Desde Madrid

El juez Baltasar Garzón dio ayer un nuevo golpe de efecto al declarar extinguida la responsabilidad penal del general Francisco Franco y otros 44 miembros de sus gobiernos y jefes de Falange (partido de extrema derecha), a los que acusaba de “delitos contra altos organismos de la Nación y la forma de gobierno”, así como de “detención ilegal con desaparición forzada de personas”, de más de 100.000 personas, en un marco de “crímenes contra la humanidad”.

El magistrado, en el auto de 152 folios por el que se inhibe en favor de 62 juzgados territoriales, destaca que Franco y los militares golpistas desarrollaron una “actividad criminal planeada y sistemática de desaparición y eliminación de personas por razones ideológicas”, lo que constituyó un “crimen contra la humanidad como claramente se definió en el Estatuto y Tribunal de Nuremberg”, que recogieron y sistematizaron el derecho preexistente y lo aplicaron en los juicios contra los nazis, tras la derrota de éstos en la Segunda Guerra Mundial.

El magistrado, que ya había ordenado la exhumación de 25 fosas comunes con restos mortales de víctimas de la represión ejecutadas por los franquistas, acuerda en su auto inhibirse en favor de los juzgados territoriales en los que se encuentran esas tumbas, entre ellas la del poeta Federico García Lorca, asesinado a comienzos de la Guerra Civil cerca de Granada.

Garzón señala textualmente que “ante unos hechos como los aquí valorados (...) no es lo mismo declarar extinguida la responsabilidad de los principales cabecillas, por fallecimiento, que otorgarles la impunidad, el perdón y el olvido judicial, tildando sus acciones como mera represión política”. “Las víctimas –agrega el juez– no se merecen una resolución que desconozca sus derechos ni la escenificación que cínicamente se está haciendo desde algunos sectores con una frivolidad difícil de calificar, apelando a los más bajos instintos y tratando de resucitar fantasmas de confrontación, cuando tan sólo se pretende dar una respuesta judicial que ha sido demandada dentro del ámbito que se le reconoce a su derecho.”

Garzón considera que “la Justicia debe abordar esa respuesta en forma serena, pero ágil, sin dilaciones que se sumen a los años transcurridos sin la misma y que, eventualmente, puedan imposibilitar esa respuesta”.

Como se aprecia, el magistrado no reniega de su investigación sino que se reafirma en que se debe seguir investigando, porque los secuestros con desaparición de personas y la sustracción de menores a sus padres a los que se dota de identidades falsas son delitos permanentes.

No obstante, al resultar extinguida por fallecimiento la responsabilidad de los autores del plan sistemático de exterminio, asegura que el caso ya no debe continuarse en la Audiencia Nacional, sino en los juzgados de los lugares en los que se cometieron los secuestros y en aquellos que han aparecido fosas con restos humanos. Garzón ha acordado que se les pase testimonio de la causa en formato DVD para que puedan reanudar las investigaciones.

Ahora, serán los jueces territoriales correspondientes los que decidirán si siguen con las investigaciones y con las exhumaciones de cadáveres o si por el contrario archivan los procesos. Seguro que entre los 62 jueces habrá de todo, los que sigan con la causa remitida por Garzón y los que la archiven.

* De El País de Madrid. Especial para PáginaI12.