Aun antes de su detención y juzgamiento, el chofer del represor Miguel Etchecolatz, Hugo Guallama, aseguró que “nos vamos a reagrupar y vamos a pasar al frente”. Al menos un aspecto de aquella advertencia se volvió cierto, ya que el ex comisario y su antiguo subordinado comparten las veinticuatro horas del día en la cárcel de Marcos Paz. Más aún, conviven con otros cincuenta protagonistas del terrorismo de Estado. Esta confluencia de ex policías y militares es motivo de preocupación en distintos ámbitos desde que empezaron a correr los días sin que el testigo Jorge Julio López apareciera con vida. El ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian le sugirió al Ministerio de Justicia de la Nación que hiciera algo para separar a estos presos. Fue a raíz del reclamo que habían hecho varios organismos de derechos humanos. El fiscal federal Sergio Franco le pidió lo mismo al juez Arnaldo Corazza, quien investiga la desaparición de López. Y el magistrado asumió la inquietud como propia en una reunión con testigos, abogados y organizaciones sociales.

En el penal de Marcos Paz hay tres pabellones asignados a ex miembros de las fuerzas de seguridad acusados de violaciones a los derechos humanos o de otros delitos. Además del ex jefe de Investigaciones de la bonaerense y su chofer, allí están otros de sus ex colaboradores, como Carlos “Oso” García, Norberto Cozzani y diez penitenciarios del centro clandestino que funcionó en la Unidad 9 de La Plata. También comparten techo con el torturador Julio Simón, el “Turco Julián”, con el ex jerarca del Batallón 601 de Inteligencia Pascual Guerrieri y con varios detenidos en la megacausa del Primer Cuerpo de Ejército.

En el Ministerio de Justicia, del que depende el Servicio Penitenciario Federal (SPF), dijeron a Página/12 que no hay unidades disponibles y apropiadas donde se pueda derivar a los represores. “No pueden estar en contacto con presos comunes, porque sería poner en peligro su integridad física. Requieren un lugar especial y esto restringe las opciones”, explicó un vocero. Como todo detenido, pueden ser visitados por sus parientes cercanos y tienen permiso para recibir a otras cuatro personas ajenas a su núcleo familiar.

Según pudo saber este diario, Etchecolatz tiene en su lista de invitados a Karina Mujica, una ex novia del degradado marino Alfredo Astiz que presidió la agrupación pro dictadura Memoria Completa hasta que una cámara oculta la mostró vendiendo sus servicios sexuales. El ex policía Cozzani recibió días atrás a un periodista de un portal de Internet llamado “La Historia Paralela”, que publicó una entrevista de lo más elogiosa donde cuenta que Guallama le cebaba mate durante la conversación.

Arslanian le planteó la separación de los represores que comparten prisión al titular de Justicia, Alberto Iribarne, pocos días después de la desaparición del testigo del juicio a Etchecolatz. Lo hizo como parte de las medidas preventivas que se adoptaron en el contexto de la búsqueda y de las iniciativas para proteger a los testigos de todos los juicios por violaciones a los derechos humanos, según precisaron cerca del funcionario bonaerense. También fue producto de la presión de las organizaciones de derechos humanos. Iribarne nunca dio una respuesta formal. Pero informó que a partir del caso López había impuesto algunas restricciones: los represores no pueden circular fuera de sus pabellones, sus espacios de uso común, y sólo pueden utilizar el teléfono público.

El fiscal federal Franco, por su lado, también reclamó aislar a los presos por violaciones a los derechos humanos después que supo que Guallama amenazaba con reorganizar la patota bonaerense. Lo mismo hizo la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. El miércoles, el juez Corazza les transmitió a un grupo de testigos y organismos de derechos humanos las limitaciones señaladas por el ministro Iribarne. Dejó en claro, según relataron algunos de los presentes, que estaba preocupado por los posibles conciliábulos que pudieran producirse en el penal.

El magistrado, siempre según el relato de quienes lo escucharon, subrayó con alarma el hecho de que los represores estén “todos juntos en el mismo lugar”. “Guardan jerarquías, se comunican entre ellos y tienen gente afuera”, cuentan que describió, y abrió signos de pregunta sobre su capacidad operativa. También dicen que puso como ejemplo del clima reinante que en uno de los últimos escritos que llegó de parte de uno de los detenidos en Marcos Paz estaba firmado como “prisionero de guerra”, tal como se definió Etchecolatz durante su alegato. Sin mencionar de quién se trataba, dio a entender que no lo había redactado el reo.

Corazza también investiga las amenazas a testigos. En la reunión estuvieron Nilda Eloy, Adriana Calvo, de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, los abogados de la querella en el juicio a Etchecolatz, Vilma Ripoll, Luis Zamora y representantes de HIJOS, Liberpueblo, Ceprodh. Cincuenta organismos le pedirán a Corazza que exija la separación de los represores. “Es evidente que allí dentro tienen todo el tiempo del mundo para planear lo que sea”, dijo Myriam Bregman, una de las abogadas de López durante el juicio a Etchecolatz. “Hay penales federales en todo el país, no pueden decir que no hay lugar. ¿Por qué no los mandan, por ejemplo, al Chaco, como hacen con otros presos comunes? ¿Por qué para ellos hay privilegio?” enfatizó.

La presentación judicial dirá, explicó Bregman, que “hasta tanto no se esclarezca el secuestro de Jorge Julio López, vemos con una preocupación que continúen una gran cantidad de represores conviviendo. Las circunstancias políticas y jurídicas en las que desaparece Jorge Julio López ameritan se instruya en forma urgente al Ministerio de Justicia de la Nación y por su intermedio al SPF para que proceda a separar en distintos penales e incomunicar entre sí a los detenidos mencionados”. También pedirán informes sobre quiénes van a ver a Etchecolatz al penal y qué posibilidades tiene “de comunicarse con el exterior”.

Parte de la investigación de López está enfocada en los represores encarcelados, quiénes los van a ver, sus familiares, sus vínculos y sus llamadas. Contra los rumores de que cuentan con un régimen demasiado flexible de visitas, en Justicia aseguran que está todo “muy monitoreado”. Y hay una cuestión paradójica si se tiene en cuenta que muchos represores desembarcaron en Marcos Paz, que es una cárcel común, tras el reclamo de agrupaciones de derechos humanos y hasta de la ministra de Defensa, Nilda Garré, para que no estuvieran alojados en bases militares, como presos Vip. La decisión de dónde termina preso cada uno, se defienden en la cartera de Iribarne, es de los jueces, aunque admiten que el SPF puede disponer las mudanzas que le parezcan.