Horas antes de partir en visita oficial rumbo a Estados Unidos, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, moverá las fichas del tablero del conflicto educativo. Su jugada principal será dejar resuelta la conformación del Consejo Asesor Presidencial para la Educación, cuya creación anunció en el paquete de medidas propuestas el jueves pasado. Esa comisión trabajará temas de largo plazo, como la reforma a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), adecuaciones en la Jornada Escolar Completa (JEC) y revisión de la administración municipal de colegios públicos. “La constitución del Consejo es clave para ver cómo continúa el proceso”, explicó Jenny Assael, asesora del Colegio de Profesores de Chile, en diálogo telefónico con Página/12. Con la apertura de este nuevo debate, las demandas que constituyen la “agenda larga” han pasado al centro de la discusión, dejando los pedidos de corto plazo –gratuidad en transporte, pase escolar y prueba universitaria– en segundo plano.

El eje de la discusión en Chile giró ayer en torno de quiénes formarán parte del grupo de trabajo que debatirá las reformas educativas de fondo. Una vez más se vieron pujas entre estudiantes y gobierno. Mientras los “pingüinos” exigieron un “50 por ciento más uno de representación de organizaciones sociales y estudiantes”, el vocero de gobierno, Ricardo Lagos Weber, afirmó que la jefa de Estado nombrará a los integrantes del Consejo bajo “los criterios que ella estime pertinente”. Si hay algo en lo que coinciden los analistas es que la conformación del Consejo será crucial para el futuro del conflicto que mantiene a Chile en vilo, con colegios paralizados y movilizaciones desde hace más de una semana. “Si el Consejo cuenta con representación social real se puede abrir un camino importante”, indicó Assael a este diario. “Pero si la comisión es cerrada, con una lógica tecnocrática, puede durar dos semanas y quebrarse”, agregó. Ese quiebre podría producirse por la falta de confianza de los estudiantes hacia las promesas del gobierno. “Ha faltado una capacidad de mayor apertura, para tomar decisiones más democráticas”, explica Assael.

Por su parte, Sergio Bitar, ex ministro de Educación y actual presidente del Partido por la Democracia (PPD), afirmó a Página/12 que “el Consejo no puede ser una comisión de intereses corporativos” –como podría entenderse la propuesta de los estudiantes–, sino que “se trata de reunir a un grupo de personas destacadas que expongan los distintos puntos de vista de la sociedad”. Bitar aclara que debería estar compuesto de “expertos, que no es lo mismo que tecnócratas”, aunque también reconoce que la participación de los estudiantes es vital. “Los jóvenes tienen que participar, pero también hay que aprovechar esta oportunidad para educarlos”, afirmó el ex ministro. Pero los estudiantes participarían también en otra instancia. Los “pingüinos” colaborarían en la redacción de la nueva LOCE, según un acuerdo al que llegaron con el senador Mariano Ruiz-Esquide, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Alta.

La conformación del Consejo no fue, sin embargo, el único tema que alimentó el debate ayer. Bachelet envió por la mañana un proyecto de ley al Congreso con el que busca reformar la Constitución y “asegurar la calidad de la educación”. La mandataria instó a la derecha a respaldar la propuesta, asegurando que no se afecta la libertad de enseñanza, es decir que no se volverá a una centralización del sistema educativo. Por otro lado, los estudiantes no se quedaron de brazos cruzados. Ayer continuaron con la toma de colegios y decidieron, tras una larga asamblea, seguir con la medida “indefinidamente”. Pero también quisieron llevar sus demandas al plano internacional, tomando las dependencias de la Oficina de Educación de la Unesco. Sólo se retiraron tras una reunión con la directora de la institución, donde se garantizó la organización de charlas del tema que está hoy en día en boca de todos los chilenos.

Informe: Virginia Scardamaglia.