Desde Sucre

La población boliviana no aguanta más y lo ha demostrado con seis años de inestabilidad política que comenzaron con una guerra por el agua, provocada por el alza de precios de un servicio público que fue confundido con un bien de lucro y que acabaron con un presidente indígena en un palacio con arquitectura colonial, tan consciente de que no tenía tiempo para perder que anunció la instalación de la Asamblea Constituyente un día antes de sentarse en la silla presidencial.

Es que las cifras son alarmantes. “Si seguimos creciendo a este ritmo, en 20 años conseguiremos ser Paraguay, ¡imagínese eso!”, imploraba el ministro de Obras Públicas, Salvador Ric, el día de su renuncia. Sin querer desatar un escándalo diplomático, el empresario se refería a que con un 4,6 por ciento de crecimiento anual, Bolivia sólo lograría alcanzar el nivel de desarrollo humano de Paraguay –el segundo país más atrasado de la región– en 20 años. En el año que estuvo en el gabinete de Evo Morales recibió la noticia de que Bolivia había alcanzado un nuevo record negativo: superó a Brasil como el país más desigual del continente. Hay más cifras alarmantes para poner sobre el tapete de los asambleístas: el país perdió todos los trenes del desarrollo en las últimas cinco décadas y los ingresos per cápita de sus habitantes en el año 2000 se habían reducido en un 1 por ciento en comparación a 1950 (el de los argentinos creció un 77% en el mismo período y el de los brasileños 338%), o que si no hay golpe fuerte de timón nos llevará 177 años para salir de la pobreza.

El economista Guido Chávez explica el pésimo desempeño económico del Estado boliviano en su matriz productiva, que depende en un 65% de las exportaciones de materias primas. Con los nuevos contratos de exportación de gas y la recuperación de la minería, esta tendencia irá en alza. “Bolivia tiene la oportunidad de ser Nigeria o de ser Finlandia”, dice Chávez, y explica que ambos países tienen abundancia de recursos naturales, pero que mientras los africanos están sumidos en la pobreza y conflictos armados, los nórdicos lograron convertirse en un país dotado de la última tecnología y sin problemas sociales. Queda claro que, hoy por hoy, Bolivia está más cerca de Nigeria que de Finlandia.

Cuando se les trasladan los datos y el desafío a los asambleístas, lo primero que salta es la frialdad del análisis de uno de sus vicepresidentes. Jorge Lazarte, politólogo y representante de Unidad Nacional, asegura que el problema de Bolivia no está su Constitución ni en sus instituciones sino en los hombres que han tenido en sus manos las decisiones del país desde su fundación. “Han gobernado pensando más en sí mismos que en hacer un país incluyente. Los ciudadanos también tenemos nuestra parte de culpa por elegirlos. Tenemos que ser conscientes de que la mejor Constitución del mundo no hará un milagro y, por sí sola, no acabará con la pobreza, las desigualdades y la corrupción. Estos no son malos atribuibles al sistema democrático, a las leyes ni a la Constitución actual sino a quienes tuvieron en sus manos decidir por los demás”, advierte Lazarte, y recuerda que de nada servirá hacer una buena carta magna si será violada al día siguiente. Es por eso que aboga por un cambio de todos los bolivianos y no sólo por una nueva clase política, sino por una nueva clase dirigente, con una visión integradora de país y una idea clara de qué futuro queremos.

Pero también es cierto que Lazarte tiene fama de apocalíptico y hay gente más optimista en el hemiciclo de Sucre. Uno de ellos es Roy Moroni, del opositor Camino al Cambio. En su opinión, la nueva Constitución rayará la cancha, pero serán las leyes derivadas de este cambio las que incidan sobre la vida de los ciudadanos. Como viene de Tarija, la provincia de la que sale casi el 80 por ciento del gas boliviano, confía que los fondos de los hidrocarburos darán una mejor calidad de vida a los habitantes de las regiones productoras, porque tendrán más recursos para distribuir entre sus ciudadanos.

Sin embargo, la tesis de Moroni no es concluyente. Así lo demuestra el estudio de Ernesto Pérez de Rada, que documenta cómo el gasto social se ha incrementado considerablemente en los 24 años de regímenes democráticos –que prácticamente coinciden con la aplicación de políticas neoliberales– sin que las desigualdades disminuyan.

El que sí se acerca a una respuesta de recetario de organismo internacional es Guillermo Richter, jefe de la bancada constituyente del otrora todopoderoso Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Asegura que hay que invertir en educación, pero un sistema educativo que transforme en productivo al boliviano. Habla de impulsar políticas educativas desde la Constitución para que los jóvenes accedan a bachilleratos técnicos tendiente a generar empresas que aprovechen los recursos naturales y los transformen. Esta no es una idea nueva en el MNR y en realidad son parte del segundo paquete de reformas del Consenso de Washington que se aplicaron en Bolivia a través de una reforma educativa que costó más de 500 millones de dólares y nunca funcionó porque tenía la oposición de los maestros.

Sin embargo, la respuesta de Richter coincide con el estudio de Pérez de Rada, que, citando a Hernani, asegura que la mejor forma de luchar contra la pobreza es la educación. Así por ejemplo, si todos los bolivianos asistieran cinco años a la escuela se reduciría en un 6 por ciento la pobreza y en un 9 por ciento la extrema pobreza. Si todos terminaran la primaria (ocho años), el impacto sería de 19 y 25 por ciento, respectivamente. Si el Estado garantizara que todos los ciudadanos terminaran el bachillerato, el impacto sobre la pobreza subiría a 30 y el 37 por ciento saldría de la extrema pobreza. En su estudio, el economista concluye que el impacto de la educación sobre la pobreza es mayor que la eliminación del desempleo (que es de 12 puntos en Bolivia).

Para el principal partido de oposición, Poder Democrático y Social, el Estado debe trabajar en dos frentes, ocupándose de lo urgente y de lo importante. Así lo aseguró el asambleísta Gamal Serham, que explicó que a la par de una mayor inversión en salud, educación y servicios básicos, también debe incentivar a que los ciudadanos tengan mayores ingresos. Es por ello que proponen una economía social de mercado, en la que el Estado se encargue de los asuntos estratégicos y deje que el mercado regule el resto. “Es un error tratar de aplicar un solo tipo de economía para todo el país. La realidad territorial del país indica que se necesitan modelos diferentes para oriente y occidente. Se necesita mayor participación del Estado en el Occidente y más mercado en el Oriente”, dice.

A ello le suma la necesidad de profundizar el proceso de descentralización a través de las autonomías, cambiando el actual sistema en el que el Estado central y los municipios se reparten las competencias en salud y educación, causando paradojas como que haya hospitales sin personal médico o maestros y alumnos sin escuelas para pasar clases.

Pero los que tienen la última palabra son los miembros del oficialista Movimiento Al Socialismo. Para la vicepresidenta de la bancada, Mirtha Jiménez, se debe acabar con las ambigüedades de la actual Constitución y marcarle los pasos a seguir a todos los gobernantes, declarando las prioridades del Estado. “A la salud y educación hay que sumarle una alimentación digna, porque muchos bolivianos no tienen nada para llevar a su mesa”, dice.

Según el vicepresidente, Alvaro García Linera, para eso es necesario convertir en industria el dinero del gas. Actualmente, la industria sólo contribuye con el 18 ciento producto Bruto Interno de Bolivia y la meta es que para 2012 esa cifra haya crecido hasta el 40 por ciento. Para lograrlo, el Gobierno plantea un modelo con cinco componentes: el Estado, inversión privada boliviana, inversión extranjera, microempresarios y economía comunitaria. “Hoy el Estado está controlando un 18 o 19 por ciento del PBI. Nuestro objetivo es que en 2007 el Estado controle el 25 por ciento del PBI. Tenemos muchos problemas y mientras no crezcamos al 10 por ciento anual nuestra gente se seguirá yendo del país”, reconoce García Linera.

Pero la política económica dependerá, una vez más, de los resultados políticos. La Asamblea Constituyente, además de intentar cambiar el país, también causará un quiebre constitucional y, como lo anunció Evo Morales el viernes pasado, habrá elecciones en junio de 2008. Allí no sólo estará en juego la reelección del indígena aymara y líder cocalero, sino el modelo que representa.