La crisis por el déficit de vivienda explotó otra vez en el sur de la ciudad. Esta vez fue en la Villa 20, ubicada en Villa Lugano, donde un grupo de 40 familias –más de 150 personas– ocupó en la madrugada un terreno ubicado junto al barrio, un baldío que perteneció a la ciudad y hoy es usufructuado por la Policía Federal. Justamente fue la policía la que se ocupó de despejar rápidamente el terreno: hubo represión, corridas, golpes y doce detenidos. Los protagonistas de la ocupación son, en su totalidad, familias que ni siquiera tienen una casilla en el barrio y se hacinan en una pieza alquilada. Reclaman –al igual que las organizaciones que los respaldan– que se cumpla una ley sancionada hace un año, que dispone la urbanización de esos terrenos. Desde el gobierno porteño se argumenta que no se puede avanzar con ninguna obra en esas tierras hasta que la Policía Federal lo reintegre a la ciudad y se retiren los centenares de autos judicializados, depositados en el lugar.

La Villa 20 está ubicada sobre la avenida Escalada, a metros de Fernández de la Cruz, justo enfrente de un importante centro comercial. Justo en esa esquina se encuentra un terreno que utiliza la Policía Federal para la guarda de autos y camiones en depósito judicial. Son aproximadamente unas 25 hectáreas, pero no todo el terreno está ocupado por vehículos secuestrados: una importante franja es un baldío con montañas de tierras y cascotes, un espacio inhóspito y con escasos lugares aptos para levantar viviendas. Pese a eso, un grupo de unas cuarenta familias llegó hasta el lugar en la madrugada, con maderas y lonas, y se dispuso a acampar en uno de pocos los espacios llanos del lugar.

Con el alba llegaron efectivos de la Comisaría 52 y de la Guardia de Infantería, que primero alertaron a los ocupantes con un megáfono y luego los corrieron hasta por los pasillos de la villa. Hubo hombres y mujeres golpeados y doce detenidos.

“Lo único que pedimos es un pedazo de tierra donde poder construir nuestra casa”, dice Teodora, una mujer de 37 años que tiene cuatro hijas y vive desde hace doce años en el barrio. “Nos cobran 80, 100, hasta 200 pesos por una pieza que usamos como dormitorio y comedor, a veces para seis u ocho personas”, agrega Laura, de 26 años y tres chicos.

Las organizaciones que los respaldan –nucleadas en el Frente Popular Darío Santillán– reclaman el saneamiento de ese terreno abandonado y su posterior urbanización para la construcción de viviendas. Se amparan en la Ley 1770, que dispone la urbanización de esos terrenos y la realización de un censo en la villa.

Desde el gobierno porteño, el ministro de la Producción, Enrique Rodríguez, explicó que “el tema de fondo es que el terreno pertenece a la Nación y hay que convenir la devolución”. “El presidente de la Nación ya manifestó su voluntad de devolver esas tierras a la ciudad para urbanizarlas, y el ministro del Interior, Aníbal Fernández, envió un proyecto en ese sentido al Congreso”, agregó.

El predio ocupado por la Policía Federal como depósito de autos ya había sido objeto de denuncias por contaminación, por parte de la Defensoría del Pueblo, en octubre de 2000. El entonces jefe de Gobierno Aníbal Ibarra llamó a licitación para desguazar y compactar 10.000 toneladas de chatarra. La limpieza comenzó un año después, pero el lugar siguió siendo utilizado como depósito judicial y hoy hay casi tantos autos como entonces.

Por eso, antes de construir viviendas, en el lugar es necesario hacer un saneamiento del suelo, ya que hay restos de plomo y otros metales pesados. Pero desde entonces no se ha hecho nada.

Fuentes del gobierno porteño aseguran que el predio era de la ciudad, pero fue vendido a la Policía Federal por el intendente de la dictadura Osvaldo Cacciatore, en 1978. “No tienen escritura, pero sí un boleto de compra–venta”, explicó el vocero.

Rodríguez –presidente además de la Corporación del Sur– admitió las demoras, pero aseguró que “nadie tiene derecho a usurpar tierras”. Aseguró que la Villa 20 es “una de las más avanzadas en el proceso de urbanización”, atribuyó el intento de ocupación de tierras a “una movida de grupos políticos que utilizó a mujeres y niños”. No obstante, calificó el procedimiento policial como “desmedido”. Con respecto a las demoras en las tareas de saneamiento y urbanización del sector que ya está despejado, argumentó que “no podemos desde la ciudad intrusar un predio que no nos pertenece”.

El ministro vinculó el episodio de ayer al comienzo de la semifinal de la Copa Davis, que comienza hoy en un estadio construido recientemente en el Parque Roca. Ese estadio está ubicado a unas diez cuadras del lugar del conflicto.

Justamente, el movimiento de ocupantes le reprochó al Gobierno haber construido ese estadio en sólo tres meses cuando aún no comenzó a levantarse el hospital proyectado para Villa Lugano hace un año. Rodríguez, por su parte, defendió la construcción del estadio al sostener que “le dará mayor actividad económica a la zona sur”.

Ayer por la tarde, representantes de los ocupantes se reunieron con funcionarios del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (ICV) y llegaron a un acuerdo para buscar una solución para esas familias. Como garante, fue designado el diputado Sergio Molina, del interbloque de Izquierda de la Legislatura.

Mientras tanto, en el barrio la tensión no cedía. La policía se aprestaba a pasar allí toda la noche para evitar un nuevo intento de toma, mientras los vecinos seguían en alerta, recelando de otros a quienes calificaban de “propietarios”, quienes intentarían tomar otro sector del terreno pero en beneficio propio.