En lo que apunta a ser un verdadero escándalo, la Justicia federal de Tres de Febrero llamaría a declaración indagatoria, como sospechosos, a los tres policías bonaerenses que, supuestamente, allanaron el depósito de San Miguel donde se encontraron 750 kilos de cocaína la semana pasada. El juez Juan Manuel Cullotta, el fiscal Jorge Sica y los efectivos antidrogas de la Policía Federal quedaron sorprendidos cuando el comisario retirado Alberto “El Patón” Molina, de General Rodríguez, un teniente primero y un agente llegaron en un auto particular, se pusieron las pecheras y entraron al depósito. De inmediato, por orden del magistrado, también irrumpieron los federales que venían haciendo un seguimiento desde hacía varios meses de dos colombianos y dos mexicanos. Dentro del depósito estaban los mexicanos, sin las esposas colocadas, y los tres bonaerenses sin orden de allanamiento, sin los testigos necesarios, sin máquina de escribir ni computadora ni papel alguno para dejar asentado el procedimiento. Los policías alegaron que la actuación se hizo por indicaciones del juez federal de Campana-Zárate Federico Faggionatto Márquez, pero recién una hora más tarde vino una orden de allanamiento firmada por un secretario y dos horas después la misma orden, esta vez con la firma del juez. Que Cullotta llame a indagatoria a los tres policías deja mal parado a Fa-ggionatto porque se exhibe una nítida desconfianza sobre las verdaderas intenciones de los policías –está la sospecha de que se predisponían a hacer un acuerdo con los narcos– y pese a lo oscuro del procedimiento fueron respaldados más tarde por el propio Faggionatto.

Los datos que surgen del expediente judicial son asombrosos:

- El jefe de Narcotráfico de Campana-Zárate, Honorio Rodríguez, declaró que él no manejaba información alguna de lo que estaban haciendo los tres policías bonaerenses.

- En la causa consta que el teniente primero Ocampo vive en General Rodríguez y el retirado Molina –un polémico comisario– también es de ahí. Ocampo no tenía coche y –según aparece declarado en la causa por otro policía– le pidió al Patón Molina que lo llevara. “Dale, vení que te llevo”, es la frase textual que aparece en el expediente.

- El extraño procedimiento se hizo entonces con un auto prestado y lo protagonizaron un retirado, un suboficial y un agente. PáginaI12 consultó con varios especialistas y jefes policiales en retiro y todos coincidieron en que esa versión no se sostiene de ninguna manera. “Ningún depósito de drogas se allana con tres efectivos, uno retirado y dos de la más baja jerarquía”, resumió un veteranísimo ex comisario.

- El depósito venía siendo vigilado por efectivos de la Policía Federal que siguieron a dos colombianos que le aportaban cocaína a un grupo de mexicanos. Por orden del juez Cullotta no se dispuso el allanamiento porque se esperaba la llegada de más droga. En ese momento estaciona el auto del Patón Molina, los tres bonaerenses se ponen chalecos con las insignias de la Policía Bonaerense y entran al depósito.

- Los efectivos de Drogas Peligrosas de la Federal, a cargo del comisario Miguel Angel Castro, se comunicaron con el juez Cullotta, quien les ordenó entrar al depósito.

- Según está declarado en la causa, los dos mexicanos que se encontraban a cargo de los 750 kilos de cocaína no estaban esposados ni contra la pared, sino sentados a una mesa. Los policías tampoco estaban en una actitud acorde con semejante procedimiento: el Patón Molina tenía los dos pasaportes en la mano.

- Preguntados por los federales y luego por un funcionario judicial, los bonaerenses dijeron que actuaban por instrucciones de Faggionatto Márquez, pero que no tenían orden de allanamiento. Tampoco habían convocado a testigos, algo imprescindible para que el procedimiento tuviera validez. Los bonaerenses carecían de máquina de escribir o computadora para redactar la supuesta acta y ni siquiera contaban con papel.

- El jefe de Narcotráfico de la Bonaerense en Zárate-Campana, comisario Honorio Rodríguez, es quien trabaja en todas las diligencias con el juez Faggionatto Márquez. Por ejemplo, es quien hace los allanamientos en el expediente de la llamada Ruta de la Efedrina. Sin embargo, ante el juez Cullotta declaró que los tres policías no trabajaban para él, “no manejo la información que ellos tenían, yo no sabía nada de nada”, sostuvo en la causa judicial. Según parece, el teniente primero Ocampo y el agente Portillo reportan a La Plata directamente.

- Aun así, en el juzgado de Tres de Febrero afirman que tampoco la situación de Honorio Rodríguez es clara. Sucede que, aparentemente, fue él quien le pidió la orden de allanamiento a Faggionatto, pero resulta extraño que el trío lo haya llamado a Rodríguez y que éste, sin verificar nada de nada, con sólo el retirado, el teniente primero y el agente en el lugar, le haya pedido la orden de allanamiento al juez de Campana-Zárate.

- Después de la irrupción de los federales y cuando ya la situación iba camino al escándalo, apareció primero una orden de allanamiento firmada por un secretario del juzgado de Campana-Zárate y dos horas más tarde Faggionatto mismo le envió un original, con su firma, al juez Cullotta. Lo curioso es que la orden de allanamiento no es tal, no dice que el lugar debe allanarse, sino que habla de un secuestro de estupefacientes. Además, en la Justicia de Tres de Febrero están extrañados: hasta el día de ayer, el juez Faggionatto Márquez no había pedido la detención y la declaración de los dos mexicanos detenidos en el procedimiento que se hizo también por orden suya.

Los integrantes de Drogas Peligrosas señalan que la información original de la causa que instruye Cullotta surgió de la DEA norteamericana. Se hizo el seguimiento de dos mexicanos que les compraban sucesivos embarques de cocaína a dos colombianos. Actualmente están detenidos en ese expediente los dos mexicanos que se encontraron en el depósito y tres bolivianos, mientras que los colombianos están prófugos. El dato de la DEA fue aportado en septiembre y desde hacía varios días Drogas Peligrosas monitoreaba el depósito.

La versión que corrió ayer es que los tres policías –el retirado y los dos de baja graduación– serán llamados a prestar declaración indagatoria sospechados de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y violación de domicilio. Esto último porque el allanamiento no tenía ningún viso de legalidad. Lo cierto es que la principal sospecha es que buscaban un acuerdo con los narcos y, en menor medida, una mexicaneada. Por de pronto, en La Plata afirman que el ministro Carlos Stornelli ordenó la inmediata intervención de Asuntos Internos en el caso. Habrá que chequear los horarios y las versiones de cada uno de los protagonistas, federales y bonaerenses.