El Ministerio de Trabajo está marcando personalmente a los sectores empresarios para evitar que despidan trabajadores. Según indicaron a PáginaI12 desde la cartera laboral, la estrategia consiste en “dialogar” con todos los empresarios y recordarles que está vigente el procedimiento preventivo de crisis. Esto implica que ante cualquier despedido –sea un trabajador o cien– la compañía deberá entregar al ministerio sus últimos tres balances para que el Ejecutivo evalúe si es correcta la cesantía. De no hacerlo, corre automáticamente la conciliación obligatoria. “Estamos implementando esta medida con suficiente dureza para disuadir cualquier acción que ponga en peligro las fuentes laborales”, señalaron a este diario cerca de Carlos Tomada, ministro de Trabajo. Desde la Jefatura de Gabinete ratificaron que analizarán caso por caso a la hora de tomar una decisión, pero reconocieron que, de ser necesaria una medida integral, irían por el lado de los “procedimientos anticrisis”. Guillermo Moreno también está negociando para evitar despidos.

En el Ministerio de Trabajo no quieren hablar de despidos masivos. Le adjudican al sector privado un “estado de psicosis” producto de la crisis financiera internacional, donde muchas empresas aprovecharon para despedir y suspender personal sin justificación. “Los que entraron en psicosis son ellos, no nosotros. Por eso les recordamos que está plenamente vigente el procedimiento preventivo de crisis. Es decir que no pueden echar a nadie sin pasar por el ministerio. Si no nos informan del despido y no presentan sus balances para que podamos analizar la situación, ese despido queda nulo y corre la conciliación obligatoria, ya sea para un trabajador o para cien”, aseguraron a PáginaI12 desde la cartera laboral.

Por diferentes carriles, pero buscando el mismo efecto, la CGT también está mostrando su poder de fuego para frenar a las cúpulas empresarias. Ese es el objetivo del proyecto de ley que está elaborando el diputado y asesor legal de la central obrera, Héctor Recalde. “Más allá de la doble o triple indemnización, hay que evitar que los trabajadores se queden sin empleo. Por eso tenemos que abroquelarnos y defender las fuentes de trabajo y evitar que los sectores más concentrados saquen ventajas de la crisis”, explicó el legislador a PáginaI12.

El abogado de la CGT reconoció que tanto el procedimiento preventivo de crisis del Ministerio de Trabajo como la iniciativa de la central sirven de “dique” frente a los embates del sector privado. “A partir de ambas medidas, el empresariado va a pensar dos veces antes de querer echar a alguien en este momento. Sirven para decirles a los empresarios ‘miren que el Ministerio y la CGT estamos presionando’”, argumentó Recalde.

Los casos de conflictos laborales más notorios son los 1500 empleados suspendidos en frigoríficos del país, la suspensión de actividades que comenzará a realizar FATE a partir de hoy, donde hay 1400 involucrados; más de 1000 trabajadores de la industria automotriz a los que no les renovarán sus contratos o suspenderán y 370 operarios suspendidos por la empresa textil ENOD de La Rioja.

Son señales de alerta de las que el jefe de Gabinete, Sergio Massa, asegura que hay que analizar caso por caso. Pero no dejan de preocupar.

Por eso el seguimiento es diario, donde también interviene el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quien les está garantizando apoyo estatal a diferentes sectores para mantener ciertos niveles de rentabilidad a cambio de que no despidan a ningún trabajador.

La Cámara de la Industria del Calzado estuvo reunida ayer con Moreno, quien se comprometió a negociar con las curtiembres el precio del cuero para zapatos, a cambio de que los fabricantes aumenten su producción. “El 15 por ciento de la manufactura es para el consumo y con la ayuda del Gobierno esperamos subir aproximadamente ocho puntos más”, señaló a este diario Alberto Sellaro, presidente de la Cámara, quien garantizó que su sector seguirá dando empleo a partir de la ampliación del mercado interno.