El miércoles se promulgó la Ley de Expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, que habilita la compra de las acciones de la compañía abonando por sus acciones el valor que fije el Tribunal de Tasación de la Nación, organismo que las cotizó entre los 622 y los 832 millones de dólares negativos. Esa misma ley fija un plazo de seis meses para la presentación de un plan de negocios y contempla la posibilidad de analizar los abultados pasivos de las compañías para discriminar entre los “generados por las operaciones normales de las empresas de aquellos que se hubiesen originado en operaciones dolosas o fraudulentas o que tuvieran causa en la mala gestión de los administradores”, lo que abre otro eventual conflicto con Marsans.