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Laura Chinchilla asumió ayer como la primera presidenta de Costa Rica. Fue un acto con poca participación de mandatarios latinoamericanos, discursos moderados e incidentes aislados. El gesto más categórico de la nueva mandataria llegó a través de hechos, no palabras. No bien tomó posesión del cargo, la politóloga de 51 años firmó cuatro decretos, el más importante, para suspender toda la actividad minera de oro a cielo abierto y en forma subterránea. Además declaró de interés público y conveniencia nacional la Red Nacional de Cuidado y Desarrollo Infantil, una cadena de centros sociales de atención a personas que necesitan asistencia permanente, una de sus principales promesas de campaña.

Los otros dos decretos se centraron en la agenda de seguridad. La sucesora del dos veces presidente y Premio Nobel de la Paz Oscar Arias creó un Comité Consultivo sobre seguridad ciudadana, encabezado por ella e integrado por representantes de los tres poderes del Estado, y también concretizó la figura del Comisionado Nacional Antidrogas, el funcionario que tendrá la responsabilidad sobre todas las tareas de prevención y combate al narcotráfico.

“Trabajaremos por una Costa Rica más próspera y competitiva, generadora de riqueza, comprometida con las micro, pequeñas y medianas empresas, y con empleos más productivos y mejor remunerados”, prometió Chinchilla durante la ceremonia de asunción. La acompañaron algunos mandatarios vecinos como el salvadoreño Mauricio Funes, el colombiano Alvaro Uribe y el ecuatoriano Rafael Correa. Cerca de allí, en uno de los principales parques de San José, unas decenas de manifestantes protestaban contra la figura de la nueva mandataria. Después de algunos choques con la policía, cinco personas fueron detenidas.

Pero el centro de la atención ayer se lo llevó la moratoria de la explotación minera. El tema se instaló en el país el año pasado, cuando se conoció que una empresa canadiense quería destruir 200 hectáreas de bosque, cerca de la frontera con Nicaragua, para extraer 700 mil onzas de oro. Arias había decretado el “interés nacional” del proyecto minero.