Desde París

La última línea recta que conduce a las elecciones municipales del próximo domingo 23 es un camino sembrado de espinas tanto para la derecha como para la izquierda francesa. Escándalos financieros, judiciales y políticos hicieron temblar el ya frágil castillo del campo conservador, mientras que el gobernante Partido Socialista francés oscila entre el miedo a la abstención y el voto sanción contra la política de un Ejecutivo que puso en el museo de los inocentes lo más esencial de las propuestas que el hoy presidente, François Hollande, plasmó durante la campaña electoral de 2011-2012. Entre ambos movimientos políticos, la extrema derecha del Frente Nacional espera recoger los frutos del desencanto socialista y de la alucinante suma de escándalos que empañaron un poco más la credibilidad de la derecha. El ojo del ciclón fue el ex presidente Nicolas Sarkozy. Una serie de escándalos muy delicados derivados de su presidencia se cernieron sobre el ex mandatario. Uno de ellos llevó incluso a la Justicia a pinchar los teléfonos móviles de Sarkozy y de dos de sus ex ministros de Interior, Claude Guéant y Brice Hortefeux. El resultado es una trama que nada tiene que envidiarle a cualquier ficción cinematográfica político-judicial.

Sarkozy está, de hecho, acorralado por la Justicia a raíz de su presunta implicación en tres casos que ésta viene investigando hace años: el famoso escándalo L’Oréal, donde está bajo sospecha de haber abusado de la heredera del imperio de cosméticos, Lilianne Bettencourt, al haber obtenido fondos secretos destinados a su campaña electoral; la supuesta financiación de su campaña de 2007 con dinero facilitado por el difunto dictador libio Muamar Khadafi y el caso Bernard Tapie, un fraudulento empresario que obtuvo una millonaria indemnización –400 millones de euros– por parte del Estado mediante un arreglo previo a través del entorno de Sarkozy con quienes, en principio, debían decidir con total imparcialidad la resolución del conflicto entre Bernard Tapie y el desaparecido Banco Crédit Lyonnais. Seis personas ya han sido imputadas bajo el rótulo de “estafa en banda organizada”. A estos tres densos casos judiciales se le agrega una tragicomedia de espionaje impensable a esas alturas del poder. Uno de sus consejeros más cercanos, Patrick Buisson, un hombre de la extrema derecha que condujo hacia el lado más ultrarreaccionario la política y la campaña electoral de 2007, tenía la secreta costumbre de grabar todas las conversaciones privadas en el despacho presidencial y otras dependencias del Estado. Cinco de esas grabaciones fueron publicadas por el portal Atlántico y el semanario satírico Le Canard Enchaîné. Diálogos personales entre Sarkozy y su esposa, la cantante y modelo Carla Bruni, arreglos de cuentas en el seno del Ejecutivo, regateos para nombrar nuevos ministros, opiniones subidas de tono sobre los otros líderes de la derecha llenan estas conversaciones efectuadas por Patrick Buisson con un grabador escondido en la ropa. Sarkozy obtuvo que la Justicia prohibiera la difusión de más grabaciones, de las que existen horas y horas. Nadie sabe aún cómo esas cintas aparecieron en la prensa. Buisson es, según su hijo, un “maníaco del espionaje”. Las dos publicaciones que revelaron parte del contenido de las cintas contaron que el ex consejero de Sarkozy ponía el grabador en marcha en cuanto salía de su casa. Pero de allí a grabar y difundir lo que se cocina en el corazón del Estado hay un paso que, hasta ahora, ningún país había dado con tanta impunidad.

Nicolas Sarkozy viene pintando con un cuidado impresionista el cuadro de su retorno a la vida política. Pero los escándalos combinados le han acertado un golpe duro, incluso si la estrategia de comunicación logró mostrarlo como una víctima. En este tupido prontuario de irregularidades, los tres casos en manos de la Justicia son una sombra que persigue a Sarkozy desde antes de que terminara su mandato, en mayo de 2012. La acción judicial más decisiva se inició en abril del año pasado y atravesó su momento más crítico en septiembre. En ese entonces, los jueces Serge Tournaire y René Grouman, a cargo de la investigación sobre la financiación ilegal de la campaña electoral de Sarkozy con dinero aportado por Muamar Khadafi, decidieron poner bajo escucha los teléfonos celulares del ex presidente, de Claude Guéant y de Brice Hortefeux (los dos últimos ministros de Interior de Sarkozy). A finales del año pasado, el vespertino Le Monde había publicado parte de una comprometedora conversación entre Hortefeux y el ex jefe de la Policía Judicial de París, Christian Flaesch. Lo que salió ahora a la luz es peor. Ese control telefónico conectó a los sospechosos con el escándalo L’Oréal y con un magistrado del Tribunal Supremo, Gilbert Azibert.

Según se desprende de las conversaciones, este último informaba secretamente al ex presidente sobre la evolución del caso judicial de Lilianne Bettencourt a cambio de una prebenda en el principado de Mónaco obtenida gracias al mismo Sarkozy. El papel del Tribunal Supremo era decisivo para el enredo político financiero de la heredera del imperio L’Oréal y también para el caso de Bernard Tapie. El Supremo debía decidir si las agendas personales y oficiales del ex mandatario constituían o no una prueba que podía incluirse tanto en el sumario de Lilianne Bettencourt como en el de Bernard Tapie. En el primer caso, las agendas pueden demostrar cuántas veces Nicolas Sarkozy se reunió con la señora Bettencourt. En el segundo, sirven para probar que Sarkozy mantuvo muchas reuniones con el empresario Bernard Tapie antes de autorizar el arbitraje privado que llevaría al Estado a pagarle a Tapie una indemnización de 403 millones de euros. En estas dos tramas, el vespertino Le Monde reveló que su abogado, Thierry Herzog, sabía de antemano y paso a paso lo que estaba ocurriendo en el seno del Tribunal Supremo gracias a las informaciones que le suministraba el juez Gilbert Azibert, quien tenía acceso a la red digital del Tribunal.

Al mejor estilo de Silvio Berlusconi en Italia, el contraataque se desplegó rápidamente con un objetivo: acusar a los acusadores. El entorno sarkozista y la derecha impugnan a la Justicia y, desde luego, a la mayoría gobernante. El abogado de Sarkozy aseguró que se trataba de una maniobra política destinada a manchar el retorno de Sarkozy. La derecha, por su parte, logró distraer la atención acusando a los ministros socialistas de Justicia y de Interior, Christiane Taubira y Manuel Valls, de estar al corriente de esa vigilancia telefónica. Christiane Taubira negó vehementemente la acusación, pero terminó en la trampa. En una conferencia de prensa que ofreció para explicar que no sabía nada, la ministra de Justicia mostró, como prueba de su buena fe, una serie de documentos en los cuales se podía leer sin esfuerzo que sí estaba al corriente de todo. El concurso francés de la mala fe siguió su curso rutilante con una derecha que accionó la contraofensiva mediante un argumento de república bananera: acusó a los socialistas y a los jueces de perjudicar las libertades públicas e individuales poniendo a un ex presidente bajo control telefónico.

Los escándalos se regeneraron como un monstruo de varias cabezas. Sarkozy como blanco de la Justicia espiado por los jueces, el jefe del partido UMP –fundado por Sarkozy–, Jean François Copé, apareció también implicado en un asunto de contratos arreglados con empresas cercanas. Encima, los socialistas se dejaron absorber por los sumarios turbios de la derecha en los que no estaban implicados pero donde, con una habilidad y una ligereza desconcertantes, los conservadores consiguieron arrastrarlos. No sabían pero sabían. El gobierno apareció como un club de aficionados y la derecha como una jaula de lobos. El descrédito de la clase política, izquierda y derecha mezcladas, es total. En uno de esos pasillos aguarda con impaciencia la extrema derecha para izarse como un ejemplo de virtud y neutralidad. Ante semejante avalancha de lodo e incompetencia, cualquiera que esté fuera del sistema tiene corona de santo. Sin embargo, la ultraderecha tampoco tiene el panorama despejado. Aunque es potente, sus ideas y su pasado todavía constituyen un escudo para que crezca de manera desmesurada. Los comicios municipales del domingo 23 son una elección local, pero serán una prueba global, y no sólo para el presidente François Hollande. Una clase política desvinculada de los electores y las necesidades del país, con el agua de la corrupción y la deshonestidad hasta las narices, un desempleo en aumento y un sistema global de gobierno de rodillas ante los imperativos de la economía liberal, la Francia de 2014 ya forma parte del indecoroso triángulo compuesto ahora por Roma, Madrid y París. Decadencia de los valores fundadores, recortes presupuestarios drásticos, desempleo, de- sigualdad, corrupción al más alto nivel, impunidad, impugnación de la Justicia y otras instituciones centrales del Estado, la Europa latina es un río agitado y turbio.