La oposición ecuatoriana no logró frenar la nueva ley de medios y el debate en el Parlamento comenzará en los próximos días. El proyecto de ley, reformado y aprobado en comisión, propone crear un ente regulador autónomo con capacidad de multar económicamente a los medios, reserva un 33 por ciento del espectro radioeléctrico a los medios comunitarios, prohíbe a un mismo grupo económico tener más de un canal de televisión y obliga a los medios privados a ocupar el 40 por ciento de su pantalla diaria con programas de producción nacionales, excluyendo los noticieros y las publicidades. Dentro de la producción nacional, al menos un 10 por ciento deberán ser proyectos independientes, es decir, de empresas que no pertenezcan a los grandes medios de comunicación ni a sus empresarios.

La llamada Ley Orgánica de Comunicación tiene muchas similitudes con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que se votó el año pasado en Argentina. Viene a reemplazar una norma de una dictadura que permitió una concentración de los canales de televisión, las radios y los diarios en muy pocas manos, cuenta con el rechazo unánime y explícito de todos los grandes medios de comunicación del país y de la organización que nuclea a los empresarios de los medios de la región, la Sociedad Interamericana de Prensa.

La gran diferencia es que el presidente Rafael Correa no tiene una mayoría segura en el Parlamento, y por eso el oficialismo está dilatando el debate en el pleno. Ayer el presidente del Poder Legislativo, Fernando Cordero, suspendió la sesión no bien se rechazó una moción de la oposición que cuestionaba la legalidad del dictamen de comisión. No puso fecha, pero Correa y toda su gente están apostando muy fuerte para que la ley salga lo antes posible. Necesitan siete votos de los legisladores independientes y de los pequeños partidos de izquierda, como el indígena Pachakutik, que rompió con Correa el año pasado por la aprobación de la ley minera.

Pero la verdadera oposición a la ley de comunicación son los grandes grupos económicos, que intentaron reducir un proyecto de ley de 105 artículos en un slogan harto conocido en la región: “Ley mordaza”. Los temas de la ley propuesta por la bancada de Correa que más irritaron fueron la creación del Consejo de Comunicación e Información, un ente autónomo que estaría compuesto por representantes del Poder Ejecutivo, de las universidades de Comunicación Social y otros organismos autónomos de participación ciudadana, creados por la nueva Constitución.

“La satisfacción de un derecho fundamental como son los derechos a la comunicación no debería someterse solamente a la lógica del mercado”, argumentó la mayoría oficialista en el dictamen de comisión. De aprobarse la ley, el Estado pasaría al centro de la escena. El Consejo de Comunicación e Información tendría la facultad de multar –con un máximo del 10 por ciento del ingreso trimestral de la empresa multada– a todo aquel medio que no cumpla con el porcentaje de programas de producción nacional –el 80 por ciento de los empleados en cada proyecto deben ser ecuatorianos para entrar en esa categoría–.

También podría intervenir en casos de denuncias de censura de los periodistas o de negativas de terceros a su derecho a réplica. La ley incluso intenta reglamentar áreas grises como la distinción tajante en los programas periodísticos entre información y opinión.