Volvió Lula. El diario Folha de S.Paulo informó que Luiz Inácio Lula da Silva está al frente en la encuesta sobre potenciales candidatos a la presidencia con el 21 por ciento de intenciones de voto, dos más que la dirigente ambientalista Marina Silva y cuatro por delante de Aécio Neves, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, la mayor fuerza opositora y defensora del golpe institucional contra Dilma Rousseff.

El sondeo de Datafolha, que será publicado este domingo, muestra el ascenso vertiginoso del líder del Partido de los Trabajadores quien en marzo tenía 17 por ciento de intenciones de voto para una eventual elección presidencial. Datafolha además reportó que el 61 por ciento de los entrevistados apoyan el juicio político contra la presidenta, en 7 por ciento menos de lo que indicaba una consulta en marzo.

Lula reapareció el 18 de marzo pasado al hablar en un acto multitudinario en San Pablo en el que fue relanzada la movilización de las fuerzas progresistas y democráticas contra la destitución de Rousseff. A partir de esa fecha el ex mandatario comenzó a recorrer el país y participar en mitines como el del fin de semana pasado en Fortaleza, capital del nordestino estado de Ceará, al que concurrieron 60.000 personas.

Paralelamente, comenzó a trabajar como ministro sin cartera en el equipo de Rousseff y recompuso relaciones con partidos de centro y derecha para sumar votos contra el llamado impeachment (juicio político) impulsado por la oposición.

La mayoría de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que analiza la apertura de ese juicio político a la presidenta brasileña defendió la continuidad del proceso. El debate, que finalizó ayer, tuvo una duración de trece horas y dejó en claro que pesan más los argumentos políticos que los jurídicos.

De los 60 diputados que se inscribieron para participar en el debate, 39 defendieron que la Comisión –integrada por representantes de todos los partidos brasileños– apruebe el informe presentado el jueves por el diputado instructor Jovair Arantes, que declara que existen méritos jurídicos para avanzar hacia la destitución por unas maniobras fiscales consideradas ilegales. Tan sólo 21 legisladores alegaron que no hay méritos jurídicos para abrir el proceso y que, en caso de que el Congreso prosiga con el mismo, estaría impulsando un golpe. A su vez, uno de los parlamentarios se pronuncio indeciso.

El debate también dejó en claro que, pese a que la Comisión tiene que pronunciarse sobre si realmente hay méritos jurídicos, los miembros ignoraron las discusiones técnicas y se centraron en los discursos políticos. Incluso, los diputados favorables a enjuiciar a Rousseff hicieron en sus discursos únicamente referencias a la falta de condiciones para gobernar de la presidenta, a las acusaciones de corrupción contra su Gobierno y a la crisis económica del país. En cambio, los que están en contra, argumentaron que el juicio no es más que un intento de golpe promovido por los sectores opositores aún insatisfechos con la apretada derrota que sufrieron en las elecciones presidenciales de octubre del 2014.

El debate precedió a la votación programada para el próximo lunes, que parecería ser el ingreso a la recta final, en la que los diputados decidirán si aprueban o rechazan el informe del instructor. En esta ocasión podían intervenir tanto los miembros de la Comisión, con derecho a más tiempo en su pronunciamiento, como cualquier otro diputado de la Cámara Baja.Pese a que 116 diputados se inscribieron para participar, muchos desistieron de hacerlo o abandonaron el Congreso antes de tomar la palabra. Conforme a las normas establecidas por la Corte Suprema, si el informe del instructor es aprobado por mayoría simple en la Comisión, será remitido al pleno de la Cámara de Diputados.

Una vez que estén en esa instancia, seguirá adelante si es aprobado por mayoría calificada de dos tercios (342 de 513 votos), y en ese caso pasará al Senado, cuyos 81 miembros decidirán, por mayoría simple, si dan lugar al juicio político. Si se cumplen estos pasos, Rousseff tendrá que dejar su cargo por un período de 100 días, plazo que tiene el Senado para juzgarla.