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El lobby colombiano jugó todas sus fichas en un último y desesperado intento para hacer realidad el Tratado de Libre Comercio (TLC). Anteayer el presidente Alvaro Uribe habló por teléfono con el vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden, y le rogó aprobar el acuerdo antes de fin de año, cuando caduca. Ese mismo día el diario New York Times se hacía eco del pedido colombiano en su editorial: “No lo decimos muy seguido, pero el presidente Bush tiene razón”. Una semana antes, el otro diario más influyente del país, The Washington Post, instaba a los legisladores demócratas a incluir la aprobación del TLC en las últimas sesiones extraordinarias del año. Incluso el presidente norteamericano George Bush hizo fuerza por sus amigos de Bogotá. Según trascendidos en la prensa estadounidense, el mandatario le habría propuesto a Obama incluir el TLC en el temario a cambio de apoyar su nuevo plan de salvataje.

El TLC con Colombia no es el único que le quedó en el tintero a Bush. El Capitolio dominado por los demócratas se negó en estos últimos dos años a ratificar acuerdos con Panamá y Corea del Sur. Sin embargo, ninguno de ellos despierta tanta pasión en la capital norteamericana como el colombiano. En lo que va del año, el gobierno de Uribe pagó más de un millón de dólares a empresas lobbistas para que metieran presión en Washington, todo el tiempo y a todo el mundo.

Esas empresas difundieron las auspiciosas cifras de la política de Seguridad Patriótica de Uribe –la disminución de los asesinatos y los secuestros–, pero no pudieron ocultar las denuncias de las ONG como Human Rights Watch y Amnistía Internacional sobre la represión sistemática de trabajadores sociales, sindicalistas y las desapariciones de jóvenes, campesinos e indígenas, que el ejército luego hace pasar como guerrilleros muertos en combate para engrosar sus “éxitos” militares.

La Casa Blanca y los republicanos están de su lado desde el principio. En abril pasado el presidente Bush envió el TLC al Congreso para su ratificación final. Lo calificó como un asunto urgente que debía tratarse en no más que unas semanas. Pero las encuestas ya reflejaban la ventaja de los demócratas para las elecciones presidenciales. Sintiendo el viento a favor, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, enfrentó al mandatario y congeló la votación hasta próximo aviso.

Desde entonces el gobierno colombiano se desvivió intentando convencer a los demócratas. El presidente Uribe viajó personalmente a DC cerca de media docenas de veces. Para reforzar, todos los meses uno de sus ministros o el vicepresidente hacía una minigira por los despachos de algunos de los legisladores demócratas más influyentes.

En abril pasado el diario Wall Street Journal reveló que el jefe de la campaña de Hillary Clinton durante las primarias, Mark Penn, se había reunido con la embajadora colombiana en Washington, Carolina Barco, para discutir el acuerdo bilateral. Penn era nada menos que el director ejecutivo de la empresa lobbista contratada por Bogotá, Burson Marsteller Worldwide. El vínculo no era nuevo. A finales de los noventa había trabajado para que el gobierno de Bill Clinton y el Congreso apoyaran el Plan Colombia y sus millones de dólares para combatir el narcotráfico y las guerrillas en el país andino.