Domingo, 19 de noviembre de 2006 | Hoy
UNIVERSIDAD › REPORTAJE A JAIME SORIN, DECANO DE FADU Y CANDIDATO
Candidato a vicerrector en la fórmula de consenso, critica duramente el activismo de la FUBA: “Actúan como si estuvieran enfrentando a una dictadura”. Su pronóstico es que si se sigue con la táctica de interrupciones, la universidad no podrá abrir, ni siquiera pagar los salarios.
Por Javier Lorca
El decano de Arquitectura, Jaime Sorín, es candidato a vicerrector por la fórmula de consenso acordada entre la mayoría de las autoridades de la Universidad de Buenos Aires, integrada junto al también peronista Rubén Hallú. En esta entrevista con Página/12 analiza la prolongada crisis que sufre la casa de estudios, las salidas posibles y la postura de la izquierda estudiantil. Y advierte: “Con la situación actual, la UBA prácticamente no puede abrir en marzo”.
–Como está planteado el conflicto, parece que las soluciones sólo pueden venir de afuera de la universidad: los decanos están apelando a la Justicia y esperando que se autorice al Congreso como sede para la asamblea. ¿Implica reconocer que la UBA ya no puede encontrar una salida?
–Entre los decanos hicimos un gran esfuerzo y logramos una propuesta de consenso bastante compleja, cada uno tuvo que ceder. Si bien es una postura mayoritaria, hay grupos de la universidad que están actuando prácticamente a favor de la universidad privada, al igual que algunos medios de comunicación. Hay una ofensiva desde afuera y desde adentro para la destrucción de la UBA. Entonces es muy difícil encontrar una solución puramente interna. Dejando a salvo la autonomía, por lo cual no apelamos al Poder Ejecutivo, estamos tratando de que los poderes Legislativo y Judicial nos ayuden a resolver la situación. Lamentablemente, la Justicia ha mirado para otro lado, pero vamos a insistir con otra presentación. También vamos a insistir con la solicitud que se hizo en el Congreso y en otros sectores para ver si conseguimos un lugar seguro para la asamblea.
–Para preservar la autonomía recurren al Legislativo, pero políticamente está claro que la decisión de intervenir o no la va a tomar el Gobierno.
–La UBA es un ente público, por lo tanto los poderes públicos tienen que compartir la responsabilidad de que la universidad se pueda normalizar. Ese es el interés de toda la sociedad. Lo cual no significa que intervengan políticamente. Simplemente estamos pidiendo que colaboren para que la solución propuesta por la mayoría en la UBA tenga un reflejo en el Poder Legislativo, que es el espacio que representa a todo el pueblo.
–Sin el Congreso ¿queda alguna alternativa para convocar a la asamblea?
–Estamos analizando varias opciones, aunque ésta nos parece la más atinada. También se podría hacer en sede judicial. Vamos a tratar de normalizar la UBA del mejor modo posible. Con la situación actual, la UBA prácticamente no puede abrir en marzo. Hay problemas presupuestarios muy serios. Para pagar los sueldos de diciembre y el aguinaldo hace falta que se reúna el Consejo Superior y apruebe una ampliación del presupuesto. Si no, no se pueden imputar esos pagos, sería ilegal. Y va a pasar lo mismo con el sueldo de enero. Por eso estamos tratando de que la comunidad universitaria en su conjunto tome conciencia de la situación. Si no sesiona el Consejo, no se pueden aprobar becas, estipendios para investigadores, compras de libros, concursos, contratos, hasta los posgrados gratuitos de Filosofía, que los estudiantes piden pero no dejan que aprobemos.
–¿El acuerdo de los decanos depende de que la asamblea se haga este año?
–Creo que es un acuerdo de fondo y es perdurable, no tiene por qué no mantenerse hasta el momento en que se haga la asamblea.
–¿Su presencia en la fórmula qué representa, qué intenta garantizar?
–Para llegar a la fórmula de consenso pensamos que debían tener representación los dos grandes grupos en que estábamos divididos. Lo que se buscó garantizar es algunos puntos relacionados con la modificación del estatuto, la democracia universitaria, el reclamo por el presupuesto, una política de extensión, una discusión profunda de la política académica, los posgrados, la investigación... Que esté yo o cualquiera de los otros tres decanos (Sociales, Exactas o Filosofía), la idea era representar un compromiso en ese sentido.
–Los opositores consideran al acuerdo un reparto de espacios de poder.
–Es una chicana. Como la FUBA no puede decir que está en contra de nuestro programa, porque incorpora muchos de los puntos que venían pidiendo, inventan que se trata de un “Pacto de Olivos”. El problema de la FUBA es que no tiene reflexión acerca de la situación nacional y de los grandes cambios que hubo, ya pasó Menem, pasó el 2001, pero muchos de ellos no se dieron cuenta de que estamos en democracia y los métodos que utilizan, la forma de pensar que tienen, es como si estuvieran luchando contra una dictadura. La FUBA debería analizar si nuestro programa la representa... Hace tres meses que funciona una comisión de reforma del estatuto y nunca fueron. Tampoco van a las demás comisiones. Tienen una típica política de declaracionismo, producto de un retroceso muy grande de esos sectores en el plano nacional, se han quedado sin banderas y toman a la UBA como una trinchera. Un ejemplo es el tema de la Coneau (el órgano oficial de evaluación universitaria, que es rechazado por la FUBA). No estamos de acuerdo con la composición de la Coneau, tampoco el Ministerio de Educación lo está, creemos que debería tener una mayor representación de las universidades públicas en lugar de las privadas y del poder político. Ya hay un compromiso de discutir el año que viene una modificación de la Ley de Educación Superior, que incluye a la Coneau, entonces participemos de la discusión y peleemos para que esa reforma vaya en el sentido de la educación pública.
–Más allá de las metodologías de la FUBA, el punto que impide un acercamiento con los decanos es la exigencia estudiantil de primero reformar los estatutos y recién después elegir rector. ¿Por qué ustedes defienden el proceso inverso?
–Los actuales decanos y todas las autoridades y representantes de la UBA fueron elegidos con el estatuto vigente. Es democráticamente restringido, pero es lo que hay. Si todos fuimos elegidos con este sistema, debemos terminar de conformar primero los órganos de gobierno y después discutir todo. No se puede aceptar que un sector imponga otras condiciones, sin discutirlas, con métodos de interrupción permanente. Estos estudiantes también se presentaron a las elecciones de claustro y fueron elegidos del mismo modo que nosotros. En las elecciones de centros de estudiantes cada vez vota menos gente, y no es casual, hay una intención de que no se discuta para mantener la movilización de los militantes sin incorporar al conjunto de los estudiantes. Hoy la UBA necesita la movilización de todos sus alumnos, docentes y graduados en defensa de la universidad pública.
–De hecho, uno de los principales factores que permite la aparición y la permanencia de la crisis en la UBA es la escasa participación social, una responsabilidad compartida por los actores de la universidad.
–Sí, a lo mejor la comunidad académica se da cuenta de la gravedad de la situación cuando no se puedan pagar los sueldos.
–La federación estudiantil propone realizar un plebiscito sobre la reforma del estatuto.
–No me parece mal. Podría ser un plebiscito obligatorio para los estudiantes y los docentes, donde todos puedan opinar sobre si hay que elegir rector e institucionalizar a la universidad, si debe funcionar la asamblea y si hay que reformar o no los estatutos.
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