Desde París

Tenga cuidado, lector, la perversión del sistema internacional de seguridad es tal que usted puede figurar, sin que lo sepa, en una lista negra que contiene los nombres de presuntos terroristas. Esa situación absurda es una realidad denunciada esta semana en París por Dick Marty, senador suizo y relator del Consejo de Europa sobre las actividades ilícitas de la CIA. Por segunda vez en el año Dick Marty cambió el ángulo del fusil que apunta a miles de inocentes repertoriados como terroristas o sospechosos de mantener algún hipotético vínculo con organizaciones terroristas internacionales.

El senador había presentado en abril pasado un informe escalofriante sobre las cárceles secretas de la CIA en Europa, particularmente en Polonia y Rumania. Marty había revelado que entre 2003 y 2005 la CIA utilizó centros clandestinos de detención en esos dos países en el marco de un programa de la agencia de inteligencia norteamericana que apuntaba a “matar, capturar y detener” a personas sospechosas de lazos con el terrorismo. El texto, que había provocado un gran revuelo, reveló que esa cooperación había sido posible gracias a un acuerdo pactado el 4 de octubre de 2001 entre Washington y sus aliados de la OTAN. Siete meses después de haber presentado ese informe, Dick Marty vuelve a la escena con otro documento espeluznante sobre los estragos del sistema de listas negras de terroristas utilizado por la Unión Europea y las Naciones Unidas.

El relator del Consejo de Europa, que hizo aprobar su informe por la Comisión Jurídica de la Asamblea Parlamentaria del Consejo, estima que esas listas constituyen una violación flagrante de los derechos al tiempo que suelen contener a menudo casos dignos de una novela de Kafka: “La práctica actual de las listas negras pisotea los derechos fundamentales y le resta credibilidad a la lucha internacional contra el terrorismo”, dijo Marty. Para el senador suizo, esas listas negras de supuestos terroristas o afines representan un “desvío peligroso de las democracias occidentales hacia lo arbitrario” al tiempo que “emiten un mensaje devastador al resto del mundo”.

Los casos analizados por Dick Marty son por demás elocuentes: existen personas inscriptas en las listas negras que están ahí sólo por vagas sospechas, los acusados ni siquiera están al corriente de que figuran en las listas y suelen enterarse sea por casualidad, sea cuando intentan cruzar una frontera o abren una cuenta bancaria. Las consecuencias suelen ser dramáticas para los individuos implicados. La descripción del esquema de las listas muestra la arbitrariedad policial y administrativa con que un individuo puede convertirse de un día para otro en un peligroso terrorista. Marty cuenta: “Muy seguido, un país propone incluir una persona en la lista sin informar en detalle al comité de sanciones las razones por las cuales la persona debe figurar. El comité da su acuerdo sin escuchar y sin siquiera informar al interesado”.

Este mecanismo demente lleva a que el senador suizo constate que “hoy, un asesino en serie tiene más derechos que una persona inscripta en una lista negra”. En la actualidad hay unas 370 personas y 125 empresas nombradas en la lista negra de las Naciones Unidas. La de la Unión Europea contiene 60 y consta de 26 individuos y 28 organizaciones como los Mujaidines del Pueblo, el grupo fundamentalista palestino Hamas o los separatistas vascos de ETA. La lista negra de la ONU es elaborada por un comité con sede en Nueva York. Ese ente, llamado Comité 1267, fue creado en 1999 con el fin de supervisar la aplicación de las sanciones impuestas al régimen afgano de los talibán. Luego, el sistema se extendió a todos los individuos u organizaciones asociadas a la red Al Qaida.

La UE tiene un sistema similar pero su modelo operativo es distinto, al menos desde el pasado mes de abril. La Unión Europea decidió informar a los sospechosos presentes en las listas y ello permite que éstos pidan explicaciones y sepan por qué figuran en la lista y por qué se les han bloqueado sus haberes (destino común de todos los listados). Dick Marty cita el caso kafkiano del hombre de negocios italoegipcio Yussef Nada. Yussef Nada es miembro del movimiento panislamista de los Hermanos Musulmanes. Ello le valió una costosa sospecha: haber financiado los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos. Al cabo de cuatro años de investigación la Justicia suiza probó que Yussef Nada era inocente. Sin embargo, Nada permanece incluido en la lista negra de terroristas, todavía no recuperó sus bienes y tampoco puede viajar. El relator suizo observa que es prácticamente imposible que un inocente sea retirado de la lista.

Para poner fin a esas prácticas, Dick Marty propone que una instancia independiente pueda verificar las acusaciones dirigidas contra los grupos o los individuos antes de que éstos integren la lista negra. Es lícito recordar que Marty desempeñó un papel preponderante en los últimos años. En 2005, cuando la ONG Human Rights Watch denunció la existencia de cárceles secretas de la CIA en Europa y el secuestro de sospechosos de terrorismo, el Consejo de Europa le encargó a Marty una investigación al respecto.

En junio de 2006 el magistrado suizo presentó su primer –y explosivo–-informe: 14 países de Europa habían colaborado con la CIA en la transferencia de terroristas y luego en la detención en cárceles secretas. En abril pasado, Marty volvió a la carga, esta vez contra Polonia y Rumania, y también implicó a Alemania e Italia, dos países que hicieron todo lo posible para obstaculizar su investigación. Los tres documentos de Dick Marty prueban que todas las concesiones al derecho y la legalidad hechas por las democracias occidentales fueron recuperadas luego en el monedero de la lucha antiterrorista.