El ex agente de la SIDE y de la Policía Aeroportuaria Iván Velázquez, uno de los principales sospechosos del hackeo de e-mails a políticos, funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner, periodistas y artistas, fue detenido en Uruguay, donde se había ido huyendo de la Justicia. Una jueza del país vecino lo indagó y procesó anteayer –aunque no lo dejó preso– por pagar una coima para que una gestora y un policía de la Dirección de Migraciones le consiguieran la residencia. Pero además lo investiga por hacer el mismo tipo de maniobras de espionaje que le descubrieron en Argentina pero sobre dirigentes del Frente Amplio, entre ellos el senador Rafael Michelini, y del Partido Comunista.

Velázquez tiene pedido de captura de la Justicia argentina desde mitad de año, al igual que su compañero Pablo Carpintero. La jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado caratuló la causa que los involucra como “violación de secretos políticos y militares”, debido a que se descubrió que habrían violado sistemáticamente las casillas de correo de funcionarios, algunos de ellos en actividad, como el canciller Jorge Taiana; la ministra de Defensa, Nilda Garré; el ministro de Planificación, Julio De Vido; el gobernador Daniel Scioli, el embajador Héctor Timerman y hasta los secretarios de la Presidenta. Sin embargo, el expediente está paralizado por un conflicto de competencia y los tribunales de Uruguay consiguieron resultados primero: Velázquez quedó procesado esta semana no por los delitos que le atribuyen en Argentina, sino por los que le adjudican en territorio oriental. Su coequiper por ahora está desvinculado.

A dúo, Velázquez y Carpintero había publicitado su mudanza a Uruguay a fines de abril, después de que se conoció un informe de la empresa Telmex (proveedora de servicios informáticos) que los vinculaba con un intento de hackeo a la cuenta del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Para ese entonces, además, fueron separados de sus cargos en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Ellos dijeron en una carta a los medios que los perseguían por una vieja interna en la SIDE y que habían decidido marcharse porque sus vidas corrían peligro.

En Uruguay les hicieron seguimientos, con colaboración de la central de espías argentina. En el plano judicial, la punta del ovillo que llevó a los investigadores a dar con Velázquez fue una causa sobre tráfico de cientos de personas desde la India y emisión de visas falsas. Apareció vinculado a una gestora y un policía de la Dirección de Migraciones involucrados en ese caso. A través de escuchas telefónicas e intervención de e-mails, la jueza penal Graciela Gatti dio por probado que pagó un soborno de entre 350 y 800 dólares para que le consiguieran la residencia en Uruguay. La magistrada también estableció que el policía le proveía a Velázquez información sobre ciudadanos argentinos que ingresaban a Uruguay y, a la vez, hay sospechas de que el ex espía –haciendo uso de sus destrezas informáticas– facilitaba acceso a bases de datos de Argentina.

Los tres fueron detenidos, indagados y finalmente procesados por “cohecho”. Para Velázquez y el policía de Migraciones la jueza añadió el delito de “utilización indebida de información privilegiada”. La fiscalía pedía que quedaran detenidos, pero Gatti les dio la excarcelación. Deben presentarse todos los lunes en el juzgado y cumplir tareas de interés social que les va a dictar el Patronato de Excarcelados. La noticia tuvo impacto en los medios uruguayos, donde diarios como La República y El Observador le dedicaron páginas enteras.

Ahora el juzgado de Gatti profundizará la investigación sobre el phishing a los correos electrónicos de políticos y otros ciudadanos uruguayos. La telefónica Antel y la empresa Microsoft lo habrían denunciado. Cuando la policía allanó la vivienda de Velázquez en Montevideo, le incautó los equipos informáticos y el software para el hackeo. De un primer análisis habría surgido que el ex agente había obtenido e-mails de miembros de la mesa política del Frente Amplio (FA), del senador Michelini, del Partido Comunista y algún periodista. Incluso le encontraron una lista de futuras “víctimas”.

Durante la indagatoria, Velázquez atribuyó su iniciativa por infiltrarse en correos electrónicos a directivas del gobierno argentino. Algo similar había dicho en una entrevista que dio junto a Carpintero al diario Perfil apenas se fueron a Uruguay. Allí sugerían que habían recibido indicaciones para pinchar los e-mails del ex jefe de Gabinete Alberto Fernández y del ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, entre otros. “Nosotros desarrollamos para la secretaría (SIDE) en su momento un software de recepción de correspondencia electrónica orientado hacia la lucha contra el terrorismo fronteras afuera y lo hemos ido perfeccionando. Y cuando decidimos irnos de la SIDE y fuimos a la PSA, hemos aportado esa tecnología y la hemos utilizado”, fue una de sus explicaciones.

La jueza uruguaya requirió informes para saber si Velázquez ingresó a ese país en forma irregular. Como sea que haya entrado, al poco tiempo pidió asilo político. Como entregó datos que prenunciaban un supuesto atentado a la papelera Botnia, consiguió que la Cancillería le diera el beneficio. Luego, por una objeción de la Comisión de Refugiados, le suspendieron su condición de asilado pero entró en marcha un mecanismo de apelación y el tema está indefinido. Esto explica que Interpol no lo arreste aunque esté vigente el pedido de captura de Argentina.

Uno de los últimos movimientos claves que tuvo la causa en Argentina fue el allanamiento no sólo de Velázquez y Carpintero, sino a otros sospechosos de integrar la banda de hackers: el ex jefe de la SIDE de comienzos del menemismo, Juan Bautista “Tata” Yofre, el general retirado Daniel Reimundes (secretario general del Ejército en los gobiernos de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde) y el responsable del portal Seprin, Héctor Alderete. La hipótesis es que vendían la correspondencia y facilitaban operaciones políticas. Funcionarios y personajes de la farándula, como Susana Giménez, reconocieron como propios los e-mails robados. Pero la Cámara de San Martín le ordenó a Arroyo Salgado que se declare incompetente. El martes último la Cámara Federal porteña dijo que la jueza debería seguir actuando. La última palabra la tiene la Cámara de Casación. Igual no se descarta que la magistrada pida la extradición de los hackers.