Antes de viajar a Guatemala, a la reunión anual del BID, Felisa Miceli se puso en contacto con sus pares de Brasil, Guido Mantega, y de Venezuela, Rodrigo Cabezas. Quería proponerles aprovechar ese evento, al que asisten funcionarios de toda América latina, para ubicar en primer plano el proyecto del Banco del Sur. Con Mantega dialogó el lunes, con Cabezas, un día después. Ambos estuvieron de acuerdo y desde hoy la promoción de la nueva entidad será una de las prioridades de la ministra. Esa muestra de voluntad política y el entusiasmo del Gobierno con la iniciativa encontraron, sin embargo, un obstáculo inesperado: la aparición de los holdouts. Son los fondos buitre que conservaron títulos de la deuda en default, quienes en las últimas semanas se pusieron activos para ver si pueden ir contra las reservas del Banco Central que deberían ser giradas para capitalizar el Banco del Sur.

La secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía, a cargo de Sergio Chodos, detectó los movimientos de los acreedores. Sus estudios jurídicos empezaron a averiguar cómo sería y a cuánto ascendería el aporte argentino al banco regional. Y a evaluar sus posibilidades legales de interceptar ese dinero, a fin de cobrarse los bonos impagos. Tantearon en la corte del juez Thomas Griesa, de Nueva York, quien lleva adelante las causas de los holdouts.

Los mismos fondos buitre ya lo habían intentado cuando Argentina anunció la cancelación anticipada de su deuda con el FMI, por 10.000 millones de dólares. Argumentaron que si el Estado nacional se apropiaba de las reservas del Banco Central para hacer el pago, el dinero entonces ya no estaría protegido por las normas internacionales que impiden embargar los fondos de los bancos centrales. Esa maniobra les dio bastante trabajo a los abogados del Estado y al estudio jurídico que el Gobierno tiene contratado en Nueva York. Finalmente, la Argentina pudo realizar la transferencia sin que los acreedores lograran apoderarse de un solo dólar. Los defensores oficiales consiguieron demostrar que los recursos estaban amparados por la legislación internacional.

Aquel final feliz podría no repetirse si Argentina intenta enviar una parte de las reservas del Central para conformar el Banco del Sur. Así lo admitieron a Página/12 fuentes de Economía, quienes indicaron que técnicos del Palacio de Hacienda estudian otras alternativas para fondear la futura entidad regional. El problema de utilizar las reservas sería que un juez podría considerar que los fondos perdieron la protección legal y echar mano de ellos para pagarles a los bonistas.

Néstor Kirchner y Hugo Chávez hablaron en su encuentro de fines de febrero en Puerto Ordaz, Venezuela, de destinar el 10 por ciento de las reservas de los bancos centrales para constituir el Banco del Sur. En este momento, la suma llegaría a algo más de 7000 millones de dólares, dado que Argentina posee 36.000 millones de dólares de reservas y el país bolivariano atesora otro tanto. Tras aquella reunión, Brasil decidió adherir al proyecto, con lo cual las arcas del Banco del Sur podrían llenarse mucho más: ese país dispone de más de 100.000 millones de dólares de reservas.

De todos modos, el mecanismo de capitalización de la entidad será analizado por una comisión técnica. Según el convenio que firmaron Kirchner y Chávez, el trabajo de esa comisión es esencial, pues tendrá que plantear desde los objetivos del banco –si el eje estará puesto en el financiamiento del sector privado, en los proyectos de infraestructura o si el banco actuará simplemente como una suerte de garante de préstamos que tomen las empresas con bancos comerciales–, hasta definir los estatutos y diseñar todo el funcionamiento operativo de la entidad. Los presidentes le asignaron 120 días a la comisión para realizar esas complejas tareas. Sin embargo, aquello ocurrió el 21 de febrero y a esta altura el cuerpo todavía no fue constituido. En Economía señalaron que los representantes argentinos serán designados a la vuelta de Miceli de Guatemala.

Una alternativa en estudio para la capitalización del banco es la utilización de los fondos que administran las AFJP. Los recursos, en ese caso, no serían del Estado argentino, sino de millones de particulares: los futuros jubilados. La reforma previsional que acaba de aprobar el Congreso ordena a las administradoras destinar el 30 por ciento de sus carteras a inversiones en la economía real. Esta posibilidad cuenta con un precedente de peso: el Banco Nacional de Desarrollo brasileño, el BNDS, utiliza fondos de pensión para capitalizarse, dinero que después represta a la industria para inversiones de largo plazo o utiliza para financiar operaciones de comercio exterior. La entidad concedió préstamos el año pasado por 24.000 millones de dólares.

“Hay distintas formas en que el Estado puede derivar recursos al Banco del Sur”, comentaron en Economía, e hicieron mención al fondo anticíclico que acumula el Gobierno con el excedente fiscal. Ese fondo ya tiene unos 6000 millones de pesos. La ingeniería financiera habrá que armarla, lo importante es la voluntad política para avanzar con el Banco del Sur, agregaron.

Además de Venezuela, que fue el primer y más firme promotor del proyecto, entre otros motivos porque Chávez lo ve como un camino para disputarle o al menos balancear el liderazgo regional de Brasil, otros países expresaron

su intención de sumarse a la iniciativa. Lo hicieron públicamente Ecuador y Bolivia, mientras que Uruguay lo transmitió por canales diplomáticos. El gobierno de Paraguay, en cambio, le hizo saber al canciller argentino, Jorge Taiana, que tiene dudas y prefiere esperar a ver cómo evoluciona la idea. Hasta el momento, lo que dijeron Kirchner y Chávez es que el banco financiará proyectos de infraestructura como el Gasoducto del Sur y a sectores estratégicos de la economía. El banco intenta consolidar el desarrollo y la integración regional, en una época de vacas gordas. Los buitres, entre tanto, observan con atención.