Además de la falta de legitimidad por el desaseo electoral exhibido, la transmisión de poderes entre el presidente saliente, Vicente Fox, y el entrante, Felipe Calderón, se verá marcada por el futuro inmediato del conflicto en Oaxaca. Se trata del mayor conflicto político-social que el gobierno federal legará a su sucesor este próximo 1° de diciembre, ante su incapacidad para desactivar la crisis que mantiene postrado y secuestrado a ese estado del sudeste mexicano, que desde hace cuatro meses vive entre barricadas por todo el centro de la capital oaxaqueña –en las que incluso ya participan niños–, edificios públicos y estaciones de radio privadas que han sido tomados por los manifestantes, guerrillas misteriosas que aparecen de la nada, gente muerta a tiros por la policía durante marchas callejeras o acribilladas por las noches en los campamentos de resistencia en las calles y un gobierno local totalmente desmantelado e imposibilitado para gobernar.

Ante esta perspectiva, el equipo de trabajo de Felipe Calderón ha expresado públicamente que la administración foxista debe resolver el conflicto antes del fin de su mandato, a la medianoche del 30 de noviembre. Sin embargo, no será fácil, pues tanto los senadores del PAN (el partido de Fox y Calderón) como del PRI (partido al que pertenece el defenestrado gobernador oaxaqueño Ulises Ruiz) se negaron esta semana a declarar la desaparición de poderes en aquel estado, principalmente para no enviar una señal de debilidad gubernamental que propicie movilizaciones en otros estados para destituir a más gobernadores, o incluso hasta al presidente de la república, según han reconocido varios actores políticos. Ayer mismo se reunieron dirigentes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca con el presidente de la junta de coordinación política del Senado, el panista Santiago Creel, para recibir una respuesta formal de este órgano legislativo en torno la desaparición de poderes en Oaxaca. El Senado de la República es la única institución que puede tomar una determinación de esa naturaleza dentro del pacto federal mexicano. Por eso, senadores del PRD, PT y Convergencia analizan la posibilidad de crear comisiones legislativas alternas para decretar la desaparición de poderes, lo que provocó la burla del gobernador Ulises Ruiz: “También crearon su presidencia”, en alusión a la designación de Andrés Manuel López Obrador como “presidente legítimo de México”.

En tanto, la presión por una solución abarca ya no sólo a las instancias políticas y a los empresarios locales (que estiman las pérdidas del comercio local en más de 100 millones de pesos argentinos y en varios miles los puestos de trabajo perdidos), sino a voces de intelectuales que consideran inadmisible que se prolongue el conflicto y, peor aún, se extienda a la capital del país, luego de que ayer salieron los primeros contingentes de una marcha hacia la Ciudad de México en la que participan profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (la organización obrera más grande de Latinoamérica), que inició la movilización hace cuatro meses con reivindicaciones laborales, y de la APPO, que se sumaron después para exigir la renuncia del gobernador Ulises Ruiz, convertida hoy en la condición fundamental para disolver la crisis. Así, la capital del país podría vivir nuevamente una etapa de bloqueos como los realizados por la coalición Por el Bien de Todos en protesta por lo que llamó un fraude electoral en contra del candidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, algo que aterra a los comerciantes de la Ciudad de México. El jefe de Gobierno capitalino, Alejandro Encinas, cuestionó al gobierno federal por permitir que llegue el conflicto al Distrito Federal. Se prevé que la marcha arribe a la Ciudad de México el 3 de octubre, un día después de recordarse la masacre de estudiantes en Tlatelolco, en 1968, a manos del ejército, y que inició más de una década de guerra sucia en México.

Los llamados a la represión tampoco han cesado: a principios de semana, legisladores locales oaxaqueños entregaron una petición formal a la presidencia de la república para que envíe fuerzas policíacas federales a reestablecer el estado de derecho en aquella entidad, ante la imposibilidad de hacerlo con la policía local. El propio Congreso local apenas recuperó hace poco sus instalaciones, que fueron tomadas y saqueadas en los primeros días del movimiento.

El miércoles fue suspendida la mesa de negociación entre la Secretaría de Gobernación con los maestros y los militantes de la APPO, sin ningún acuerdo posible, ante la insistencia de la remoción del gobernador priista. Hace unos días, la APPO había aceptado canalizar a través del Senado de la república la posibilidad de declarar la desaparición de poderes. Ante la negativa legislativa, ayer insistieron en que sea el gobierno federal el que obligue a renunciar al gobernador, aun cuando se nombre a un mandatario interino del mismo PRI.

Ulises Ruiz ha sostenido que no renunciará a su cargo como gobernador y ayer advirtió que “la tolerancia tiene sus límites”, anticipando su disposición a disolver el conflicto mediante el uso de la fuerza pública federal. Según el presidente Fox, su administración está “removiendo todos los obstáculos para una transmisión de poderes tersa, y esto incluye Oaxaca”.