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Uno de los pocos cambios del futuro gobierno anuncia que habrá un megaministerio de Justicia y Seguridad. Su capitán será el actual titular de Interior, Aníbal Fernández, que se llevará consigo a las cuatro fuerzas de seguridad, con las que ya tiene una relación consolidada. Ahora deberá testear cómo conviven su desparpajo habitual y la solemnidad de las togas. Pero el desafío va más lejos. Si la cuestión del delito no acaba por eclipsar todo lo demás –un riesgo evidente y elevado–, el ministro se encontrará con unos cuantos problemas de arrastre, que atañen bastante más que a la familia judicial: casi 200 jueces sin nombrar; cárceles superpobladas; maltrato y torturas a los presos en el Servicio Penitenciario Federal; un reclamo de autonomía presupuestaria de la Corte Suprema; juicios penales que llegan a durar 14 años; la renovación del fuero federal, y eso sólo para empezar.

La Justicia suele tener un lugar reñido en la agenda política. Lo más común es que sea territorio de transformaciones lentas y farragosas, cuando las hay. O aparece en medidas drásticas, como la refundación de la Corte Suprema o la polémica reducción del Consejo de la Magistratura. En las últimas décadas, siempre ha terminado colgada de algún otro ministerio, como Educación o Interior, o asociada a alguna otra especialidad, como Seguridad. ¿Será por su (ganada) fama de casta impenetrable? ¿Por la amenaza de su poder siempre latente? ¿Porque se ha convertido en un laberinto demasiado grande? ¿O por tenerla controlada?

Desde el 10 de diciembre habrá Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Todo junto. Nadie garantiza que esas tres patas cohabiten en paz y tranquilidad. La nueva cartera parece a medida de Fernández, a quien hasta hace unos días muchos vaticinaban fuera del Gobierno. La creencia es que, así, será todo más eficaz, sobre todo las investigaciones.

Jueces en falta. El nuevo ministro tendrá intervención en la designación de tres jueces federales y la mitad de la Cámara del fuero, que son tres camaristas. Todos son puestos decisivos en las causas de corrupción, derechos humanos y narcotráfico. El concurso en el Consejo de la Magistratura para dos cargos de juez lleva más de dos años, y sigue. Como hubo notas muy bajas una comisión revisó la corrección: hace nueve meses dijo que estaba bien. Más de la mitad de 33 aspirantes no llegó a 4 puntos. El secretario que subroga el ex juzgado de Juan Jose Galeano sacó 1. Todavía no hay ternas armadas y el tema no se trata.

El sistema de nombramiento es más transparente que en los noventa, pero los tironeos políticos continúan. Hay espacio para el manejo de los tiempos y la especulación. La Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA) denunció que más de un tercio de las reuniones del año de la Comisión de Selección del Consejo se suspendieron por falta de quórum. Los juzgados vacantes rondan los 200 y las designaciones no avanzan. La misma entidad presentó un amparo para que el Gobierno elija a los jueces de las 70 ternas que tiene cajoneadas hace meses. “El problema es doble: en el Consejo el oficialismo pone trabas, pero una vez que elige a los candidatos la gran demora es del Ejecutivo”, dice el titular de AABA, Beinusz Szmukler, ex consejero.

Para colmo, la Corte declaró inconstitucional el sistema que permitía que cualquiera, con ser abogado e integrar una lista, fuera juez subrogante. Ahora sólo pueden ser jueces en actividad o jubilados. El Congreso no adaptó todavía la ley y tiene plazo hasta mayo. “Toda esta situación conduce a un deterioro de la administración de Justicia. Además, los jueces subrogantes son más dóciles ante cualquier poder que tenga alguna influencia”, agrega Szmukler. No tienen ni las mismas garantías, ni la responsabilidad de un juez titular.

Cárceles al límite. El propio presidente Néstor Kirchner dijo esta semana que mejorar las cárceles es una de las grandes asignaturas pendientes. En lo formal, el Ministerio de Justicia tiene a su cargo las cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y ahora absorberá las comisarías. Según Gustavo Palmieri, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la cartera debería empezar a asumir la situación de los penales provinciales y “mejorar los estándares de condiciones de detención en todo el país”.

Según los datos del CELS, hay cárceles que registran hasta un 150 por ciento de sobrepoblación, como el penal de Olmos, o 144 por ciento, como la unidad 1 de Corrientes. En el penal de Santiago del Estero, donde murieron 35 personas la semana pasada, había el doble de detenidos de los que podía albergar. Todo esto, señala Palmieri, va de la mano de un problema de raíz judicial y procesal que es el alto índice de prisión preventiva: de las 60.621 personas privadas de su libertad, 63 por ciento no fue condenado.

Pero el escenario carcelario es todavía más complejo. La Procuración Penitenciaria presentó la semana pasada un alarmante preinforme sobre torturas en establecimientos del propio SPF. Una encuesta sobre casi 1000 presos (de penales bonaerenses y de máxima seguridad de Rawson, Chaco y Neuquén) revela que los desnudos vergonzantes, las requisas y golpes con lesiones son moneda corriente en unidades tanto de varones como de mujeres.

Palmieri advierte que la gran deuda del Gobierno en materia penitenciaria, aquello que podría garantizar un ojo permanente sobre los derechos de los presos, es “crear de una vez el llamado Mecanismo Nacional de Control al que nos obliga el Protocolo facultativo contra la Tortura que Argentina firmó en 2003”.

Justicia rápida y justa. Alberto Iribarne, ministro de Justicia saliente, dejó mínimas huellas de su gestión. Sólo una tiene alguna chance de recoger el interés de su sucesor y la presidenta electa, Cristina Fernández: un proyecto de reforma procesal (realizado por una comisión experta) que pretende acotar los tiempos de los juicios, convertirlos en procesos casi íntegramente orales, con gran poder de investigación para los fiscales y participación de las víctimas. El texto que fue presentado al Poder Ejecutivo incluso establece límites temporales precisos: ningún juicio, salvo alguno de corrupción o narcotráfico, podría durar más de dos años. Se crearía, además, una nueva Cámara de Casación Penal, sumada a la existente. Un poco de aire fresco a un ámbito más que cuestionado.

El procurador general de la Nación, Esteban Righi, jefe de los fiscales –que serían los grandes protagonistas de este nuevo sistema– ya mandó señales de que solo estaría dispuesto a encarar tamaña empresa si le dan los recursos.

Otra comisión de entendidos, conformada antes de Iribarne, también dejó armado un innovador ensayo de Código Penal. La intención general fue equilibrar las incongruencias en las penas que dejaron las reformas Blumberg (como que los delitos contra la propiedad tengan penas más severas que los delitos contra la vida). E introdujo ideas que hicieron ruido: ampliaba el espectro de abortos legales y despenalizaba la tenencia de droga para consumo personal. Ahí quedó, disponible para el que quiera rescatarlo.

En el juntadero de proyectos nunca concretados pero siempre posibles se agrega el del juicio por jurados, de autoría de la mismísima Cristina. Establecido por la Constitución de 1853 y ratificado en 1984, este tipo de proceso nunca fue implantado en la Argentina.

Plata, plata. En un encuentro de jueces, el mes pasado, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, hizo un reclamo abierto y dirigido al Gobierno en nombre de todos los jueces: dijo que el Poder Judicial no sólo necesita más plata sino autonomía presupuestaria para gozar de real independencia. “Es que si no siempre dependemos de lo que quiera hacer el Poder Ejecutivo en inversiones judiciales y no podemos decidir en qué usar la plata sin pedir permiso”, renueva la queja ante Página/12 el presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo. “Vamos a necesitar el apoyo del nuevo ministro. Nos viene bien un ministro con poder”, celebra.

¿Son compatibles Seguridad y Derechos Humanos? Los organismos de derechos humanos tienden a oponerse a que vayan de la mano, por incompatibilidad de caracteres: es, dicen los más radicales, juntar un símbolo de la represión con sus víctimas. En Justicia Ya!, por ejemplo, se preguntaban esta semana cómo hace la secretaria de Derechos Humanos para denunciar violaciones de las fuerzas de seguridad, si reportan al mismo jefe. Lo mismo dice un camarista que prefiere no decir su nombre respecto de los vejámenes u otras irregularidades en el Servicio Penitenciario. ¿La secretaria de Derechos Humanos no pierde posibilidades de confrontar?, es una pregunta recurrente. En el capítulo de las causas contra represores todavía no se han terminado de encauzar, organizar y agilizar los juicios orales. Desde distintos ámbitos (la Corte, la Procuración y el Gobierno) hay intentos en ese sentido que están en plena etapa de confección.

Impuesto a las Ganancias. Los jueces siguen gozando del privilegio de estar exentos del pago de este impuesto. Ningún ministro o gobierno se ha encargado en los últimos tiempos de promover un cambio en este tema. “Contra lo que ha dicho la Corte y lo que sostienen muchos jueces, lo que viola la Constitución no es que se los obligue a pagar ganancias sino que no paguen”, asegura el profesor de derecho constitucional Juan González Bertomeu, de la Asociación por los Derechos Civiles. “La Corte –agrega– debería derogar una acordada que releva del pago y el Gobierno, por su lado, tendría que promover algún mecanismo de compensación y que tributen como cualquier ciudadano.”