La discusión por la despenalización del aborto volverá al Parlamento uruguayo. Las bancadas de diputados y senadores del Frente Amplio resolvieron ayer convocar a la Asamblea General para levantar el veto del presidente Tabaré Vázquez, según confirmó a PáginaI12 la senadora oficialista Margarita Percovich, una de las impulsoras de la iniciativa. Aunque ayer no estaba definido, es muy probable que la sesión extraordinaria sea mañana. De todas formas, se estima que el Frente Amplio –coalición que gobierna el país vecino y promotora del proyecto– no llegaría a reunir los tres quintos de los votos de los legisladores presentes que se requieren para dar vuelta la decisión presidencial. Según adelantó Percovich, el bloque del FA, por otra parte, estudia presentar un proyecto alternativo para mejorar la redacción del Código Penal y despenalizar el aborto terapéutico y por riesgo de vida de la mujer, que estaban contemplados en la ley aprobada una semana atrás, pero fueron vetados: fuentes cercanas a Vázquez habrían dado señales de que el presidente estaría de acuerdo con una normativa con esas características.

El aborto en Uruguay está prohibido desde 1938: prevé excepciones, pero rara vez se cumplen en la práctica. El martes de la semana pasada el Senado sancionó una Ley Integral de Salud Sexual y Reproductiva, que incluía la despenalización del aborto hasta las doce semanas de gestación, por razones de edad, económicas y familiares. Y más allá de ese plazo cuando la vida de la mujer estaba en riesgo o se trataba de un feto incompatible con la vida extrauterina. Pero como había anunciado tiempo atrás, Vázquez vetó los artículos vinculados con la interrupción voluntaria del embarazo. Alegó argumentos jurídicos (afecta el orden constitucional, sostuvo), éticos (es un mal social a evitar) y científicos (existe vida desde la concepción). En respuesta recibió una multitudinaria y ruidosa protesta en el centro de Montevideo.

El veto abrió un frente en la interna del gobierno, en momentos en que se está decidiendo la candidatura presidencial con vistas a las elecciones del año próximo.

En el texto enviado al Parlamento el presidente argumenta que el aborto aumentó en los países donde se liberalizó y que la legislación “no puede desconocer la realidad de la existencia de vida humana desde su etapa de gestación”. Apeló además a interpretaciones de pactos y convenciones firmados por Uruguay. “De acuerdo con la idiosincrasia de nuestro pueblo, es más adecuado buscar una solución basada en la solidaridad, que permita promocionar a la mujer y a su criatura, otorgándole la libertad de poder optar por otras vías”, señala el texto.

Lilián Abracinskas, directora de Mujer y Salud de Uruguay (MYSU) y una de las activistas feministas más reconocidas del país vecino, rechazó los fundamentos del veto. “Todos los argumentos que usó son los utilizados en todo el mundo por los grupos más reaccionarios que se llaman ‘pro vida’. Nunca se va a poder saber si después de la despenalización se practican más o menos abortos en un país dado que se trata de una práctica clandestina. En Uruguay, las estimaciones oscilan entre 16 mil y 150 mil al año. Es un argumento falaz. Si no hay otras medidas complementarias como la educación sexual y el acceso a los anticonceptivos, puede aumentar su número después de una despenalización, pero no ocurre eso cuando se trata de una medida en el marco de una política de salud sexual y reproductiva, como se planteaba con esta ley”, señaló Abracinskas a PáginaI12.

Posiblemente mañana, el tema volverá a discutirse acaloradamente en el marco de una Asamblea General, es decir, en una sesión conjunta de diputados y senadores. “El objetivo es dar término al proceso parlamentario”, dijo a este diario ayer Maisa Blengini, secretaria legislativa de la bancada de Diputados del Frente Amplio, poco después de que el bloque resolviera convocar a la sesión, como el lunes acordaron los senadores oficialistas.

La ley se aprobó en Diputados por apenas un voto, 49 a 48. Los votos a favor fueron todos del Frente Amplio. Con ese antecedente, se descuenta que el oficialismo no alcanzaría a sumar las adhesiones que necesita para levantar el veto. Aun con todos los votos de los diputados de FA, el oficialismo no llegaría: requiere diez votos de la oposición. Y el Partido Colorado, que podría ser más afín a la temática, tiene sólo ocho. En el Senado, las cuentas son distintas: en la votación del martes de la semana pasada, cuando tuvo que aceptar las modificaciones incorporadas en Diputados días antes, impuso la ley por 17 votos contra 13. Faltaba un solo senador. De todas formas, los legisladores del FA quiere dejar sentadas sus posiciones.