El presente y el futuro del fútbol argentino se deciden en estos días a control remoto desde un par de escritorios. Uno queda en la Casa Rosada, y el otro en el sexto piso de la Inspección General de Justicia (IGJ). Envuelta en su crisis institucional, la AFA mira pasar la pelota sin poder tocarla. La ofensiva gubernamental, que a esta altura debe ser llamada como lo que es, una intervención solapada, ayer avanzó a dos puntas. El secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, anunció que se suspendía la licitación de los derechos televisivos del programa Fútbol para Todos. Una medida que atribuyó a la “incertidumbre” que rodea a la organización del fútbol y sus respectivos campeonatos. Como si el Estado no hubiera contribuido a ella.

A casi dos cuadras de Balcarce 50, en la sede de la IGJ, también se definía otra cuestión que reafirmaba la suspensión de las elecciones en la AFA: la Inspección declaraba nulas las candidaturas de los cinco dirigentes que se habían presentado a los comicios. Un desbarajuste difícil de entender en términos jurídicos, a no ser que se comprenda la decisión política que tomó el gobierno de Mauricio Macri de entrometerse en el conflicto. La idea es plasmar su no declarado objetivo de transformar al fútbol en un campo fértil para negocios privados. O lo que podría ser una puerta abierta hacia las sociedades anónimas en los clubes que ya están plasmados en los flamantes estatutos de la Súper Liga redactados en un borrador.

De Andreis explicó que “en este marco de incertidumbre corresponde suspender todo tipo de actuación que tenga como objeto la comercialización de la transmisión de los partidos. Hoy no están dadas las condiciones institucionales para seguir adelante con el proceso licitatorio”. El funcionario tiene a cargo el Fútbol para Todos. Ese programa que permite la gratuidad de las transmisiones televisivas se inauguró durante el gobierno de Cristina Kirchner, en 2009, con una gran aceptación popular. Con su consolidación en el tiempo, el contrato que une al Estado con la AFA se convirtió en un derecho adquirido que tuvo su principal problema en cómo malgastaron el dinero los dirigentes de los clubes. Sin controles minuciosos sobre sus economías, ni de la propia AFA, ni del gobierno anterior por vía de la AFIP, las instituciones deportivas, lejos de mejorar sus economías, las empeoraron. Ese es uno de los argumentos que hoy ponen sobre la mesa de negociaciones los defensores de la Súper Liga.

El gobierno, por medio del secretario general de la Presidencia, siguió con sus aclaraciones sobre las transmisiones gratuitas que no pone en duda, al menos hasta 2019, el año que vence el contrato vigente entre la AFA y el Estado. Cuando amplió las razones de la suspensión del proceso licitatorio del FPT, De Andreis dijo que había sido confeccionado “en base a un determinado esquema de torneo, que hoy está en duda y que, en caso de que surgieran modificaciones, quedaría completamente obsoleto”. Bajo estas condiciones, agregó, “no hay garantías de que los términos de la relación entre el Estado, el programa Fútbol Para Todos y la AFA se mantengan en las mismas condiciones”.

El anuncio que hizo el funcionario se da en el mes que los clubes no recibirán un centavo proveniente del FPT, porque a principios de año cobraron dos cuotas por adelantado para pagar sus deudas, y una de ellas fue la de junio. Esta situación complicará demasiado a sus tesorerías que en los próximos días deben afrontar el pago de aguinaldos, y ni siquiera recibirán ingresos extra del fútbol porque los principales torneos terminaron.

A la decisión de suspender la licitación desde la Casa Rosada, se sumó la medida de la IGJ que dio un paso más sobre una AFA asediada judicialmente. Con una nueva resolución declaró nulas las postulaciones de Hugo Moyano, Armando Pérez, Nicolás Russo, Claudio Tapia y Marcelo Tinelli para la presidencia. La Inspección suspendió las elecciones del 30 de junio, e hizo valer esa resolución notificada el 29 de mayo para nulificar las candidaturas oficializadas un día después con los avales correspondientes. Un argumento jurídico que dejó la salida electoral en un limbo.

Contra esa decisión, Hugo Moyano había presentado un amparo el miércoles. La jueza nacional en lo civil Marcela Eiff le pidió a la IGJ que en un plazo de tres días, informe sobre las causas por las que suspendió por 90 días los comicios. La medida cautelar había sido presentada en otro juzgado, pero luego de un dictamen fiscal, la magistrada asumió la competencia en el expediente caratulado “Moyano, Hugo Antonio c/Inspección General de Justicia s/Amparo”. Habrá más informaciones para este folletín en los días que vienen. La novela por ahora tiene rating.