La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones dictaminó ayer “propiciar” la sanción de una ley que declare de “utilidad pública y sujetas a expropiación” a Aerolíneas Argentinas y Austral, consolidando el marco político para que el Gobierno avance con esta iniciativa. El pronunciamiento fue unánime, aunque con una disidencia expresada por el radical Rubén Lanceta y el macrista Esteban Bullrich respecto de las formas para rescatar las empresas: los opositores sugieren hacerlo selectivamente, recuperando sólo los activos, mientras que el resto impulsa una operación integral, que dejará sobre las espaldas del Estado el millonario pasivo de las compañías. Pero no hay voz parlamentaria que hasta ahora se haya alzado en contra de la recuperación por esta vía más drástica y que podría formalizarse a través de un pago simbólico a los españoles de un peso. A instancia del oficialismo, Diputados ya comenzó a redactar el proyecto de ley sugerido por aquel cuerpo. El Poder Ejecutivo, en tanto, avanza con su propia estrategia para tomar el control total de las líneas aéreas técnicamente en estado de disolución, camino que podría incluir la variante de la intervención judicial.

El dictamen leído a última hora de la tarde por el titular de la Bicameral, Mariano West, no tiene implicancia legal inmediata, ya que sus recomendaciones no son vinculantes, es decir, de cumplimiento forzoso, pero tienen implicancias políticas insoslayables. El pronunciamiento de ayer (al que en el primer momento sólo le faltaron dos firmas) da también la pauta de que se están cumpliendo todos los pasos formales necesarios para tomar una decisión que en el Congreso todos ven como ineludible. Fue, además, corolario de una tarde de sainete.

Después de escuchar al Tribunal de Tasación, al secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y a la Auditoría General de la Nación, los legisladores de ese cuerpo citaron a los accionistas privados para que informaran sobre su posición, irreconciliable con la del Estado. Mientras que el Tribunal de Tasación de la Nación fijó un valor negativo en 622 millones de dólares para las compañías, valuadas por el método del flujo de fondos, el Crédit Suisse las cotizó en un promedio de 350 millones. Así, imposible llegar a un acuerdo de partes para formalizar “la compra de las acciones”, según postulaban los legisladores hasta media tarde.

La convocatoria a los accionistas privados fue dirigida a Horacio Fargosi, presidente de Aerolíneas y vice de Interinvest, la formación jurídica a través de la cual los españoles de Marsans intervienen en la privatizada. Nada hacía presumir que el convite estaba orientado a la persona equivocada, hasta que él mismo fue ayer al Parlamento para explicar que no era el interlocutor apropiado para responder a ninguna pregunta, cosa que debían hacer los apoderados Vicente Muñoz y Eduardo Aranda, no presentes en el lugar.

Así las cosas, los legisladores decidieron pasar a cuarto intermedio hasta mañana a la espera de los voceros con la jerarquía requerida, con lo que el cónclave se terminó expeditivamente. Tan rápido como volvieron a sesionar cuando advirtieron que los visitantes dejaron en la secretaría del cuerpo una nota en la que fundamentaban su rechazo a la tasación oficial. Ese pronunciamiento escrito de la empresa, dejado como un presente por una vía informal, dio lugar a los parlamentarios a considerar que ya no había nada que preguntar a nadie y se reunieron ipso facto para redactar aquel dictamen. En rigor, discutido días antes. Pero apurado por la chicana de los accionistas privados.

El pronunciamiento ratifica en primer lugar el criterio utilizado por el Tribunal de Tasación y los resultados de su trabajo; recomienda al Poder Ejecutivo nacional que “arbitre las medidas para garantizar el servicio público (...) considerando que las diferencias de criterio entre las partes no hace factible el rescate” según los prevé la ley 26.412, que habilita al Estado a comprar las acciones. Finalmente, la Comisión resuelve propiciar la sanción de una ley para expropiar las acciones de Aerolíneas y Austral que podría conducir a formalizar la operación por un valor simbólico de un peso, habida cuenta de que se compra algo con valor negativo.

Lanceta y Bullrich avalaron el texto, salvo en este último punto. Para ellos es mejor rescatar sólo los activos, tangibles e intangibles, dejando el pasivo sobre los españoles. Para los oficialistas, esta vía habría implicado impulsar la empresa a la quiebra y paralizar la operación por un tiempo indefinido, amén que gran parte del pasivo de 1000 millones de dólares es a favor del propio Estado. Pero no hay discrepancias acerca de que ya se agotaron las vías para buscar un acuerdo de partes, sobre la base de un precio consensuado.

Nadie alude, siquiera, al acta acuerdo que firmaron Jaime y los españoles el 17 de julio pasado y que contemplaba zanjar las eventuales diferencias sobre el valor accionario a través de un tercer tasador independiente, que tendría que laudar con un juicio inapelable.

“No puede ser que valga (el acta) para algunas cosas y no para las otras. Si no vale, entonces (Julio) Alak no puede ser gerente”, cuestionaba ayer Jorge Molina, subgerente general y hasta hace días vocero de AA, quien escoltó a Fargosi en la singular visita al Parlamento. Es cierto que, estrictamente, la vigencia del documento expiró en septiembre, pero las partes lo prorrogaron de hecho. Hasta ahora: para Planificación y para el Congreso lo único que talla es la ley de rescate accionario.

Para el directivo de Marsans, todo es una puesta en escena para darle legalidad a la expropiación ya resuelta. “El Congreso puede fijar las pautas para el Estado como comprador. Pero no puede imponernos a nosotros condiciones como vendedores”, acota atinadamente, recordando que siempre queda la vía de reclamar al Estado argentino una indemnización ante el Ciadi.

Mientras, los abogados estatales hacen lo suyo para que la firma hoy cogerenciada por Marsans pueda estar plenamente en la órbita pública, sin ninguna interferencia. Los criterios no son unánimes, aunque ganó cuerpo la idea de invocar la condición de servicio público que tiene la prestación aerocomercial, según el Código Aeronáutico, la ley de recompra de acciones, incluso, la de Abastecimiento. La duda es si esta invocación, y el argumento de que los españoles no garantizan la prestación, es suficiente para que el Ejecutivo intervenga per se una empresa hoy amparada bajo la Ley de Sociedades Comerciales.

En la búsqueda de una cobertura legal apropiada, que minimice el riesgo de un contraataque español en los tribunales, el ministerio de Julio De Vido se estaría inclinando por pedir a la Justicia que ordene la toma de Aerolíneas, Austral y el resto de compañías que integran el grupo privatizado a principios de los ’90 y hoy en miras de reestatización.