“Estoy muy agradecido al compromiso de la Legislatura –festejó el gobernador bonaerense Daniel Scioli–, y particularmente a nuestros bloques, por la seriedad y la responsabilidad con que han elaborado este tema, que no es un tema aislado.” El festejo navideño de Scioli se refería a la aprobación de la ley de reforma al Código Procesal Penal bonaerense, propuesta por el Ejecutivo. Nada novedoso. La reforma del CPP provincial de Scioli no quedará en la historia con el pomposo título de la primera, sino como la vigésima reforma en una década, que no hizo más que repetir recetas sin solución. Peor aún, cada una de esas recetas-reforma empeoró lo que decía solucionar. Para los oídos del vecino que reclama seguridad la vigésima prueba “más que un placebo es un remedio con fuertes contraindicaciones”, evaluó Paula Litvachky, directora del Programa de Justicia Democrática del CELS, organismo que la semana anterior, cuando el Senado ya había dado media sanción al remedio, presentó una denuncia ante la Corte en la que señalaba que el entonces proyecto proponía nada menos que desobedecer un fallo de la propia Corte.

Se dijo, Scioli no se puede atribuir originalidad. Carlos Ruckauf, Felipe Solá y l’inyenieri Juan Carlos Blumberg, de una u otra forma, se las arreglaron para meter su baza y dar vuelta al nuevo Código Procesal Penal bonaerense que apenas si tiene diez años y ya sufrió veinte modificaciones. En la provincia de Buenos Aires y en cualquier parte el CPP es el código de procedimientos penales, donde se ordenan pasos, plazos, ritos, derechos y obligaciones de todos los actores de un proceso penal: jueces, fiscales, defensores, víctimas, imputados, investigadores, y todos los que puedan aparecer. En el CPP no figuran los delitos ni sus condenas, sin embargo es capaz de dejar preso de por vida a un inocente.

¿Por qué tantas reformas y repeticiones? A muy grandes rasgos, porque lo que se discute es si durante el proceso se coloca como eje la excarcelación o la libertad, o sea, si el imputado pasa su proceso detenido o en libertad. Que depende según el contexto por el que transita la sociedad. La provincia tiene código desde 1915. El antiguo se mantuvo hasta 1997, cuando se sancionó el nuevo código, de la mano de Alberto Binder y León Arslanian. El antiguo código (sistema inquisitorio) tenía en el centro del proceso al juez, que investigaba y después pronunciaba sentencia. Juez y parte. “La excarcelación era una norma porque se partía como idea de lo normal que el imputado fuera detenido y después podía llegar a disponerse su libertad”, describió Paula Litvachky.

Las ideas modernizadoras, de los años ’60 y ’70 en todo el mundo, en la provincia de Buenos Aires recién empezaron a aplicarse post dictadura. Y llevaron el concepto de la libertad bajo proceso porque hacen eje en la idea de presunción de inocencia, propia de lo que en la jerga se conoce como sistema acusatorio, con más garantías para el acusado. Es curioso que el antiguo código, que daba poderes omnímodos a los jueces y capacidades decisivas a las atribuciones policiales, y que terminaban torciendo la verdad en función de la portación de rostro, no hubiera recibido grandes modificaciones en sus ochenta años de existencia, y la reforma de Arslanian, que quitó esos poderes e intentó equilibrar la balanza del proceso, haya recibido tantas andanadas en tan poco tiempo de vida. “Al minuto y medio que salió ya la estaban golpeando –recuerda Litvachky–. Podríamos decir que en el ’97 y ’98 la reforma de Arslanian invierte la regla y pone la libertad como regla del proceso, y que desató las resistencias de los operadores judiciales, del Estado. La historia de la reforma de la provincia es una historia de resistencias hacia uno y otro lado.”

El eje: el segundo párrafo del artículo 144 de la ley 11.922 disponía: “La libertad personal y los demás derechos y garantías reconocidos a toda persona por la Constitución de la provincia sólo podrán ser restringidos cuando fuere absolutamente indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del procedimiento y la aplicación de la ley”.

Un año después, la ley 12.059 modificaba el capítulo de prisión preventiva y excarcelación. En lugar del tajante “Deberá ser excarcelado...”, se indicó un más moderado “Podrá...”. A principios de marzo del ‘99, la 12.278 agudizó en la misma línea, pero en febrero de 2000 se dictó la conocida como ley Ruckauf (12.405), que estableció mayores dificultades a que el juez dispusiera medidas alternativas a la prisión, y al mismo tiempo estiró o hizo más laxos los plazos de detención bajo proceso. O sea, los acusados que con la Reforma de Arslanian sólo podían permanecer presos sin condena un máximo de dos años, con la Contrarreforma el plazo se hizo menos perentorio, más sujeto a la apreciación judicial. Y el régimen de excarcelación fue modificado de tal forma que sólo estaba permitido en determinadas condiciones.

La falacia de la puerta giratoria quedó demostrada con que las cárceles se inundaron de presos. Después de Ruckauf la provincia avanzó al peor momento carcelario. Hacinamiento y torturas por dentro. Y una curva delictiva que no sólo no decreció como lo prometieron Ruckauf y ahora Scioli, sino que comprometió a la policía en el cuidado de presos en comisarías en lugar de su tarea preventora mientras la curva delictiva siguió en aumento. En abril de 2005 la Corte Suprema, con el fallo Verbitsky, dijo basta y ordenó retornar a la idea de la prisión preventiva como última instancia.

La vigésima re reforma fue aprobada. En un año los expertos estiman que se habrá dado marcha atrás una década. Scioli, entretanto, agradece a sus diputados.