se torna un verdadero calvario. Las pequeñas y medianas empresas resultan particularmente afectadas, ya que no sólo deberían ser el principal sujeto de políticas permanentes que las pongan en pie de igualdad para competir con las grandes empresas sino que son quienes menos capacidad poseen para prevenir y cubrirse ante las crisis. Ello podría explicar por qué la Argentina tiene altas tasas de nacimiento y mortandad de sus pymes.

Por otro lado, se dificulta la asociatividad entre sectores y el desarrollo de cadenas de valor, ya que cuando la economía es altamente inestable y no existe previsibilidad difícilmente pueden madurar las relaciones entre las partes interesadas. Naturalmente, tampoco es posible que se desarrolle en este ambiente una verdadera cultura del crédito. Tras haber sufrido varias crisis bancarias, los ahorristas eligen depositar a corto plazo y preferentemente en moneda extranjera, si es que no buscan refugio en algún otro lugar que esté exento de los vaivenes domésticos. Por su parte, los bancos no profundizan lo suficiente el negocio crediticio de largo plazo y buscan nichos que sean rentables en forma rápida, aplicando tasas de interés muy altas para la actividad productiva. Podemos encontrar aquí el motivo por el cual nuestro sistema financiero no es lo suficientemente profundo, cuando lo que se necesita es un sistema bancario que financie las inversiones necesarias para ampliar la capacidad productiva del país. A su vez, este comportamiento ciclotímico de la macroeconómica dificulta la institucionalización de cualquier política productiva que contemple el largo plazo. Las políticas de gobierno se sustentan en la evolución de la economía, por lo tanto si la base es oscilante, la estructura no se puede consolidar y termina derrumbándose. Todo esto contribuye a una indefinición acerca del perfil productivo del país. Es a partir de esta indefinición que surgen dicotomías del estilo campo vs. industria, bienes vs. servicios, proteccionismo excesivo vs. apertura indiscriminada o intervencionismo vs. libre mercado, tan comunes en nuestro país.

La oportunidad para la gestión pública

Como corolario de este diagnóstico, una macroeconomía sólida es una condición fundamental para que la gestión pública comience a tener un rol protagónico que potencie el entorno económico. La actual coyuntura constituye una oportunidad inmejorable en este sentido. Actualmente se cuenta con un tipo de cambio real competitivo y estable, tasas de interés razonables que se sustentan en una fuerte disciplina fiscal. Los resultados de esta nueva configuración macroeconómica se pueden observar en la evolución del sector externo, el regreso del crédito y todo ello con un nivel de inflación razonable. Es una combinación prácticamente inédita en la historia de nuestra economía. Al analizar las salidas de las crisis de los últimos 25 años se puede observar que en todas ellas, tras dos años de crecimiento, la macroeconomía estaba acumulando algún problema (inflación, déficit externo y fiscal, altas tasas de interés, tipo de cambio apreciado) que terminaría luego gestando una nueva crisis.

Por el contrario, tras la última crisis (2001-2002), la economía creció los últimos 3 años a un tasa del 9 por ciento anual, sin incubar inconsistencias macroeconómicas que puedan dar fin a este proceso de crecimiento. Adicionalmente, se han recuperado instrumentos de política económica que están siendo utilizados con sensatez.

Es en este contexto que pueden diseñarse políticas industriales activas que sean eficientes para estimular y facilitar el surgimiento y crecimiento de los sectores industriales con un potencial real, entendidos por aquellos con capacidad de ser competitivos en una economía abierta. Esto no es equivalente a “elegir los ganadores”. Por el contrario, lo que hace falta son políticas transparentes (y financiadas con recursos presupuestarios), que apunten a resolver todas aquellas restricciones a las que se enfrenta la actividad productiva del mundo real.

Esta política activa debe abarcar diversos aspectos vinculados a la producción, incluyendo lo comercial, financiero y la provisión de infraestructura básica. Estas políticas deben ser de carácter general y no dirigidas a un sector en particular. Se trata de que todos los niveles de gobierno faciliten la tarea productiva, suplan falencias informativas y coordinen distintos tipos de acciones. Las cuestiones de detalle son las que finalmente hacen la diferencia y en la Argentina nunca se las han podido encarar en forma adecuada. En materia de comercio internacional, deben resolverse aquellas restricciones adicionales que hacen que la producción doméstica no pueda competir en pie de igualdad con la del exterior. El Estado debe garantizar, mediante provisión directa o a través de privatizaciones o concesiones, una infraestructura sólida y orientada a la producción. Lo mismo ocurre con el acceso a la tecnología y la disponibilidad de mano de obra capacitada.

Más importante aún es la participación del Estado facilitando el acceso al crédito masivo y en condiciones razonables. El crédito es un elemento básico en cualquier economía capitalista, sin él muchas iniciativas no podrían llevarse a cabo. Entonces, es imprescindible contar con un financiamiento competitivo que potencie el capital propio y permita a las empresas competir genuinamente en los mercados internacionales.

El nuevo contexto macroeconómico representa una oportunidad inmejorable también para la banca en general y por sobre todo para la banca pública, dada la baja profundidad que tiene el sistema financiero en nuestro país. La banca pública tiene varios roles que cumplir, pero quizás el más importante sea el de facilitar el acceso al crédito masivo a tasas razonables.

Pese al rol que tienen las pymes en la actividad económica (en la última crisis fueron las impulsoras de la recuperación y concentran prácticamente el 80 por ciento del empleo total), difícilmente acceden al crédito en el sistema financiero, siendo sus principales fuentes de financiamiento la reinversión de sus propias utilidades y el crédito de proveedores. En general los bancos no les prestan a las pymes en condiciones equiparables con las grandes empresas, ya que por falta de información desconocen su rentabilidad y sus riesgos. Las pymes se enfrentan así a un racionamiento del crédito y terminan pagando tasas de interés demasiado altas. En estas condiciones, a las pymes les resulta imposible competir con las grandes empresas.

* Presentación realizada en el seminario IAE-Unsam.