Un día después de haber sido abucheado por la multitud en un estadio y un día antes de su visita a la caribeña provincia de Bocas del Toro, el presidente panameño Ricardo Martinelli fue declarado ayer “persona no grata” por los obreros de su país. La semana pasada las movilizaciones (foto) en esa región bananera terminaron con una cruenta represión policial, que dejó dos muertos, según las cifras oficiales, y seis, según los manifestantes. Esta semana, cuando el conflicto parecía distenderse, los sindicatos y trabajadores de la mayoría de los sectores coincidieron en una huelga general que paralizó la nación centroamericana. Ayer el gobierno se limitó a reconocer que hubo “errores”.

Las marchas y las huelgas que se vienen sucediendo en las últimas dos semanas en Panamá tienen un solo objetivo, anular la reforma laboral aprobada bajo el auspicio del gobierno liberal de Martinelli, un empresario que amasó una de las fortunas más grandes del país con su cadena de supermercados. El mes pasado la mayoría oficialista había aprobado en el Parlamento una ley que les permite a las empresas sustituir trabajadores en huelga y las inhibe de la obligación de descontar las cuotas de filiación sindical y de hacer los estudios de impacto ambiental, cuando el Poder Ejecutivo considere que el proyecto productivo en cuestión es de “interés social”.

El martes pasado, después de diez días de conflicto y enfrentamientos entre la policía y los trabajadores, el gobierno y el sindicato del sector bananero declararon una tregua por 90 días, pero el resto de los gremios no se plegó al acuerdo y declaró la huelga general igual. “Si esto no cambia el país se va a mantener en zozobra y en la desestabilización y va a tomar derroteros que pueden llevar a una confrontación”, advirtió el líder del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), Mitchel Doens.

Con la tregua con los bananeros, el gobierno de Martinelli se comprometió a suspender la entrada en vigencia de los puntos más controvertidos de la reforma laboral durante 90 días. Sin embargo, con el pasar de los días es evidente que esa promesa no será suficiente para disolver las movilizaciones obreras.

El presidente panameño había organizado para hoy un viaje al epicentro del conflicto, la zona bananera de la ribera caribeña. La idea era llevar alimentos y productos básicos –la región quedó muy desabastecida después de las reiteradas huelgas– y mostrarse abierto al diálogo con los manifestantes. Pero los trabajadores actuaron rápido y le hicieron saber que no sería bienvenido, especialmente después de las muertes que dejó la represión policial, explicó Samuel Quintero, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano y Empresas Afines.

Martinelli intentó poner paños fríos y responsabilizó al otro enemigo de los trabajadores bananeros de Changuinola, la transnacional Bocas del Toro Fruit Company (subsidiaria de Chiquita Brands, la empresa norteamericana condenada en Estados Unidos por financiar a los paramilitares colombianos). Según el mandatario, mal interpretó la nueva ley y retuvo parte de los salarios de los trabajadores. Para el sindicato, la empresa actuó amparada por la reforma impulsada y promulgada por Martinelli.