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Un jurado estadounidense declaró culpable ayer al traficante de armas sirio Monzer al Kassar, extraditado desde España, así como a un asociado colombiano, Luis Felipe Moreno Godoy, acusados entre otros cargos de haber comprado y exportado misiles antiaéreos para la guerrilla colombiana de las FARC, informó un comunicado oficial.

Se trata de la primera condena en Estados Unidos por tráfico de misiles antiaéreos, destacó el comunicado de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA en inglés) y la fiscalía del distrito sur de Nueva York.

La pena para Al Kassar y Moreno Godoy será determinada posteriormente por una Corte, pero en ambos casos no podrán cumplir menos de 25 años en la cárcel por la gravedad de los hechos, destacó el comunicado.

Moreno Godoy, de 60 años de edad, podría ser condenado a cadena perpetua, mientras que Al Kassar evitará esa pena en virtud del tratado de extradición con España.

La Corte consideró a Al Kassar culpable de los delitos de conspiración para cometer homicidio de norteamericanos, conspiración para cometer homicidio de autoridades o funcionarios públicos, conspiración para adquirir misiles antiaéreos, suministrar apoyo a una organización terrorista y lavado de dinero.

Al Kassar vivía en España desde hacía unos diez años y fue detenido en junio de 2007 en el aeropuerto de Madrid. Según las autoridades estadounidenses, el sirio aceptó vender a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ametralladoras, misiles tierra-aire y millones de municiones entre 2006 y mayo de 2007.

“Desde principios de los años ’70, Al Kassar fue una fuente de armas y equipo militar para las facciones armadas involucradas en conflictos violentos en todo el mundo. Algunas de esas facciones incluyeron organizaciones terroristas, como el Frente de Liberación Palestino (PLF)”, aseguró el texto.

Entre febrero de 2006 y junio de 2007, Al Kassar y Moreno acordaron vender armas por valor de millones de dólares al grupo rebelde, incluidos lanzacohetes y sistemas de misiles tierra-aire (SAMs), según el acta de acusación. La operación de compra fue en realidad organizada por fuentes confidenciales de la DEA, que llevaron a la detención de ambos traficantes, según el comunicado.

Durante el juicio en España, Al Kassar alegó que no había cometido delito alguno y que su intermediación se refería sólo a la venta de armas de Rumania a Nicaragua y no a la principal guerrilla colombiana. Sostuvo que tenía un certificado que demostraba que el destinatario final de las armas era Nicaragua, por lo que la operación era perfectamente legal. Según entonces explicó su abogado, el viejo aliado de Menem habría sido víctima de un complot de agentes de la DEA, quienes lo engañaron y se hicieron pasar por funcionarios nicaragüenses. Con esta defensa, el sirio pidió que se lo juzgara en España y no en Estados Unidos.