Desde México, D. F.

El asesinato del alcalde izquierdista de Huimanguillo, Walter Ramírez, que recibió 54 disparos a quemarropa el miércoles pasado, cuando se encontraba en una finca de su propiedad, encendió las alertas en nueve de los 17 municipios del estado de Tabasco, azotado recientemente por enfrentamientos relacionados con el narcotráfico. Por este estado, fronterizo con Guatemala, tierra de los ex candidatos presidenciales Andrés Manuel López Obrador (PRD) y Carlos Madrazo (PRI), cruzan bandas de traficantes de armas, drogas y personas, corrompiéndolo todo. El ex director de la policía municipal, Anicacio Pérez, se encuentra prófugo desde hace más de un año, luego de participar en la ejecución de seis personas, en hechos relacionados con el incremento del tráfico de droga a pequeña escala.

En lo que va del sexenio de Vicente Fox, unas 8 mil personas han sido ejecutadas por todo el país en hechos relacionados fundamentalmente con el narcotráfico, reconoció ayer el procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca. La violencia desatada por el crimen organizado en México no ha respetado sexo, edad ni condición social de nadie. Hombres, mujeres y niños han caído en crímenes que resaltan por el incremento de la saña con los que son cometidos, incluyendo decapitaciones. Prácticamente ningún estado del país ha quedado exento de la lucha por el control de zonas estratégicas para los cárteles nacionales e internacionales de la droga y los reportes de ajustes de cuentas son cotidianos.

La ejecución en Huimanguillo no fue un hecho aislado. Al día siguiente fueron ejecutadas 13 personas en Chihuahua, Durango, Nuevo León, Zacatecas, Sinaloa, Jalisco, Guerrero y el Estado de México. Tal violencia se ha vuelto cotidiana por todo el país. La Policía Federal Preventiva ha sufrido 12 bajas en los últimos dos años. El jueves fue asesinado de un tiro en la nuca Adrián Rodríguez, agente de la PFP adscripto al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El procurador Cabeza de Vaca reconoció esta semana que los sistemas de inteligencia han fallado. El funcionario viajó a Michoacán, donde el martes asesinaron de 600 tiros a cinco policías y a un agente del Ministerio Público estatales, y admitió que no han podido evitar una ola de homicidios en todo el territorio nacional. Estos crímenes se suman a la lista de 30 jefes policíacos michoacanos asesinados en lo que va del año, además de otras 482 personas ejecutadas, aunque las autoridades locales sólo vinculan 350 casos con el crimen organizado.

Como para no desmentir al procurador Cabeza de Vaca, horas después de sus declaraciones a la prensa, en el noroeste del país, un comando de medio centenar de personas atacó tres poblados en el municipio de Macorito. Destruyó 20 casas y 22 vehículos mientras buscaban a un sicario a quien responsabilizan por la ejecución de un miembro del cártel de Sinaloa. Como los pobladores no supieron su paradero, arrasaron con las comunidades.

Aun así, el procurador declaró que existen “avances” en el combate al crimen organizado en México y que este problema no se le dejará en herencia a la próxima administración de Felipe Calderón, que tomará posesión como presidente de la República el 1o de diciembre. Parece difícil que así sea.