El ex presidente del Senado boliviano, el opositor José Villavicencio, se pasea ante la cámara a los gritos. “Si Evo quiere sangre, va a haber sangre”, arengaba, mientras de fondo una turba corría a tiros a un grupo de indígenas. Las imágenes se suceden como si fuera un documental, mientras el auditorio en la Cancillería argentina observa en el silencio más absoluto. Una mujer indígena relata la masacre de Pando mirando directamente a la cámara.

Con los ojos nublados por las lágrimas recordó cómo un grupo de “hombres de la ciudad” quemó viva a una de sus compañeras el 11 de septiembre pasado. Al lado del cuerpo calcinado, el bebé de la mujer lloraba histérico –relató–. Envalentonados por los gritos y el descontrol, lo agarraron de las piernitas, lo sacudieron y, como no podían callarlo, le dispararon en la cabeza. “Esto ha sido una masacre. No aceptamos la tesis de un enfrentamiento”, concluyó horas después en diálogo con este diario Rodolfo Mattarollo, el abogado y ex funcionario argentino que encabeza la comisión del Unasur que investiga la masacre, en la que murieron al menos 20 indígenas. Aún se desconoce el número de desaparecidos.

Mattarollo presentó ayer ante el secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde y el ministro de Defensa boliviano Walker San Miguel un adelanto del informe final de la comisión que presentarán formalmente el próximo martes a las 9 de la mañana en el Palacio La Moneda ante la presidenta chilena Michelle Bachelet, quien ejerce la presidencia temporaria del Unasur. La comisión está terminando de redactar el informe final aquí, en Buenos Aires, antes de partir hoy a Santiago.

Hace dos meses los mandatarios de la región le ordenaron investigar qué fue lo que pasó el 11 de septiembre último en el departamento boliviano de Pando. El ex secretario de Derechos Humanos reunió un equipo con profesionales sudamericanos, peritos en balística y el Equipo Argentino de Antropología Forense, y partió hacia el país andino.

Entrevistaron a las decenas de indígenas que sobrevivieron a la masacre, hablaron con los médicos que los atendieron, conversaron durante tres horas y media con el ex prefecto Leopoldo Fernández en su celda de la cárcel San Pedro en La Paz, cruzaron del otro lado de la frontera con Brasil para reunirse con los cívicos opositores que se escaparon después de la matanza y escucharon al gobierno de Evo Morales y a los líderes de la oposición.

Los testimonios no dejan lugar a la duda para Mattarollo. “No fue un enfrentamiento porque la asimetría de fuerzas era evidente”, concluyó. Los indígenas que habían salido a defender el proyecto de Evo Morales tenían piedras y palos para defenderse; los cívicos armas de fuego. “Las fuerzas de seguridad no cumplieron con su tarea. Hay imágenes que muestran a la policía cruzándose de brazos mientras los indígenas son masacrados –dijo Mattarollo y pensó un segundo cómo traducirlo a la experiencia argentina–. Fue sencillamente una zona liberada.”

El ex funcionario argentino no pudo adelantar aún las conclusiones del informe, pero no puede evitar adelantar una de las recomendaciones que le leerá a Bachelet la semana próxima. “Es una contradicción porque, por un lado, pedimos que la Justicia boliviana investigue los crímenes y condene a los responsables; pero, por otro lado, reconocemos que el Poder Judicial allá es débil, no tiene voluntad política ni independencia de los poderes económicos locales –señaló, preparando la mesa para el gran final–. Por eso, recomendamos una reforma judicial de las cortes superiores.”

El video de 20 minutos que se vio ayer en el Palacio San Martín mostraba también el Pando después de la masacre. “Las víctimas todavía están muy conmocionadas, con mucho temor. Esa es una región en donde la presencia del Estado central es casi inexistente. Muchos nos pedían que el estado de sitio se prolongara”, recordó. El gobierno de Morales anunció la semana pasada que levantará el estado de emergencia que impuso el 12 de septiembre este fin de semana. Lo necesita para poder realizar el referéndum constitucional en enero próximo.