La justicia venezolana se lanzó contra otro referente del antichavismo. A un par de semanas del inicio del juicio contra el ex candidato presidencial opositor Manuel Rosales, un grupo de la División de Inteligencia Militar (DIM) detuvo ayer al mediodía al ex ministro de Defensa de Hugo Chávez, el general retirado Raúl Isaías Baduel. El episodio fue, en principio, confuso. La familia del ex jefe castrense denunció que un grupo de hombres armados encerró el auto de Baduel y se lo llevó, sin mostrar una orden de detención ni informarles a dónde lo llevaban. Horas después, el fiscal general militar, Ernesto Cedeño, confirmó al canal estatal VTV que el ex ministro de Defensa había sido detenido y en los próximos 30 días sería formalmente acusado por enriquecimiento ilícito.

La investigación contra Baduel se abrió el año pasado, después de que el ex ministro dejó de ser considerado uno de los hombres de confianza del presidente Chávez. Hasta el día de hoy el general retirado sigue considerando al mandatario como un compañero de armas. Hace más de veinte años, los dos habían fundado el Movimiento Revolucionario Bolivariano 200, el germen político de lo que más tarde sería el chavismo. Por entonces eran jóvenes oficiales y aspiraban a impulsar un cambio en el país. Sin embargo, Baduel nunca dudó en marcar sus diferencias con Chávez. En 1992, se negó a sumarse al fallido golpe de Estado contra el ex presidente Carlos Andrés Pérez.

Sin embargo, la amistad prosperó y cuando Chávez ganó la presidencia con los votos lo ascendió a comandante de las tropas de Zulia, el departamento más rico del país. Cuatro años después, Baduel reiteró sus principios constitucionales al liderar la ofensiva militar que devolvió el poder a Chávez, tras el golpe de Estado de 2002. Esa vez, el presidente lo premió con la dirección del Ejército nacional y, más tarde, con el Ministerio de Defensa. Cuando Baduel pasó a retiro, en julio de 2007, lo hizo con todos los honores y un abrazo caluroso del líder bolivariano.

Pero cuatro meses después, la relación entre los dos militares volvió a truncarse. Baduel llamó públicamente a votar en contra de la Reforma Constitucional del gobierno y acusó al presidente de estar encabezando un golpe de Estado encubierto. Desde entonces, para Chávez y el oficialismo el general retirado es un “traidor”.

Después de varias idas y vueltas, en octubre pasado la Fiscalía General Militar ordenó la captura de Baduel por el presunto desvío de más de 14 millones de dólares del presupuesto de las Fuerzas Armadas, durante su gestión como ministro de Defensa. Casi inmediatamente lo liberaron a la espera del juicio.

Según informó ayer Cedeño, la fiscalía militar volvió a ordenar ayer la detención del ex ministro porque ya existirían suficientes pruebas para procesarlo. “Está claro que el general retirado nunca tuvo intención de cumplir con el mandato de la ley”, agregó el fiscal.

Sin embargo, el abogado de Baduel y sus familiares sostienen lo contrario. “No entiendo por qué se lo llevaron, si él se estaba presentando reglamentariamente cada 15 días ante la Fiscalía”, aseguró, angustiada, su esposa, Cruz María de Baduel, en una entrevista con el canal opositor Globovisión. Según relató, venían del médico, cuando varios autos con hombres armados los encerraron. Estaban a sólo unos metros de su casa en la ciudad de Maracay.

Cruz María recordó que les apuntaron a la cabeza y se identificaron como agentes de inteligencia militar. Les dijeron que tenían una orden de detención, pero no se la quisieron mostrar. Cuenta que no le permitieron llamar a nadie y se lo llevaron, sin decirle a dónde. Anoche, su hijo Emilio reiteró antes la cámaras de televisión que aún no saben dónde está detenido su padre.

La detención de Baduel encendió nuevamente las alarmas de la oposición, que ya está movilizada por el próximo juicio por corrupción contra el alcalde de Maracaibo y ex gobernador de Zulia Manuel Rosales. La ONG Foro Penal Venezolano advirtió esta semana que, desde 2002, la Justicia ha detenido a un ex gobernador y un alcalde durante meses sin una acusación formal, inhabilitó a 272 funcionarios para presentarse a elecciones, que están acusados de corrupción pero aún no recibieron una condena, y detuvo a 256 estudiantes que participaban de manifestación. Estos últimos están libres, pero tienen prohibido salir del país.