Desde Barcelona

Cuatro años después de que el Partido Popular (PP) volviera a ganar las elecciones y se hiciera con el gobierno de España, las consecuencias de sus políticas no se ciñen a su tan mentada “recuperación económica”. Gracias a filtraciones promovidas por periodistas y organizaciones ciudadanas ahora puede saberse a ciencia cierta en qué ha beneficiado al país la amnistía fiscal impulsada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, poco después de asumir su mandato: en el blanqueo de las grandes fortunas.

“La lista Montoro”, como se suele denominar a la suculenta muestra de casi 30 mil personas que se acogieron a la amnistía de 2012, engloba a miembros de la familia real, políticos salpicados por casos de corrupción, empresarios y “ciudadanos de a pie”, emparentados todos por haber regularizado el dinero que mantenían oculto en el extranjero hasta entonces. La amnistía decretada por el gobierno de Mariano Rajoy fue una propuesta más que tentadora para quienes durante los años de bonanza habían acumulado grandes capitales no declarados: mientras pusieran en blanco esas rentas en el plazo pautado de abril a noviembre del 2012, no habría multas ni sanciones. Negocio redondo. Una vez presentados ante el fisco, los magnates ya no serían perseguidos ni su información sería sometida a posteriores comprobaciones. Ni siquiera sería necesario llevar el dinero físicamente de vuelta a España. Y todo eso con la única condición de que el origen de los fondos fuera lícito (que no procediera de actividades como narcotráfico, por ejemplo) y que se pagara una cantidad ínfima para que Hacienda hiciera borrón y cuenta nueva.

El plan original era que aquellos que se acogieran a la amnistía pagaran a la Dirección impositiva un 10 por ciento del capital regularizado, pero luego un informe del director general de tributos de la Agencia Tributaria dictaminó cómo aplicar ese impuesto y rebajó ese porcentaje aún más, quedándose en solo un 3 por ciento del total. El ministro Montoro autorizó incluso que se regularizara dinero en metálico, abriendo la puerta a que se blanqueara dinero procedente de actividades delictivas, al no haber así una vía certera de verificarlo.

A través de esta amnistía –que para el equipo de Rajoy nunca fue tal sino una “regularización de rentas y activos” o “medidas excepcionales para incentivar la tributación de rentas no declaradas”, como insistió en denominar– la primera plana del PP limpió sus cuentas, muchas relacionadas con los negociados que hoy tiene imputada por corrupción a buena parte de sus miembros. Desde el ex vicepresidente del Gobierno de José María Aznar y expresidente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Rodrigo Rato, hasta el ex consejero de Justicia y Presidencia y en su día hombre fuerte del Gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, Francisco Granados –hoy en prisión provisional por su supuesta vinculación con la trama de contratos amañados, la “Púnica”– son nombres que pueden leerse en “la lista Montoro”.

Por supuesto, no falta la mención destacada de Luis Bárcenas, el ex tesorero del PP que se encargaba de “la caja B” del partido y que en estos momentos está siendo procesado por malversación de fondos, el cual aseguró ante el juez haber regularizado 10 millones de euros con la amnistía Montoro; ni la célebre familia catalana de los Pujol, en la que los hijos del ex presidente de la Generalitat –el órgano de gobierno de la región– y ex líder del partido Convergencia también aparecen tras haber regularizado tres millones de euros el primero y algo más de dos millones el segundo, según datos publicados por el diario español El Mundo. Los sindicatos no se salvan tampoco y el ex dirigente del Sindicato de Obreros Mineros de Asturias (SOMA-UGT), José Angel Fernández Villa, en la actualidad es investigado por la Fiscalía Anticorrupción para averiguar cómo amasó los 1,4 millón de euros que ocultó al fisco y pretendió blanquear con la amnistía de Montoro.

Si hablamos de las grandes fortunas de España, la familia real tenía también que estar ahí. Inés de Borbón-Dos Sicilias, prima del rey emérito Juan Carlos y tía del rey Felipe VI, admitió ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que se acogió a la amnistía fiscal de Montoro y que no tiene “ni torta idea” de la procedencia del capital que almacenó en Suiza durante años. El trabajo conjunto de los medios españoles Diagonal, La Marea y Eldiario.es y la plataforma de denuncia ciudadana Fíltrala hizo posible que salieran a la luz documentos que demostraban que también otros cuatro familiares del rey usaron la amnistía del PP para declarar 4 millones de euros ocultos en Suiza- Alicia de Borbón-Parma y Habsburgo-Lorena, Carlos de Borbón-Dos Sicilias, Cristina de Borbón-Dos Sicilias de Orleans y Pedro de Borbón-Dos Sicilias de Orleans- los cuales pagaron a Hacienda el 1,8% de los fondos que guardaban en sus cuentas secretas, no llegando ni siquiera al 3 % que tras la rebaja inicial supuestamente se le aplicaría a las rentas.

Dentro del famoso “caso Nóos”, por el que está siendo procesado el marido de la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarín, también hay beneficiados por la amnistía del grupo de Rajoy. El ex socio de Urdangarín Diego Torres es uno de los empresarios que figuran en “la lista Montoro” y, ya fuera del caso que llevó a la familia real al banquillo pero también buen ejemplo de aquellos años de descontrol financiero,el presidente de la compañía que fue símbolo de la burbuja inmobiliaria española y que el pasado abril se declaró en quiebra, Martinsa Fadesa, también figura entre los amnistiados.

La lista sigue y sigue. Pero aun así todavía hay mucha información por desvelarse y en estos días una nueva filtración es la que se está encargando de ello. La mayoría de los nombres antes mencionados afloraron con la publicación de los “papeles de Panamá” y ahora el trabajo continúa con “los papeles de la Castellana”, 38.598 documentos remitidos al buzón filtrala.org procedentes de distintos despachos de asesores tributarios ubicados en el Paseo de la Castellana, el distrito financiero de Madrid, que los medios Eldiario.es, La Marea y Diagonal empezaron a publicar este martes.

Con la amnistía fiscal decretada por el PP en 2012 se hicieron algo más de 31 mil declaraciones, en las que se pagaron de media unos 37 mil euros. El resultado de la operación fue irrisorio: de los 40.000 millones de euros legalizados, las arcas del Estado sólo se quedaron con 1200 millones, la mitad del objetivo previsto por Hacienda cuando diseñó la campaña. La exención del Impuesto de Patrimonio en Madrid, donde declaran muchas de esas grandes fortunas, y la no necesidad de repatriar las rentas dejaron en España una recaudación ínfima, por lo que la oposición y los agentes sociales tildaron de “rotundo fracaso” la medida de Montoro, mientras que el ministro de Rajoy sigue defendiéndola como “una oportunidad para los españoles de tener un conocimiento tributario quenunca antes se había alcanzado”.